Claudette Yanel González Arellano
Expediente 519/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Claudette Yanel González Arellano
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la primera certificación secretarial con que se da cuenta y en mérito al estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintinueve de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
(CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de cuatro de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído veintinueve de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Claudette Yanell González Arellano, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención inmersa en proveído de quince de los corrientes (fojas 6 y 7), bajo protesta de decir verdad, aduce lo siguiente: ".que en fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se presentó el dictamen pericial respecto de la prueba documental consistente en la supuesta renuncia voluntaria exhibida por la demandada en el juicio natural, siendo desde de (sic) esa fecha que se cumplió con desahogar la última prueba pericial en el juicio natural, y la responsable dejó de actuar en el mismo, sin importar que con dicha actitud procesal me cause agravios irreparables, como hasta la presente fecha.". [Énfasis añadido]. Precisado lo anterior, debe decirse que del análisis del ocurso de demanda se desprende que la quejosa hizo consistir el acto reclamado en: "VI.- ACTOS RECLAMADOS: Del H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; La omisión de la Responsable de administrarme justicia pronta y expedita dentro del juicio natural DIT-230/2013, misma que se patentiza en la omisión a dictar el laudo respectivo dentro de los términos fijados por la ley laboral.". Esto es, en el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el juicio laboral DIT-230/2013. Empero, tomando en consideración lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la demanda de amparo debe contemplarse como un todo y si del análisis integral de la misma se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala un acto lesivo de derechos humanos resulta correcto que el juzgador lo tenga como acto reclamado, por tal motivo, del estudio íntegro de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que Claudette Yanell González Arellano reclama de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, residente en esta ciudad, lo siguiente: La dilación procesal consistente en la omisión de cerrar la etapa de instrucción en el juicio laboral de origen DIT-230/2013. Sentado lo anterior, se estima oportuno atender lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Previo a determinar la causal de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se hará interpretando la demanda de amparo en su integridad, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De la interpretación armónica y sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, sólo cuando su ejecución produzca una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues de no ser así, únicamente procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, momento en la cual se podrán combatir las violaciones procesales cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Ahora bien, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho fundamental de audiencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación para los efectos de la procedencia del amparo indirecto, son aquéllos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución, sin que queden comprendidos en este concepto los derechos procesales o adjetivos, cuyos efectos quedan destruidos al obtener un fallo favorable que resuelva el procedimiento de que se trate, tal y como se observa en las jurisprudencias que a continuación se señalan y que al respecto indican: Tesis de Jurisprudencia número P/J.24/92, publicada en la octava época, Instancia, Pleno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 56, Agosto de 1992, página, 11, la cual dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Jurisprudencia número VI.1o.A. J/10 (10a.), publicada en la página 1570, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Décima Época, Materia Común, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal.". Así como la diversa 244, publicada en la octava época, del Pleno, Apéndice de 1995, tomo: Tomo VI, Parte SCJN, página, 164, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Del texto anterior, se observa que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados en un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestra Constitución a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden en un procedimiento legal en la que se determinó que la acción no prosperó en virtud de que no se acreditaron determinados elementos con las pruebas que se omitieron exhibir; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número I.1o.A.E. J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en Toda la República, Publicado el viernes uno de abril de dos mil dieciséis a las diez horas con un minuto, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de título y texto siguiente: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión.". El criterio inserto, sostiene que para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto, cuando se trata de actos o violación intraprocesales, es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, es decir, que lo relevante para la procedencia de la acción constitucional, son los efectos y agravios que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas. Bajo ese tenor, se actualiza dicha causa de inejercitabilidad constitucional, porque de la lectura del acto impugnado, se constata que lo que alega la quejosa es la omisión por parte de la autoridad responsable de pronunciarse respecto del cierre de la etapa de instrucción en el juicio laboral DIT-230/2013; empero, debe decirse que, conforme a la redacción de la norma protectora vigente, para la procedencia de la acción constitucional, cuando el acto que se reclama consista en una violación procesal, debe tener un impacto directo en los derechos sustantivos del justiciable, no bastando para ello, una violación de grado predominante o superior, sino prevalece como requisito la afectación material de derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esta naturaleza, aun cuando pueda considerarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la nueva Ley de Amparo, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Del tema, trata la jurisprudencia de número VI.1o.A. J/10 (10a.), sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, de título y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal.". Luego, como ya se dijo, en la determinación reclamada la autoridad responsable no se ha pronunciado respecto del cierre de instrucción en el juicio natural; sin embargo, debe decirse que el acto reclamado no tiene como efectos materiales, una afectación inmediata y directa a los derechos sustantivos de la quejosa amparados