Clarissa Nereida Santiz Cruz
Expediente 471/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Clarissa Nereida Santiz Cruz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. SE RECIBE OFICIO. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, por el cual hace del conocimiento que se aceptó la competencia planteada por este Juzgado Federal, para conocer de la demanda de amparo 471/2022, promovida por ... misma que se registró con el número 830/2022. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por...Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 471/2022-IV. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, carece de competencia legal para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito en primer término, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber:1. Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo, cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, la primera regla se refiere al supuesto en que la ejecución, se produzca en una jurisdicción; mientras que la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes, al precisar que el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro. Finalmente, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Bajo los referidos parámetros, debe precisarse que, para determinar la competencia por territorio, en el caso a estudio, resulta necesario determinar la naturaleza del acto reclamado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 47/2004- PL, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 37/200513, determinó que una decisión jurisdiccional conlleva un principio de ejecución material, cuando es necesaria la realización efectiva de un mandato jurídico, ello, a través de un conjunto de actos judiciales dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. En la especie, la promovente señaló como actos reclamados el indebido emplazamiento por parte del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocosingo, Chiapas en fecha quince de abril de dos mil veintiuno, practicado por el actuario adscrito al mismo, incluyendo la resolución pronunciada en el expediente 65/2021, en donde se concedió a quien refiere es su padre Luis Santiz Gómez, la cesación de pensión alimenticia, decretada en favor de la quejosa; asimismo, reclama la orden emitida por el Juez responsable, mediante oficio que dirigió a la Subsecretaría de Educación Federalizada, con domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a efecto de que se le reintegrara (cancelación) el 30% por concepto de alimentos que tenía a su favor a su padre y de ésta última su ejecución. Ahora, de los antecedentes que narra la impetrante bajo protesta de decir verdad se advierte que: El veintiocho de junio de dos mil seis, se dictó una resolución en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocosingo, Chiapas, dentro del expediente 198/2006, juicio de alimentos promovido por su madre Yolanda Cruz Cruz, en virtud de que en aquel año la promovente era menor edad, dicha pensión fue fijada por el 30%, de lo que devengada su padre como profesor de educación en la escuela denominada Cuauhtémoc, ubicada en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas. Asimismo, que después de haber sido dictada la resolución en que se condenaba a su padre, en el año dos mil seis, su madre y la peticionaria del amparo, cambiaron su residencia a EL SASUB, en López Portillo, municipio de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí. Luego refiere que en el mes de abril de dos mil veintiuno, fue avisada por su madre que su madrina de pila quien vive en Chiapas le comunicó que habían ido unos abogados del juzgado a llevar unos papeles a la casa de ella, que eran para la quejosa y los recibió. Y, que el día veintiséis de mayo del presente año, se enteró del motivo por el cual se le dejó de pagar le pensión alimenticia, ya que vía telefónica le pidió a su madrina de pila si podría buscar a alguna persona que le dijera de que eran los papeles que le habían dejado anteriormente y un abogado le dijo que con esos documentos la estaban emplazando a juicio y que tenía que comparecer al Juzgado a producir la contestación, por lo que en compañía del abogado, su madrina fue al Juzgado y ahí le informaron que ese procedimiento ya estaba resuelto y que se había ordenado la cancelación de la pensión alimenticia. De la relatoría que antecede, se advierte que los actos reclamados ya se ejecutaron, por lo que se deberá atender a la regla señalada en el primer párrafo del precepto 37 de la Ley de Amparo, es decir, será competente para tramitar y resolver el juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ordenó y realizó el emplazamiento reclamado. De manera que si el emplazamiento reseñado, fue ordenado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ocosingo, Chiapas y éste se ejecutó en la referida demarcación territorial, ello basta para considerar que el competente para conocer de la demanda de amparo y, en su caso, resolver el asunto, es el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, que se encuentre en turno. No se inadvierte lo manifestado por la quejosa, respecto a que su domicilio actualmente se ubica en EL SASUB, en López Portillo, municipio de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí y que estudia la licenciatura en derecho en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica de Tanquián, como lo acredita con las constancias que acompaña; sin embargo, es criterio del Máximo Tribunal del País, que el domicilio de la parte quejosa no determina la competencia del Juez de Distrito, dado que, conforme con las reglas de competencia previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como se expuso, resulta claro que el Juez de Distrito competente debe ser uno de los que ejerzan jurisdicción en el lugar en que se ejecutó el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como en el referido Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al número y límite territorial de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se estima que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, carece de competencia para resolver el presente juicio de amparo y que ésta corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, que se encuentre en turno, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, donde se ejecutaron los actos reclamados, a quien deberá remitirse el presente expediente y su anexo, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, para lo que tenga a bien determinar, solicitando el acuse de recibo de estilo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados a los profesionistas que menciona en la forma en que fueron propuestos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
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