Ciro Ramírez Cruz

Expediente 856/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
856/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Ciro Ramírez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó la parte quejosa a través de su escrito cuenta. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a CIRO RAMÍREZ CRUZ, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Así, en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Previa información rendida sobre los trámites realizados, por oficio presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, el Presidente de la Junta responsable, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "Si al momento de que causa ejecutoria la presente resolución la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no ha emitido el laudo correspondiente, entonces, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata proceda al dictado del laudo en el juicio laboral 761/2018 de su índice." La Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se dictó el laudo en el juicio laboral número 761/2018. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa Por otra parte, en torno al escrito presentado por Esaul Orozco Torres, apoderado del quejoso Ciro Ramírez Cruz, donde medularmente solicita que este juzgado requiera a la junta responsable, para que deje sin efecto el laudo dictado, pues aduce que el mismo no cumple con los requisitos legales y que el trabajador actor no puede renunciar a sus derechos que tiene para el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada. Al respecto, es conveniente señalar a la parte promovente que no es factible requerir a la responsable para ese efecto, toda vez que se estaría imponiendo un lineamiento o cuestión que no fue materia de la concesión del amparo dictada en el presente asunto, la cual, se delimitó únicamente a que se emitiera (dictara) el laudo en el juicio laboral de origen; motivo por el cual, no procede requerir a la responsable para que cumpla con diversos aspectos que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues se estaría causando un exceso con los efectos y alcances de la sentencia protectora, inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Máxime que de haber existido alguna inconformidad de la parte quejosa en relación a los efectos y alcances del amparo concedido, tuvo a su disposición los medios legales para impugnar esa determinación y como no lo hizo, causó ejecutoria y se requirió a las responsables para que cumplieran con la misma, única y exclusivamente en los términos en que fue dictado el fallo protector. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número CV/2013 (10ª), del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN EL QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª.J.45/2007)" A mayor abundamiento, cabe señalar que al haberse dado un sólo lineamiento específico (dictado de laudo) que debía observar la responsable y al haber quedado intocada su libertad de jurisdicción, no es posible analizar vía cumplimiento de la ejecutoria, la motivación y fundamentación que invocó en el laudo para arribar a cada una de las determinaciones que tomó y el propio sentido de ese fallo, se estaría inobservando el contenido del artículo 196 de la Ley de Amparo, pues proceder de esa forma, conlleva a que se analice la legalidad de esa determinación, lo cual no fue materia de escrutinio constitucional en el presente asunto, pues ese estudio no forma parte del núcleo esencial de la violación por la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal; de ahí que, la parte quejosa tenga expedito su derecho para combatir por el medio legal procedente el laudo emitido en el controvertido natural. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 168905 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 115/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 222 Tipo: Jurisprudencia "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó la parte quejosa a través de su escrito cuenta. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a CIRO RAMÍREZ CRUZ, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Así, en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Previa información rendida sobre los trámites realizados, por oficio presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, el Presidente de la Junta responsable, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "Si al momento de que causa ejecutoria la presente resolución la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no ha emitido el laudo correspondiente, entonces, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata proceda al dictado del laudo en el juicio laboral 761/2018 de su índice." La Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se dictó el laudo en el juicio laboral número 761/2018. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa Por otra parte, en torno al escrito presentado por Esaul Orozco Torres, apoderado del quejoso Ciro Ramírez Cruz, donde medularmente solicita que este juzgado requiera a la junta responsable, para que deje sin efecto el laudo dictado, pues aduce que el mismo no cumple con los requisitos legales y que el trabajador actor no puede renunciar a sus derechos que tiene para el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada. Al respecto, es conveniente señalar a la parte promovente que no es factible requerir a la responsable para ese efecto, toda vez que se estaría imponiendo un lineamiento o cuestión que no fue materia de la concesión del amparo dictada en el presente asunto, la cual, se delimitó únicamente a que se emitiera (dictara) el laudo en el juicio laboral de origen; motivo por el cual, no procede requerir a la responsable para que cumpla con diversos aspectos que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues se estaría causando un exceso con los efectos y alcances de la sentencia protectora, inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Máxime que de haber existido alguna inconformidad de la parte quejosa en relación a los efectos y alcances del amparo concedido, tuvo a su disposición los medios legales para impugnar esa determinación y como no lo hizo, causó ejecutoria y se requirió a las responsables para que cumplieran con la misma, única y exclusivamente en los términos en que fue dictado el fallo protector. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número CV/2013 (10ª), del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN EL QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª.J.45/2007)" A mayor abundamiento, cabe señalar que al haberse dado un sólo lineamiento específico (dictado de laudo) que debía observar la responsable y al haber quedado intocada su libertad de jurisdicción, no es posible analizar vía cumplimiento de la ejecutoria, la motivación y fundamentación que invocó en el laudo para arribar a cada una de las determinaciones que tomó y el propio sentido de ese fallo, se estaría inobservando el contenido del artículo 196 de la Ley de Amparo, pues proceder de esa forma, conlleva a que se analice la legalidad de esa determinación, lo cual no fue materia de escrutinio constitucional en el presente asunto, pues ese estudio no forma parte del núcleo esencial de la violación por la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal; de ahí que, la parte quejosa tenga expedito su derecho para combatir por el medio legal procedente el laudo emitido en el controvertido natural. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 168905 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 115/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 222 Tipo: Jurisprudencia "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Razones actuariales Vista la razón levantada por el Actuario Judicial de la adscripción, en el sentido de que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el auto de dos de mayo de este año, en el domicilio ubicado en Avenida Cerro Grande, número 156, conjunto Habitacional denominado Privada del Sol II, ya que por la información que pudo recabar y que le ha sido proporcionado anteriormente, advirtió que ese domicilio corresponde al municipio de Tarímbaro, Michoacán y no a Morelia. Contexto legal No obstante, es conveniente señalar que el artículo 27 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente; II. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo lugar en que resida el órgano jurisdiccional, la primera notificación se hará por exhorto o despacho en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, los que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica. En el exhorto o despacho se requerirá que se señale domicilio en el lugar del juicio, con apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conoce del juicio, pero en zona conurbada, podrá comisionar al notificador para que la realice en los términos de la fracción I de este artículo; III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso. Cuando deba notificarse al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, si no consta en autos el domicilio para oír notificaciones, ni se expresan estos datos en el escrito, continuará el juicio. Se comisiona a la actuaría y se ordena notificar nuevamente a la parte quejosa En consecuencia, como resulta un hecho notorio para el suscrito juzgador que algunos fraccionamientos de Tarímbaro, Michoacán, se encuentran alrededor de la mancha urbana de esta ciudad capital, esto es, en el área conurbada de la ciudad de Morelia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaría de este juzgado, para que proceda a notificar nuevamente personalmente a la parte quejosa el auto de dos de mayo de este año. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Autoridad responsable informa cumplimiento Visto el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del laudo de veintisiete de octubre del dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral número ********************. Vista a la parte quejosa En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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