Clara Arredondo Gómez

Expediente 224/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
224/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Clara Arredondo Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. SE DECLARA FIRME RESOLUCIÓN. Como transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se impugnara el auto de sobreseimiento dictado en este juicio. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Háganse los registros condignos en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Como el presente juicio se encuentra concluido, devuélvase al Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ***/2020, que remitió en apoyo a su informe justificado; y, requiérase el acuse de recibo correspondiente a la brevedad, o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo. ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente electrónico coincide con el cuaderno físico principal, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados.II

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; seis de marzo de dos mil veintitrés. DESPACHO SIN DILIGENCIAR. Téngase a la Jueza Primera Civil y Familiar por ministerio de Ley, devolviendo, sin diligenciar, el despacho 155/2023, del índice de este juzgado federal, mediante el cual se le encomendó notificar a la tercera interesada ***, pues no fue localizada en el domicilio que el quejoso proporcionó para tal efecto. Se ordena dar de baja del libro de gobierno correspondiente la comunicación oficial de referencia. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que por resolución de veintidós de febrero de esta anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo...II

  3. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de febrero de dos mil veintitrés.... EL TRIBUNAL REMITE CONSTANCIAS SOLICITADAS. Se tiene al secretario del Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, remitiendo las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, que le fue solicitado mediante auto de quince de este mismo mes y año. Acúsese el recibo de estilo. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Una revisión de las constancias recibidas permite advertir que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional, para dictar sentencia, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. En efecto, en el caso se actualiza la actualización de la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambas previsiones en la Ley de Amparo, y el último numeral aplicado a contrario sensu; ordinales que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, nuestro máximo Tribunal de Control Constitucional ha sustentado lo siguiente: Atendiendo al texto de la ley, se ha considerado por regla general, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Así, de no actualizarse ninguno de estos supuestos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Es importante mencionar, que antaño, en la Ley de Amparo abrogada, de acuerdo a la interpretación que del artículo 114, fracción IV, realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se consideraban actos equiparables a los de imposible reparación, aquellos que por su consecuencia legal afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, en la actual Ley de Amparo, el legislador determinó excluir esa hipótesis de procedencia establecida por la jurisprudencia, y excluyó la procedencia del amparo indirecto contra violaciones procesales de grado predominante y superior, pues el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sólo se refiere como actos de imposible reparación, a los que afecten materialmente derechos sustanciales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias recibidas se advierte que en el índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, se radicó el juicio ejecutivo mercantil ***, promovido por la aquí quejosa **, por propio derecho, en contra de ***, el cual se admitió a trámite por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte. En diligencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, tuvo verificativo el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada, ordenado en el auto de exequendo; por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora exhibiendo las constancias de inscripción del embargo trabado. Mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada al no haber formulado su correspondiente contestación , dictándose el auto admisorio de pruebas, en el que se señaló las once horas del trece de julio de ese año, para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora a cargo de la demandada ***. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, la parte actora solicitó se abriera el periodo de alegatos; petición a la que recayó resolución de veintidós de febrero de ese año, en la que se decretó la caducidad del juicio, declarándolo concluido y ordenando su remisión al archivo. Por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora promoviendo incidente de nulidad de actuaciones a partir del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, (en el que se le tuvo exhibiendo las constancias relativas a la inscripción del embargo), y actuaciones subsecuentes, alegando la omisión de notificarle de manera personal el auto que citó a las partes para el desahogo de la prueba confesional que ofreció a cargo de la demandada. Substanciado en todas sus etapas la incidencia planteada, el quince noviembre de dos mil veintidós se dictó sentencia interlocutoria que desestimó la nulidad reclamada; determinación que constituye el acto reclamado, la que a juicio de esta juzgadora, no causa una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, pues versa sobre violaciones procesales que, en todo caso, debieron hacerse valer, con la impugnación de la resolución que puso fin al juicio, que en el caso, constituye la determinación de veintidós de febrero de dos mil veintidós, que decretó la caducidad de la instancia, siempre y cuando, estas hayan trascendido en el sentido del fallo. Afirmar lo contrario equivaldría a analizar formalidades procesales de actuaciones que fueron dictadas con antelación a la resolución que puso fin al procedimiento; lo cual resulta improcedente pues estas debieron combatirse a través de la impugnación que decretó la caducidad de la instancia. Luego, en la especie, es improcedente considerar a la resolución impugnada como acto de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la afectación se produjo en perjuicio de la parte quejosa, cuando se decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio natural, momento en el que, de estimar que las violaciones procesales en las que fundó el incidente de nulidad de actuaciones, transcendieron en el sentido del fallo, pudo haberlas hecho valer. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado contrario sensu. Es importante señalar que la causal de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable y manifiesta de la causal de improcedencia del juicio constitucional, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambas previsiones en la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por ***. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las nueve horas con diecinueve minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional....II

