Clara Hernández Alvarez

Expediente 2153/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2153/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Clara Hernández Alvarez
  • Clara Hernández Alvarez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presente autos, se advierte que por oficio recibido en este juzgado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto remitió copia certificada de la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, relativo al recurso de inconformidad presentado por la parte quejosa, y de la notificación correspondiente. Asimismo, mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades, y que tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, sin que oportunamente hubieran desahogado esa vista. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Al respecto debe decirse que por sentencia de quince de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos siguientes: ".debe concederse el amparo solicitado para el efecto de que el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla a) Realice las actuaciones necesarias para que se encuentre en posibilidad de dictar resolución sobre la admisión, prevención o desechamiento del recurso de inconformidad presentado por los quejosos el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve ante la Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal y Dirección de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, b) Dicte la resolución sobre la admisión, prevención o desechamiento del recurso citado y en su caso, lo que estime pertinente con relación a la suspensión solicitada en ese medio de defensa. c) Notifique las determinaciones relacionadas en el párrafo precedente a la parte quejosa.". Por lo anterior, del examen de las documentales exhibidas por la responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que: La Síndico Municipal del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, mediante oficio recibido el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, informó que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para corroborar tal situación, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, relativo al recurso de inconformidad presentado por la parte quejosa, en el que determinó desechar el citado medio de impugnación, asimismo remitió la constancia de notificación correspondiente. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como concluido; por tanto, intégrese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18 fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió el amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de tres años de conformidad con en el inciso c, del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá destruir el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el citado expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la Secretaria Nelly Guillermina Contreras Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, se tiene por recibido el oficio y anexo de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el cuaderno original del presente incidente y el testimonio con evidencia criptográfica de la ejecutoria pronunciada el doce de febrero de dos mil veintiuno, en el incidente en revisión 93/2020, de la estadística de dicho órgano jurisdiccional, de la que se advierte que el citado tribunal resolvió: [.] PRIMERO. Se confirma la interlocutoria que se revisa. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por CLARA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, CRISTINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, HILDA MONTIEL MÉRIDA, CIRILA RAMÍREZ VARGAS, ELISEO RODRÍGUEZ MACÍN, APOLINAR MARTÍNEZ ROJAS, ELIZABETH RODRÍGUEZ MACÍN, ROSA MORALES PÉREZ y CARLOS MARTÍNEZ VARGAS, por su propio derecho, conforme a los términos establecidos en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 2153/219 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. En consecuencia, para evitar duplicidad de constancias, se ordena glosar únicamente las constancias originales del expedientillo formado por el recurso de revisión en comento, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], y acúsese el recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que sobreseyó y concedió la protección constitucional ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, de cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando sexto de la sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil veinte. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cabal cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $86.88 [ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, Asimismo, se comunica a la autoridad requerida que, en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, las personas físicas que ostenten la titularidad de los cargos como autoridades responsables, seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; por lo que el presente requerimiento se entenderá dirigido a dichos substitutos, así como el apercibimiento decretado en el presente auto. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el referido portal de servicios en línea. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, intégrese al expediente el oficio del Director de Asuntos Contenciosos del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mediante el cual en atención al requerimiento de veintidós de noviembre del año en curso, informa que ha expedido a favor de la parte quejosa el cheque número 0003564, de ocho de octubre de dos mil diecinueve, por concepto de devolución del Derecho al Alumbrado Público; asimismo, de las constancias que acompañó, se advierte que es por la cantidad de $2,129.57 (dos mil ciento veintinueve pesos 57/100 moneda nacional), el que se encuentra a disposición de la parte quejosa, para que sea recogido de lunes a viernes, dentro del horario de 9:30 a 15:00 horas, en las oficinas de la autoridad oficiante. En consecuencia, REQUIÉRASE a la PARTE QUEJOSA, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca ante las oficinas del Director de Asuntos Contenciosos del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con la finalidad de que le sea entregado el citado título de crédito por concepto de devolución del Derecho al Alumbrado Público, con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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