Cirilo Morales Espinoza
Expediente 10/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 14 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 14/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Cirilo Morales Espinoza
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de enero de dos mil veintiuno IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por ************, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Tancanhuitz, San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 23 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 10/2021-II-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, el cual establece: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En tal virtud, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama la notificación efectuada por la autoridad responsable respecto de la sentencia de catorce de diciembre de dos mil nueve, que resolvió el expediente 77/2006 relativo a la acción reivindicatoria ejercitada en contra del aquí quejoso; afirmando que dicha notificación no se realizó en el domicilio procesal ni en el domicilio propio del quejoso, por lo que aduce, lo dejó en estado de indefensión. De la cual refiere, tuvo conocimiento hasta el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en virtud de que refiere en su escrito de demanda que el juez responsable le expidió copia certificada de la sentencia de catorce de diciembre de dos mil nueve. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que con relación a los actos reclamados en la demanda de garantías, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Lo anterior es así, por las razones expuestas a continuación. En principio, debe puntualizarse que el acto respecto del cual se solicita la protección constitucional, consiste en la falta de notificación realizada por el diligenciario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, respecto de la sentencia de catorce de diciembre de dos mil nueve, dictada dentro del expediente ************. Por otra parte, es de importancia señalar que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de garantías y que se encuentran consignados en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de definitividad, el cual consiste en que, para ser procedente aquél, deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma ley establezca. Asentado lo anterior, cabe destacar que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, prevé un medio de impugnación -incidente de nulidad de notificaciones- por virtud del cual puede ser nulificada la notificación que llevó a cabo el actuario adscrito al Juzgado responsable, respecto de la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve, dictada dentro del expediente ************. En efecto, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, prevé los requisitos de las notificaciones reguladas para los juicios de naturaleza civil, en los artículos 105 a 122; en tanto que en los diversos 72 al 75 el trámite incidental para resolver cuestiones tales como la nulidad de notificaciones. En tales condiciones, resulta incuestionable que la notificación que la parte quejosa tilda de ilegal, puede ser impugnada mediante el incidente de nulidad de notificaciones, el cual tiene por objeto nulificar las actuaciones a partir de la notificación hecha indebidamente en contravención a las formalidades previstas en el capítulo respectivo, que es lo que pretende el ahora quejoso al promover el presente juicio constitucional. Resulta aplicable, la jurisprudencia III.1o.C. J/34 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, Novena Época, página 1041, del contenido literal siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Por todo lo expuesto, se arriba al convencimiento de que si el solicitante del amparo considera que la notificación efectuada por el diligenciario adscrito al citado juzgado responsable respecto de la resolución de catorce de diciembre de dos mil nueve, dictada dentro del expediente ************, no se ajusta a las disposiciones legales que rigen el juicio de origen, al ser la parte demandada, una vez que tuvo conocimiento de dicho acto combatido, por conducto del Juez responsables, por lo que, se encontraba en posibilidad de impugnarla -previo a la instauración del juicio constitucional- mediante el incidente de nulidad de notificaciones previsto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, a través del cual puede lograr la nulidad de dicha actuación y, al no haberlo hecho así, se actualiza la referida causa de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia VI. 2o. J/52 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, página 401, con el rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin que el quejoso se ubique en alguno de los supuestos de excepción que prevé el citado numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo, dado que no se trata de actos de que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o cualquier resolución relativo a la libertad bajo caución, además de que el quejoso no es tercero extraño a juicio, según manifestó en su demanda -pues refirió tener el carácter de demandado y haber comparecido ante el juez del conocimiento del asunto, obteniendo incluso copia de diversas constancias del juicio de origen -, ni tampoco la procedencia del recurso está sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Cirilo Morales Espinoza, al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado federal, en virtud de así haberlo solicitado, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a los licenciados ************ y ************ y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a la otra persona indicada, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese.
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