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. EL TRIBUNAL REMITE CONSTANCIAS SOLICITADAS. Se tiene al secretario del Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, remitiendo las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, que le fue solicitado mediante auto de quince de este mismo mes y año. Acúsese el recibo de estilo. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Una revisión de las constancias recibidas permite advertir que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional, para dictar sentencia, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. En efecto, en el caso se actualiza la actualización de la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambas previsiones en la Ley de Amparo, y el último numeral aplicado a contrario sensu; ordinales que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, nuestro máximo Tribunal de Control Constitucional ha sustentado lo siguiente: Atendiendo al texto de la ley, se ha considerado por regla general, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Así, de no actualizarse ninguno de estos supuestos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Es importante mencionar, que antaño, en la Ley de Amparo abrogada, de acuerdo a la interpretación que del artículo 114, fracción IV, realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se consideraban actos equiparables a los de imposible reparación, aquellos que por su consecuencia legal afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, en la actual Ley de Amparo, el legislador determinó excluir esa hipótesis de procedencia establecida por la jurisprudencia, y excluyó la procedencia del amparo indirecto contra violaciones procesales de grado predominante y superior, pues el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sólo se refiere como actos de imposible reparación, a los que afecten materialmente derechos sustanciales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias recibidas se advierte que en el índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, se radicó el juicio ejecutivo mercantil ***, promovido por la aquí quejosa **, por propio derecho, en contra de ***, el cual se admitió a trámite por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte. En diligencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, tuvo verificativo el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada, ordenado en el auto de exequendo; por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora exhibiendo las constancias de inscripción del embargo trabado. Mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada al no haber formulado su correspondiente contestación , dictándose el auto admisorio de pruebas, en el que se señaló las once horas del trece de julio de ese año, para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora a cargo de la demandada ***. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, la parte actora solicitó se abriera el periodo de alegatos; petición a la que recayó resolución de veintidós de febrero de ese año, en la que se decretó la caducidad del juicio, declarándolo concluido y ordenando su remisión al archivo. Por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora promoviendo incidente de nulidad de actuaciones a partir del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, (en el que se le tuvo exhibiendo las constancias relativas a la inscripción del embargo), y actuaciones subsecuentes, alegando la omisión de notificarle de manera personal el auto que citó a las partes para el desahogo de la prueba confesional que ofreció a cargo de la demandada. Substanciado en todas sus etapas la incidencia planteada, el quince noviembre de dos mil veintidós se dictó sentencia interlocutoria que desestimó la nulidad reclamada; determinación que constituye el acto reclamado, la que a juicio de esta juzgadora, no causa una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, pues versa sobre violaciones procesales que, en todo caso, debieron hacerse valer, con la impugnación de la resolución que puso fin al juicio, que en el caso, constituye la determinación de veintidós de febrero de dos mil veintidós, que decretó la caducidad de la instancia, siempre y cuando, estas hayan trascendido en el sentido del fallo. Afirmar lo contrario equivaldría a analizar formalidades procesales de actuaciones que fueron dictadas con antelación a la resolución que puso fin al procedimiento; lo cual resulta improcedente pues estas debieron combatirse a través de la impugnación que decretó la caducidad de la instancia. Luego, en la especie, es improcedente considerar a la resolución impugnada como acto de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la afectación se produjo en perjuicio de la parte quejosa, cuando se decretó la caducidad de la instancia dentro del juicio natural, momento en el que, de estimar que las violaciones procesales en las que fundó el incidente de nulidad de actuaciones, transcendieron en el sentido del fallo, pudo haberlas hecho valer. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado contrario sensu. Es importante señalar que la causal de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable y manifiesta de la causal de improcedencia del juicio constitucional, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambas previsiones en la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por ***. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las nueve horas con diecinueve minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional....II

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