Claudia Acosta Arrostieta
Expediente 1262/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Claudia Acosta Arrostieta
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. ACUSA RECIBO. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 17657 y anexos que al mismo se acompañaron; asimismo, téngasele informando que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Claudia Acosta Orrostieta, en contra del auto de catorce de noviembre del año en curso; asimismo, que ese órgano pluripersonal admitió a trámite el aludido recurso, quedando registrado con el número 240/2019. De lo anterior este tribunal toma conocimiento, en espera de la resolución que se dicte en torno al recurso de que se trata. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.Daa
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. SE TIENE POR INTERPUESTA QUEJA Agréguese a los presentes autos copia del escrito mediante el cual la parte quejosa, interpone recurso de queja en contra del proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en los artículo 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto el recurso y por tanto, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en el proveído de referencia, se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente. SE ORDENA RENDIR INFORME Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios y la copia respectiva, remítase copia certificada del presente cuadernillo, lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en el desechamiento de la demanda, por lo que no existen partes en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de demanda de cuenta, promovida por Claudia Acosta Orrostieta, por propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, es preciso destacar que los artículos 61, fracción XX, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio; también se obtiene que, por regla general, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, con el propósito de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Sentado lo anterior, resulta indispensable precisar que, de la lectura íntegra de la demanda que dio génesis al expediente en que se actúa se obtiene que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La reducción de la pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la aquí quejosa, con motivo de la aplicación retroactiva de la Unidad y Medida de Actualización, como factor determinante para su cálculo y determinación. Con base en lo expuesto hasta el momento, quien esto provee considera que el presente juicio resulta improcedente, debido a que, en la especie, el peticionario del amparo omitió agotar el principio de definitividad imbíbito en la porción normativa transcrita en primer término (artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo). Para evidenciar lo anterior, se hace necesario tener en cuenta que el artículo 3º, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es del tenor literal siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [.]" Del precepto legal reproducido supralíneas se obtiene que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, será competente para conocer de los juicio en los que se impugnen las determinaciones que se dicten en materia de pensiones civiles, siempre que se trate de aquellas se encuentren a cargo del erario o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Luego, si ya quedó precisado que, en el caso, la queja estriba en la determinación de adoptar retroactivamente la Unidad y Medida de Actualización, como factor determinante para el cálculo de la pensión otorgada a la quejosa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; válidamente puede afirmarse que, antes de promover la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, era necesario que la pensionada, aquí quejosa, promoviera el juicio de contencioso administrativo federal respecto de la determinación que aquí pretende combatir. ... Ahora, no pasa inadvertido para este juzgador federal, que la parte quejosa señaló que el juicio es procedente, sin que sea necesario observar el principio de definitividad toda vez que reclama la aplicación retroactiva de Unidad y Medida de Actualización a la pensión otorgada al trabajador, ahora amparista, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, que dicha circunstancia podría considerarse como un aspecto de inconstitucionalidad, lo cual a su vez, actualizaría una excepción al principio de definitividad; sin embargo, al resolver la contradicción de tesis 502/2012, la Segunda Sala del Alto Tribunal del Estado, determinó toralmente que todo lo concerniente a la aplicación retroactiva de una norma entendida como: ".la aplicación concreta que realiza una autoridad de la hipótesis normativa, a través de un acto materialmente administrativo o jurisdiccional .", constituye un tema de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que al no actualizarse la excepción mencionada a la definitividad, debe estimarse que tal planteamiento debe examinarse en el juicio contencioso administrativo federal. Tales razonamientos se encuentran contenidos en la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2003874 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 78/2013 (10a.) Página: 988 PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 502/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de abril de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Tesis de jurisprudencia 78/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de abril de dos mil trece. Nota: Por ejecutoria del 7 de enero de 2014, el Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 283/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. __________________________ Nota: (*) Criterio que se contiene en la tesis 2a./J. 87/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página 415, con el rubro: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA." Por ello, debe desecharse de plano la demanda de que se trata desde este momento, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis con datos de identificación del tenor que se reproduce a continuación: "Tesis: VI.3o.C. J/62 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 175964 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Febrero de 2006 Página 1665 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. Queja 3/93. Moreno y Asociados, S.A. 11 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. Amparo en revisión (improcedencia) 21/2004. Llantera Contreras, S.A. de C.V. 6 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: José Luis Alberto Ramos Ponce. Amparo en revisión (improcedencia) 446/2004. Marco Antonio García Pumarino. 20 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: María de los Ángeles López Rojas. Amparo en revisión (improcedencia) 168/2005. Sabina Rivera Colula y otra. 9 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: María de los Ángeles López Rojas. Amparo en revisión (improcedencia) 411/2005. Cobranza Internacional de Carteras, S.A. de C.V. 12 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: José Luis Alberto Ramos Ponce". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por su notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Claudia Acosta Orrostieta, contra actos de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Cabe señalar que la presente determinación es notoria porque no se requiere un mayor estudio del fondo del asunto ni constancias que pudiera aportar la autoridad responsable, debido a que las jurisprudencias invocadas patentizan la improcedencia del juicio de amparo. Además, se considera pertinente desechar de plano la demanda, porque incluso de admitirse no podría arribarse a una conclusión distinta; aunado al hecho de que podría ocasionarse un mayor perjuicio a la quejosa tramitarse un juicio que resultara improcedente; habida cuenta que el tiempo que tome la integración del asunto transcurriría en su perjuicio respecto del plazo que tiene para la promoción del juicio contencioso administrativo. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tiene a la quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Sabas Román González, con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, mientras que a las personas restantes que refiere, únicamente para que se impongan de los autos, sin las amplias facultades, por no habérselas conferido expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de practicar las notificaciones personales que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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