Claudia Alejandra Castan Santiago
Expediente 420/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Claudia Alejandra Castan Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual acusa de recibo del oficio ********************e informa que el veintiséis de junio del año en curso, dicho Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado bajo el número ******************** de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que las partes del presente juicio fueron debidamente notificadas de los proveídos de dieciséis de mayo y veinticinco de mayo de la presente anualidad, respectivamente. En consecuencia, previa autorización de consulta del expediente electrónico, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en Turno, para la substanciación del recurso de revisión que hizo valer **** autorizado de la parte quejosa ****, en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés; en virtud de ello, se ordena remitir el original del escrito de agravios mediante oficio que se gire al respecto.
- Principal
POR ESTE MEDIO DE LISTA Y CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA CENTRO CEREMONIAL CRUZ PARLANTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE VEITICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Vista la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por el Director General del instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo y el Encargado de la Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social, ambos con sede en esta ciudad, por lo que este Juzgado procede a su calificación de oficio, para lo cual se tiene en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: A fin de determinar si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la cual, en lo que aquí interesa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************,********************,********************y ********************. II. Por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, la sentencia en comento causó ejecutoria, y se requirió al Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo y Director de Atención Indígena y Desarrollo Social del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumplieran con la sentencia de amparo. III. Mediante oficios ********************y ********************el Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo y Encargado de la Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social, ambos con sede en esta ciudad, respectivamente, informaron en qué términos dieron cumplimiento con la ejecutoria de amparo y para justificar ello remitió las siguientes documentales en copia certificada: Oficio ******************** de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Oficio ******************** de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Documentales a la que se otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". IV. Luego, por acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, computado legalmente, hiciera valer lo que a su derecho conviniera respecto de los términos en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que haya hecho uso de ese derecho. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte que, en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, se determinó que se transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho tutelado de legalidad inmerso en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el acto reclamado al no constar por escrito, careció de la debida fundamentación y motivación. Es así, dado que de la normativa que regula el acto reclamado se advierte que a los beneficiarios de los programas se les podrá suspender el derecho de recibir las prestaciones y apoyos mediante resolución administrativa o judicial, por lo que si no existió determinación por escrito, es que se violenta al derecho fundamental de legalidad al quejoso. Ahora, del análisis de las constancias remitidas por las responsables a fin de acatar la ejecutoria de amparo se advierte que el nueve de mayo de dos mil veintitrés, el Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo y Encargado de la Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social, ambos con sede en esta ciudad, emitieron un oficio dirigido a la parte quejosa en el que, de conformidad con los artículos 2, inciso a), fracción I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 fracción I, II y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como lo establecido por los artículos 4 fracción I, II, VII, IX; 42, 43, 44, 45, 47, 48 y 49 de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, y las demás disposiciones aplicables en la materia, establecieron que las decisiones de dicho Instituto, se emiten tomando en consideración las decisiones que se toman dentro de cada centro ceremonial en cuanto a su organización interna, respetando sus usos, costumbres y tradiciones, así como de acuerdo a las decisiones emitidas por sus autoridades tradicionales. Por consiguiente, comunicaron a la parte quejosa, que de acuerdo a su baja como dignatario maya emitida por oficio del centro ceremonial al que pertenecen y notificado ante ese instituto, dio como resultado su baja como dignatarios y a su vez, que dicho instituto procediera a la actualización del padrón de dignatarios mayas, lo que trajo como consecuencia su exclusión del padrón como dignatarios mayas acompañando la cancelación y omisión de los subsecuentes pagos por concepto de apoyo otorgado a cada dignatario maya. Asimismo, respecto al cumplimiento de la parte final de la concesión de la sentencia de amparo, esto es, notificar a la parte quejosa la nueva determinación que emita la autoridad responsable, informó que se le notificó a la parte quejosa el diez de mayo de este año, lo cual se corrobora con la leyenda y firma que obra en la parte lateral de los oficios de mérito, en los que se hizo constar su recepción. En ese contexto, se tiene por cumplida la sentencia de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de catorce de abril del año en curso, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno Electrónico correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De igual forma, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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