Citlalli Tellez Ilizaliyurri O Citlalli Téllez Llizaliturri
Expediente 1264/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1264/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/12/2021
Partes del expediente
- Citlalli Tellez Ilizaliyurri O Citlalli Téllez Llizaliturri
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, se declara que ha causado estado el auto que sobresee en el juicio fuera de audiencia, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones y archívese el presente asunto como concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".
- Principal
agréguese a los autos el oficio de la presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al que adjunta copia certificada del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral D-3/189/2020, en alcance a su informe justificado. Ahora bien, de las constancias que como apoyo a la legalidad de sus actos remitieron de manera conjunta las autoridades responsables, y que se acordaron en proveídos de siete de octubre, cuatro de noviembre, y con esta fecha; se advierte que en el caso, se actualiza una causa de improcedencia que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la quejosa Citlalli Téllez Ilizaliyurri o Citlalli Téllez Ilizaliturri, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra actos de la Junta Especial Número Tres de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y actuario adscrito, consistentes en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente a las pruebas ofrecidas por las partes y su notificación; determinación que se encontraba reservada desde el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno; todo ello en el juicio laboral D-3/189/2020, promovido por la hoy impetrante en contra del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla. Ahora bien, las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclaman, ello al exponer que mediante acuerdo de treinta de septiembre de esta anualidad, la junta del conocimiento emitió el proveído correspondiente a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, la cual se encontraba reservada desde el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, y a efecto de justificar sus manifestaciones remitió copia de la citada determinación. Asimismo, este juzgado federal en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo por recibidas las constancias de notificación a las partes del citado acuerdo de admisión de pruebas, las cuales se practicaron personalmente por el actuario responsable el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este juzgado federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Número Tres de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, emitiera el acuerdo correspondiente a las pruebas ofrecidas por las partes, determinación que fue dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno y notificada personalmente a las partes por el actuario responsable, el diecinueve de octubre siguiente; es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados. Por consiguiente, se ha restituido a la accionante de garantías, en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Máxime que la autoridad responsable, mediante el oficio recibido en esta fecha, remitió fotocopia certificada de la primera diligencia de desahogo de pruebas de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, a la que comparecieron las partes; lo que corrobora la cesación de los actos, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento puesto que la cesación del acto reclamado ha restituido a la accionante de garantías, en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica. Por lo tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, se tiene que el tercero interesado Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, no señaló domicilio en la localidad de este Juzgado o en la ciudad de Puebla, Puebla, para recibir notificaciones, por lo que se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, y se ordena que las notificaciones se le practiquen por lista, aun las de carácter personal, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 27 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la quejosa, por lista al tercero interesado y por oficio a las autoridades responsables, así como al fiscal ejecutivo asistente adscrito.
- Principal
agréguese a los autos el oficio de la presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al que adjunta copia certificada del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral D-3/189/2020, en alcance a su informe justificado. Ahora bien, de las constancias que como apoyo a la legalidad de sus actos remitieron de manera conjunta las autoridades responsables, y que se acordaron en proveídos de siete de octubre, cuatro de noviembre, y con esta fecha; se advierte que en el caso, se actualiza una causa de improcedencia que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la quejosa Citlalli Téllez Ilizaliyurri o Citlalli Téllez Ilizaliturri, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra actos de la Junta Especial Número Tres de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y actuario adscrito, consistentes en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente a las pruebas ofrecidas por las partes y su notificación; determinación que se encontraba reservada desde el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno; todo ello en el juicio laboral D-3/189/2020, promovido por la hoy impetrante en contra del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla. Ahora bien, las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclaman, ello al exponer que mediante acuerdo de treinta de septiembre de esta anualidad, la junta del conocimiento emitió el proveído correspondiente a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, la cual se encontraba reservada desde el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, y a efecto de justificar sus manifestaciones remitió copia de la citada determinación. Asimismo, este juzgado federal en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo por recibidas las constancias de notificación a las partes del citado acuerdo de admisión de pruebas, las cuales se practicaron personalmente por el actuario responsable el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este juzgado federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Número Tres de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, emitiera el acuerdo correspondiente a las pruebas ofrecidas por las partes, determinación que fue dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno y notificada personalmente a las partes por el actuario responsable, el diecinueve de octubre siguiente; es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados. Por consiguiente, se ha restituido a la accionante de garantías, en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Máxime que la autoridad responsable, mediante el oficio recibido en esta fecha, remitió fotocopia certificada de la primera diligencia de desahogo de pruebas de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, a la que comparecieron las partes; lo que corrobora la cesación de los actos, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento puesto que la cesación del acto reclamado ha restituido a la accionante de garantías, en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica. Por lo tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, se tiene que el tercero interesado Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, no señaló domicilio en la localidad de este Juzgado o en la ciudad de Puebla, Puebla, para recibir notificaciones, por lo que se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, y se ordena que las notificaciones se le practiquen por lista, aun las de carácter personal, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 27 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la quejosa, por lista al tercero interesado y por oficio a las autoridades responsables, así como al fiscal ejecutivo asistente adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la secretaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, por medio del cual acusa recibo del oficio CTA188/2021 por el que se informó la vinculación del expediente electrónico derivado del presente sumario, por lo que se formó el cuaderno auxiliar 284/2021 de su índice; de lo que este Juzgado toma conocimiento. Notifíquese por lista a las partes.
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