Clara Margarita Kuk
Expediente 1273/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1273/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Clara Margarita Kuk
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintitrés minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1273/2023-II, promovido por Clara Margarita Kuk, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, el cual obra agregado en los presentes autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las pruebas consistentes en la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda; y con las documentales remitidas por la autoridad responsable. Por tanto, la Jueza acuerda: Téngase por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaria, mismas que, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales correspondientes; cerrándose la etapa probatoria. Abierto el período de alegatos, la Secretaria procede a dar cuenta con las alegaciones vertidas por la parte quejosa. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formuladas las manifestaciones de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo. Hecho lo anterior, se declara cerrada la presente etapa. A continuación, no habiendo otro asunto pendiente por desahogar, se procede a dictar resolución que en derecho proceda. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1273/2023-II. ANTECEDENTES Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, Clara Margarita Kuk, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Local Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. La parte quejosa señaló como vulnerados, el derecho fundamental reconocido en los artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. Previa aclaración de la demanda, mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo de que se trata, se pidió a la autoridad responsable su informe de ley, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Primero. Competencia. Esta Juzgadora es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En razón de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama actos de una autoridad que reside en la jurisdicción que ejerce este órgano de control constitucional. Segundo. Fijación del acto reclamado. En principio, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo, y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señalaron como tales, acorde con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo y con la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , con el rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia reclama: -La denegación de justicia en virtud de la omisión de la responsable de fijar las medidas de apremio al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, y a la Institución Crediticia denominada "ENDERED MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro juicio laboral 1259/2019, del Datos de localización: Novena Época, Registro: 181810, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, Página: 255. índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, a efecto de que rindieran los informes solicitados y así estar en condiciones de dictar el laudo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado. Cuarto. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni se advierte alguna de forma oficiosa, que haga su estudio preferente conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, de modo que se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos. Quinto. Estudio de fondo. Expuesto lo anterior, debe considerarse substancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo de la Justicia de la Unión que solicita, el concepto de violación hecho valer por la parte solicitante del amparo en contra del acto reclamado, mismo que hizo consistir, sustancialmente, en que la omisión reclamada vulnera en su perjuicio la garantía de acceso efectivo a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Cabe destacar que la parte peticionaria de amparo reclama de la autoridad responsable, la denegación de justicia en virtud de la omisión de fijar las medidas de apremio al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, y a la Institución Crediticia denominada "ENDERED MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro juicio laboral 1259/2019, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, todo ello con el propósito de que el procedimiento esté en condiciones de que se dicte el laudo correspondiente. Conducta que resulta violatoria del derecho fundamental tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, es menester precisar que el derecho fundamental al acceso efectivo a la justicia de todo gobernado, consagrado en el referido numeral de la Constitución Federal, establece, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito con antelación, se advierte que tutela a favor de los gobernados, el acceso efectivo a la justicia; derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional en la que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas; y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador secundario establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Esto es así, pues el propio derecho fundamental establecido a favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los procedimientos ante ellas ventilados, dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas, lo que conlleva a entender que la obligación estatal que deriva de este derecho es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 1ª.LXX/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título siguiente: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA." En este orden de ideas, de las constancias que obran en autos, se advierte que por auto de trece de marzo del año en curso, la responsable ordenó acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, regularizó el procedimiento y ordenó enviar los oficios dirigidos a Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, y a la Institución Crediticia denominada "ENDERED MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que las mismas rindan los informes solicitados, ello, sin mediar apercibimiento alguno en caso de incumplimiento. Así, se advierte también que el trece de ese propio mes giro el oficio al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, mismo que fuera recibido por su destinatario el dieciséis de ese mismo mes; no obstante, se omitió remitir el de la diversa autoridad, siendo que por acuerdo de veintisiete de marzo del año en curso, se ordenó girar el exhorto, y derivado de lo anterior, el once de septiembre del presente año, giró el oficio 2211/2023, para solicitar información a "ENDERED MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable. Esto es, no obstante que desde el diez de marzo del año en curso, ordenó requerir a dichas autoridades sus informes a efecto de desahogar la última prueba pendiente en el procedimiento, si bien giró uno de tales oficios, el de la diversa institución bancaria fue remitido vía exhorto hasta el once de septiembre, esto es, seis meses después, además de que no medió apercibimiento alguno a efecto de garantizar su cumplimiento, tal como refiere la peticionaria de amparo. Por tanto, es evidente que tal proceder se traduce en una franca violación a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, obstaculizando con ello el debido cumplimiento de un mandato de una autoridad judicial, lo que implica la denegación de justicia de que se duele la parte peticionaria del amparo y, por ende, se estima violatoria del citado precepto constitucional, que prevé como derecho de todo individuo, el acudir a la jurisdicción del Estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, ante la prohibición constitucional de hacerlo por sí misma. Sexto. Efectos de la protección constitucional. En las relatadas condiciones, al resultar la conducta omisiva de la autoridad responsable, violatoria de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en perjuicio de la parte quejosa; lo procedente es conceder a Clara Margarita Kuk, el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, realice las gestiones conducentes, entre ellos hacer empleo de los medios de apremio que prevé la ley, para allegarse del informe faltante de la Institución Crediticia denominada "ENDERED MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable. En el entendido, que la autoridad deberá actuar con celeridad para cumplimentar esta determinación una vez que adquiera firmeza legal, pues como se ha referido en el cuerpo de esta resolución, el acto reclamado resulta violatorio de los derechos de la parte quejosa; por lo que retrasar el cumplimiento de esta sentencia, podría constituir un desacato a un mandamiento de autoridad judicial. Por lo expuesto y considerado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Clara Margarita Kuk, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; precisados en el considerando segundo de esta sentencia, y para los efectos precisados en el sexto subsecuente. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que estaban señaladas las diez horas con veintisiete minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional correspondiente, sin que se haya hecho pronunciamiento alguno debido a la declaratoria de días inhábiles por los motivos mencionados; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento a fin de señalar como fecha para que la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Mariela del Carmen Toledo Arjona, en su carácter de autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual en contestación a la vista otorgada el diecinueve de septiembre del año en curso, formula diversas manifestaciones en relación con los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las alegaciones de la ocursante, para ser tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días, concedido a las partes en auto de diecinueve de septiembre del año en curso, respecto de los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Por tanto, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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