Clara María Avendaño Moya
Expediente 1861/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1861/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Clara María Avendaño Moya
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo, de los Magistrados Integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado y del Actuario adscrito a dicho Tribunal, por medio del cual dan cumplimiento al requerimiento de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés y remiten copia certificada de todo lo actuado en el expediente ********************, de su índice; sin que incluyeran las constancias de emplazamiento del Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula Puebla ******************** de la Casa de Salud Emiliano Zapata de San Andrés Cholula Puebla y de ********************, por lo que informan que el Tribunal oficiante, se encuentra imposibilitado a emplazar a personas físicas, siendo que la Ley Burocrática del Estado en su artículo 3°, establece a letra "...La relación Jurídica de trabajo reconocida por esta Lev, se entiende establecida para todos los efectos legales, entre los trabajadores de base del Estado y los Poderes Legislativos, Ejecutivo v Judicial, representados éstos por sus titulares respectivos..."; y que se deberá entender que dicho Tribunal se encuentra impedido para emplazar en lo personal a cualquier funcionario, toda vez que ellos no son responsables de la relación laboral, sino únicamente fungen como representantes de alguno de los poderes del estado y/o dependencias. Atento a lo anterior, se tiene a las autoridades oficiantes dando cumplimiento al requerimiento de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés y remiten copia certificada de todo lo actuado en el expediente ********************, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado. Ahora bien, de dicha copia certificada que remiten las autoridades responsables oficiantes -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado, realizó el emplazamiento del demandado Ayuntamiento de San Andrés Cholula, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día seis de noviembre de dos mil veintitrés, esto, en el expediente ********************, del índice de dicho Tribunal. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa ********************, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de emplazar a los demandados, dentro del expediente ********************, y el Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado, realizó el emplazamiento del demandado Ayuntamiento de San Andrés Cholula, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día seis de noviembre de dos mil veintitrés. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado, realizó el emplazamiento del demandado Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, del índice de dicho Tribunal, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo, de los Magistrados Integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado y del Actuario adscrito a dicho Tribunal, a través del cual rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades responsables, rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos del artículo 9º de la citada ley, se les tiene designando como delegados a las personas que citan en su oficio. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte las documentales que adjuntan a su oficio consistentes en copia certificada de auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, de cédula de notificación de la actora Clara María Avendaño Moya de cinco de abril de dos mil veintitrés, razonamiento actuarial de seis de junio de dos mil veintitrés, auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, cédula de emplazamiento del demandado Ayuntamiento de San Andrés Cholula de seis de noviembre de dos mil veintitrés. Relaciónese en la audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Estado y Actuario de dicho Tribunal, para que en el término de tres días siguientes al en que reciban el oficio notificatorio, remitan a este Juzgado Federal copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente D-32/2022, incluyendo las constancias del emplazamiento del Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula Puebla Mundo Tlatehui Percino, de la Casa de Salud Emiliano Zapata de San Andrés Cholula, Puebla, y de Brígida Edith Hernández Tirado, las cuales son necesarias para resolver el presente asunto, o en su caso informe la imposibilidad que tenga para ello. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número P./J17/97, visible en la página 108, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V. febrero de 1997, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." En el entendido que las constancias que remitan serán bajo su más estricta responsabilidad y las mismas serán las que se tomarán para resolver el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá a cada uno una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Juez Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, así como el del Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tecamachalco, Puebla, en atención a sus contenidos, se provee lo siguiente: Con el oficio registrado con el número 20506, el Juez Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del oficio signado por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Circunscripción Territorial de Tecamachalco, Puebla, Puebla, con que acredita que procedió a la cancelación de la inscripción ******************** de ocho de junio de dos mil veintidós, dentro del folio electrónico ********************, respecto al embargo del bien inmueble trabado dentro juicio ejecutivo mercantil ********************, de su índice. Asimismo, respecto al diverso registrado con el número 20530, el Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tecamachalco, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la cancelación de la inscripción ******************** de ocho de junio de dos mil veintidós, dentro del folio electrónico ********************, respecto al embargo del bien inmueble trabado dentro juicio ejecutivo mercantil ********************, de su índice. Para acreditar lo manifestado, remite copia certificada de la boleta de inscripción de cancelación respectiva. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con las constancias de cuenta, así como las recibidas en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, registrado en este juzgado con el número 20252, por el plazo de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; se apercibe a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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