en la Carta Magna y Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, sino se trata únicamente de cuestiones procesales que aún encuentran reparabilidad al momento de resolver el procedimiento administrativo. Se insiste, para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así las cosas, se colige que el acto que se reclama por la parte quejosa no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos contenidos en los derechos fundamentales que en su favor tutela la Constitución General de la República, toda vez que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. No existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Bajo esa misma tendencia, el Tribunal Pleno se pronunció en la siguiente tesis: "Octava Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 56, agosto de 1992. Tesis: P./J. 24/92. Página: 11. "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen -ejecución irreparable- los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". En las consideraciones de dicho fallo, se expuso que el concepto de irreparabilidad quedaba definido de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que un acto dentro del juicio es de 'ejecución irreparable' cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, como el caso que nos ocupa; de ahí que, por regla general, cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo, ya que de ser favorable al gobernado agraviado, podría tener como efecto la restitución de los derechos violados; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, 171, 172 fracción III, de la Ley de Amparo. En efecto, la circunstancia de que la autoridad, al momento de presentación de la demanda de amparo [catorce de junio de dos mil dieciséis] no haya cerrado la etapa de instrucción el juicio laboral DIT-230/2013, no constituye un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, pues sólo establece una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales, que puede reclamar al dictar la sentencia definitiva mediante el medio de impugnación correspondiente. Por ende, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con el acto reclamado, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracción XII, en relación con la fracción III, aplicado a contrario sentido, de la ley de la materia, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la resolución que ponga fin al procedimiento resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el recurso ordinario que la ley aplicable al caso prevea o, bien, mediante el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra el fallo definitivo. Se trae a colación el criterio número II.1o.4 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2921, Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.)]. El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación.". Se suma a ello lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que cuando un particular alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, porque no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de este; en el caso, el acto reclamado que pretende de inconstitucional la quejosa, es la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, de cerrar la etapa de instrucción en el juicio laboral de origen DIT-230/2013. Bajo esa misma tendencia, el Tribunal Pleno se pronunció en la siguiente jurisprudencia: "Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2011580, publicación: Viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h, instancia: Segunda Sala, materia(s): (Constitucional, Común) tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.), que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". En esas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
(CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte promovente no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veinte de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de quince de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta se tiene a Claudette Yanell González Arellano, por su propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 519/2016. Consideraciones previas. A efecto de acordar lo que proceda sobre la prevención, admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario precisar que la parte promovente señaló como acto reclamado el siguiente: "VI.- ACTOS RECLAMADOS: Del H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; La omisión de la Responsable de administrarme justicia pronta y expedita dentro del juicio natural DIT-230/2013, misma que se patentiza en la omisión a dictar el laudo respectivo dentro de los términos fijados por la ley laboral.". De la transcripción que antecede se advierte la quejosa reclama de la autoridad responsable: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral DIT-230/2013. Ahora, toda vez que de las propias manifestaciones de la quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte que, sin quedar prueba alguna por desahogar, la autoridad responsable no ha cerrado la etapa de instrucción en el juicio laboral de origen DIT-230/2013. Sin embargo del contenido íntegro de la demanda de amparo no se advierte la fecha en la que el tribunal responsable haya declarado concluido el período probatorio y cerrado la instrucción, a efecto de turnar los autos al Secretario Dictaminador Proyectista para que, en el término de ley, formule el proyecto de laudo. Por ende, dado que este órgano jurisdiccional desconoce la fecha en que la autoridad responsable estuvo en aptitud de declarar concluido el período probatorio y cerrar la instrucción en el multi citado juicio laboral, resulta procedente formular la prevención siguiente: Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, realice lo siguiente: ÚNICO. En vía de ampliación de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, señale la fecha exacta en que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en el juicio laboral DIT-230/2013, en términos del artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, estuvo en aptitud de declarar concluido el período probatorio y cerrar la instrucción en el citado asunto. Apercibimientos. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a la prevención impuesta en el plazo y condiciones indicadas, se tendrá por no presentada la demanda que se atiende, ello de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del ordenamiento en cita. Además, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o, bien, por conducto de su representante legal, y no por medio de sus autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J.05/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Ángel Sandoval Vázquez, Diego Baltazar Toledo Hoil y Carlos Raúl Cen Blanco. Habilitación de horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo de tres días hábiles a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Se autoriza a los Secretarios de este órgano jurisdiccional para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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