Citlaly Tulizayat Zepeda Herrera
Expediente 894/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Citlaly Tulizayat Zepeda Herrera
- Citlaly Tulizayat Zepeda Herrera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó en el juicio. El original del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo en virtud de que se concedió la suspensión definitiva. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia del veinticinco de noviembre de este año, sin que se haya interpuesto; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria esa resolución que sobreseyó este sumario constitucional, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Efectúense las anotaciones respectivas e intégrense los cuadernos incidentales correspondientes. Requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger el documento que presentó en este sumario constitucional; apercibida que de no hacerlo, tendrá el mismo destino de este asunto, es decir, su destrucción. En el entendido de que dicha entrega se realizará previa cita y únicamente los días viernes en el horario establecido a este órgano jurisdiccional, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; además de que se efectuará en estricto acatamiento a las medidas sanitarias para la pandemia que prevalece en el país. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Juan Luis Carrillo Ramírez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con treinta y seis minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 894/2021-V, promovido por **********, por derecho propio y *********, representante legal de la moral quejosa *****, sociedad anónima de capital variable, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes realizó manifestaciones en vía de alegatos Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 894/2021-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentando el diez de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado el día siguiente a este Juzgado Federal, **********, por derecho propio y *********, representante legal de la moral quejosa ******, sociedad anónima de capital variable, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. II. Previa prevención y ratificación, por auto del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la citada demanda, registrándola con el número 894/2021-V, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercero interesada, y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto reclamado es privativo de libertad y se ejecuta dentro de la demarcación territorial en que ejerce jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el tribunal señalad como responsable, en el toca penal 402/2021, por la que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del doce de junio de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 2598/2019. TERCERO. El Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó los actos que le atribuye el solicitante del amparo; por tanto, se tienen por ciertos. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas de los discos ópticos en formato DVD, relativo el toca penal 402/2021 y a la carpeta administrativa 2598/2019. , cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado debe valorar si se actualiza alguna causal de improcedencia que impida el análisis del juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente en cualquier etapa del juicio, lo aleguen o no las partes, dado que, para que este órgano jurisdiccional pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente; es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada. Dicho de otro modo, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran procedencia de la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues ésta constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo. De tal manera que dicho estudio debe hacerse en cualquiera etapa del juicio, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Ahora bien, en el caso este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." Para aclarar el contenido de esta porción normativa, es pertinente citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, publicada en el tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". De la interpretación de la fracción antes citada, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales de un determinado acto de autoridad que es generado sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los mismos que le hayan sido violados, medio de control constitucional que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia a la circunstancia de que el fallo protector, que en su caso, llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe considerarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo formalmente el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo cual, se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió; por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considere violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, inclusive cuando éste subsiste, pero se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente juicio, concretamente es La resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el tribunal señalad como responsable, en el toca penal 402/2021, por la que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del doce de junio de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 2598/2019; quien aquí resuelve, advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que la parte quejosa mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, bajo protesta de decir verdad manifestó que el acto reclamado había cesado en virtud de que el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se resolvió la sentencia del toca de apelación 402/2021. Máxime que de las constancias de autos se advierte que en alcance a su informe justificado el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, remitió en un disco en formato DVD la resolución escrita del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno en el toca de apelación 402/2021, promovido por el defensor privado del sentenciado Carlos Alberto Bazán López así como el diverso defensor privado del sentenciado José Juvenal Villicaña Meza, en contra de la sentencia condenatoria del doce de junio de dos mil veintiuno, por el delito de robo con modificativa agravante de cometerse con violencia, en agravio de la Empresa Ranver, sociedad anónima de capital variable representada por Lilia Esther Hernández Martínez. Donde resolvió en esencia lo siguiente: "PRIMERO. Al ser infundados los agravios expuestos por el Defensor Privado del sentenciado JOSÉ JUVENAL VILLICAÑA MEZA así como los expuestos por el Defensor Privado del sentenciado CARLOS ALBERTO BAZÁN LÓPEZ y suplidos que fueron en su deficiencia, se MODIFICA la SENTENCIA CONDENATORIA dictada en contra de los citados sentenciados, de fecha doce de junio de dos mil veintiuno, en la Causa Penal Digital 423/2020, por cuanto hace a la Individualización Judicial de la Pena y puntos resolutivos segundo y tercero, para quedar de la siguiente manera: "SEGUNDO. Por lo anterior, se estima justo imponer a cada uno de los sentenciados las siguientes penas: Catorce años de prisión, que deberá compurgar en el lugar que para tal efecto designe el Ejecutivo Estatal, bajo la vigilancia y observación del Juez de Ejecución de Sentencias. Multa de $147,857.00 pesos, la cual para el caso de in-solvencia económica deberá ser sustituida por 1750 jornadas de trabajo en favor de la comunidad o por igual número de días de confinamiento, según corresponda. TERCERO. Se condena a la reparación del daño de material y manera solidaria por la cantidad de $194,440.00 pesos a favor de la Empresa RANVER SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a través de su representante legal LILIA ESTHER HER-NÁNDEZ MARTÍNEZ. SEGUNDO. Quedan intocados los aspectos y resolutivos no modificados en la presente. TERCERO. Notifíquese y con el testimonio de la presente resolución, envíense las actuaciones al lugar de origen; y en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido". En tales condiciones, la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, porque en el caso, el auto del dos de septiembre de dos mil veintiuno ya no afecta la esfera de derechos de la parte quejosa, y en esas circunstancias ya no es dable realizar el estudio de lo aquí reclamado. Lo anterior, debido a que los efectos del acto reclamado no se concretaran en el caso particular, dada la sentencia dictada en el toca de apelación; esto es, dejó de existir el objeto o la materia de reclamo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción XXII, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese; por lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesada; por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se desprende que feneció el plazo de tres días concedido a los tercero interesados *********** y ***********, para que señalaran domicilio dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y háganse las notificaciones por lista electrónica de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a los citados terceros interesados con el informe justificado rendido en autos para que expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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