Citlali Ponce de León Vargas
Expediente 1870/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1870/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/11/2018
Partes del expediente
- Citlali Ponce de León Vargas
- Directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
...Vista la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. Intégrense los cuadernos incidentales respectivos. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción II, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional. Por tanto, glósese copia certificada del presente acuerdo al cuaderno original del incidente de suspensión. En ese tenor de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, primer y segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales". ...
- Principal
... R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por***********, por su propio derecho y en representación de los menores A.G.P. y A.J.G.P, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de la presente resolución por las razones expuestas en el considerando último de la misma. ...
- Principal
... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose de los mismos, que a la fecha en que se actúa no obra el acuse de recibo del oficio 20195/2017, dirigido al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, por el cual se le hizo de su conocimiento el auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete. En tales condiciones, y a fin de evitar mayores dilaciones al procedimiento reenvíese mediante paquetería estafeta, el oficio 20195/2017, dirigido al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, para que se imponga del contenido del auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete. ..
- Principal
La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal, ya que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado federal analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2.P. J40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. El Juez de Amparo, previo al examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe necesariamente analizar su competencia y en caso de que la tenga podrá estudiar el asunto planteado y, en caso de que se considere que no tiene competencia, debe remitir los autos al Juez de Distrito que corresponda; en caso de que no llevar a cabo este análisis, estaría violando las reglas que regulan al procedimiento del juicio de amparo. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Armando Javier Amaro Jaime, señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES y actos que reclamamos en términos del artículo 108 fracción III y IV de la Ley de Amparo: 4.1 Cámara de Diputados, la aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece, por violación a nuestros derechos humanos alegados en el capítulo de conceptos de violación; 4.2 Cámara de Senadores, la aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece, por violación a nuestros derechos humanos alegados en el capítulo de conceptos de violación; 4.3 Presidente de la República Mexicana Contraparte CARÁCTER sic como encargado de la promulgación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece, por violación a nuestros derechos humanos alegados en el capítulo de conceptos de violación. De la transcripción anterior, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión y Presidente de la República Mexicana, la aprobación y promulgación del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto sobre la renta por el concepto previsión social, de la que tuvo conocimiento el treinta de octubre de dos mil diecisiete. Además, en el capítulo de Hechos de la demanda de amparo, los quejosos bajo protesta de decir verdad manifestaron que el treinta de octubre de dos mil diecisiete tuvieron conocimiento que para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, el concepto previsión social fue gravado con el impuesto sobre la renta. Aunado a que las constancias de referencia la recabó el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete foja 6. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto Sobre la Renta con motivo del acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente quejoso, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que del criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de la vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción territorial se ubica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a.J.1752009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 426, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de 2009, de rubro y contenido siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.- Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subcuentas que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que el criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Así como la diversa jurisprudencia 2a.J. 1462002, de la Novena Época, emitida por la referida Segunda Sala, visible en el Tomo XVII, página 324, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de enero dos mil tres, cuyo rubro y texto señalan: COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos. En ese tenor, es dable establecer que la norma combatida es de carácter fiscal y su ejecución se materializó en el lugar donde tiene su domicilio fiscal la parte quejosa. Luego, si de las constancias que remitió el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Puebla 1, se advierte que el quejoso Armando tiene su domicilio fiscal en se concluye que el juez competente para conocer de la presente demanda, debe ser el que ejerza jurisdicción en el lugar donde la parte quejosa tiene su domicilio fiscal donde prestó sus servicios y, en consecuencia, se le efectuó el pago de salarios y la retención correspondiente al impuesto que se tilda de inconstitucional de conformidad con el artículo el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, previendo en su primer párrafo que lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. fectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
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