Cirpiano Hurtado Trejo

Expediente 1804/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 46 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1804/2022
Año
2022
Actuaciones
46
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • Cirpiano Hurtado Trejo
  • Presidente Municipal de Tecozautla, Estado de Hidalgo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, catorce de julio de dos mil veintitrés. Causa estado sobresee fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, no fue recurrido dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de Control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido. Sin que haya lugar a computar el término de diez días para interponer el recurso de revisión a las autoridades responsables, en virtud que al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio, no les genera perjuicio. Destino del expediente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente se valora como destruible una vez cumplido el plazo de tres años, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente. Documentos originales. Por otro lado, como existen documentos originales, de conformidad con el citado artículo 20, párrafo segundo, del referido Acuerdo General Plenario, notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por ser el medio que se le tuvo por autorizado para oír y recibir notificaciones, que deberá acudir a las instalaciones en que se encuentra este órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales exhibidos, previa razón y firma de recibo que se deje en autos, quien se deberá presentar con identificación oficial vigente (y una copia simple de la misma); con el apercibimiento de que de no hacerlo así en el término indicado, los documentos de referencia podrán ser destruidos junto con el expediente, en su momento procesal oportuno. En el entendido que el horario para la entrega de documentos y atención al público es de las nueve treinta a las catorce treinta horas. Finalmente, con el contenido de este acuerdo provéase lo que en derecho corresponda en el incidente de suspensión..M-I

  2. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de julio de dos mil veintitrés. Archivo. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, al no existir diligencia pendiente, se ordena el archivo de este cuaderno incidental como asunto concluido. Ahora bien, por lo que hace al expediente original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada en su aspecto definitivo, de conformidad de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente se valora como conservable, por lo que, transcurridos tres años, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 19 fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, destrúyase después de los seis meses.M-I

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de junio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Vistos los autos, se advierte que el dieciséis de junio del año en curso se tuvo al quejoso ***, dando cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de trece de junio anterior, para lo cual manifestó, bajo protesta de decir verdad, que desde el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés le fue reconectado su servicio de agua. Por tanto, vistas las manifestaciones de mérito, se acuerda: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De las constancias remitidas por la autoridad responsable Delegado municipal de la Comunidad de Gandhó en Tecozautla, Hidalgo y, de las manifestaciones realizadas por el quejoso se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual, acontece en alguno de los siguientes supuestos: a) por revocación, cuando la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados; o, b) por sustitución procesal, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en su vigencia y ejecutividad, cuya firmeza se da posterior al mismo. Ateniente a la primera hipótesis, es preciso señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto. La razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por la causal que se examina, radica en que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyo epígrafe y contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la parte quejosa reclamó del Presidente, Delegado Municipal y, Presidente del Comité de Agua Potable, ambos de la comunidad de El Gandho, todos del municipio de Tecozautla, Hidalgo, la omisión de proporcionar el servicio de agua potable a su domicilio ubicado ***, así como la orden de corte de suministro de agua en dicho lugar. Sin embargo, de las constancias recibidas en acuerdo de diez de abril del año en curso y de las manifestaciones realizadas por el quejoso, se advierte que el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés se celebró convenio entre el quejoso y las autoridades de la comunidad de Gandho, en la que se tomó la determinación de reconectar el servicio de agua potable a ***, en el domicilio referido, por lo que en esa misma fecha se reconectó su servicio de agua potable. Esto es, la quejosa, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que la omisión reclamada era violatoria de derechos; sin embargo, dejó de existir, toda vez que el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés se reconectó su servicio de agua potable en el domicilio ubicado en ***. Lo que fue corroborado por el propio quejoso en el escrito de quince de junio de dos mil veintitrés, en el que manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que desde el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés cuenta con el servicio de agua en su domicilio. De ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es aplicable en la especie la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo." Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de los actos reclamados dado que ya no están surtiendo sus efectos y que, además, no dejaron huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, se pone de relieve la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002- PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por ***. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto el día y hora señalado para la celebración de la audiencia constitucional.I

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de junio de dos mil veintitrés. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Vistos los autos se advierte que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés se hizo del conocimiento de las partes la designación de Álvaro Licona Martínez, como secretario en funciones de Juez, en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en sustitución de la Jueza Bertha Patricia Orozco Hernández, con efectos a partir del dieciséis al treinta de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia de lo anterior, a efecto de que las partes puedan manifestar lo que a su derecho convenga en relación con el cambio de titular de este juzgado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas con siete minutos del veintiocho de junio de dos mil veintitrés...I

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