Ciro Díaz González
Expediente 742/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ciro Díaz González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. El original del incidente de suspensión es destruible, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Ciro Díaz González y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veinticinco de octubre pasado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, háganse las anotaciones respectivas, y glósese a este expediente los cuadernos relativos al incidente de suspensión. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con cuarenta y seis minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 742/2021-III, promovido por *********, por propio derecho, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, así como las rendidas y ofrecidas por las responsables al remitir su informe justificado. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por las partes, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana ofrecidas por las autoridades responsables, las que se tomarán en consideración al dictar la sentencia correspondiente. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 742/2021-III; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el treinta de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional el dos de agosto del mismo año, Ciro Díaz González, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Jefe y/o responsable de la Oficina para Cobros y Ejecución Fiscal del Departamento de Cobranza, Subdelegación Tlalnepantla, Estado de México, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad. II. Previa aclaración por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, la que se registró bajo el número 742/2021-III; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues los actos reclamados tuvieron verificativo dentro de la demarcación territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, con apoyo además en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de dos mil, que se puede leer en la página treinta y dos, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que, de la lectura integral de la demanda, y demás constancias que obran en el expediente, se observa que el acto reclamado por la parte quejosa es: De la Jefa de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Tlalnepantla de Baz, del Instituto Mexicano del Seguro Social y Ejecutora Jazmín Roa Becerril, adscrita a dicha Oficina, la orden y ejecución de embargo realizada en calle Ignacio a la Torre sin número, colonia Zaragoza, Nicolás Romero, Estado de México, respectivamente. TERCERO. Las autoridades responsables Jefa de la Oficina para Cobros de la Subdelegación Tlalnepantla de Baz, del Instituto Mexicano del Seguro Social -denominación correcta- y Ejecutora Jazmín Roa Becerril, adscrita a dicha Oficina, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclaman, respectivamente; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa atento al contenido de las copias certificadas que remitieron como complemento de su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y, de las que se advierte la orden de embargo y su ejecución en el domicilio en el que se duele su realización el aquí quejoso; motivo por el cual, se tienen como ciertos los actos reclamados. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio. Sobre el particular, este juzgado de distrito advierte que se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Del precepto reproducido se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causen perjuicio al quejoso, es decir, que no le generen una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, los artículos 5o., fracción I, y 6o., de la ley de la materia, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En dichos numerales se prevé uno de los principios que rige el juicio de amparo, consistente en que éste sólo es procedente a instancia de parte agraviada. Lo anterior significa que un juicio de amparo no se puede iniciar de oficio por un tribunal, sino que siempre se deberá promover por aquel que considere que una ley o acto de autoridad vulnera su esfera jurídica, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o por su apoderado; por su defensor si se trata de un acto que corresponda a un procedimiento penal, por medio de cualquier persona en los casos en que la Ley de Amparo lo permita de manera expresa; y sólo se podrá seguir por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Bajo ese entendido, cabe destacar que por "agravio", se debe entender todo menoscabo u ofensa a la persona (física o moral), que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material y apreciable de manera objetiva. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el promovente, debe ser real y no sólo subjetivo; y, ese agravio debe recaer en persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto ni genérico y de realización pasada, presente o inminente; es decir, se debe haber producido o estar efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no sólo eventual, aleatorio o hipotético. Por ello, los actos probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquellos existan o haya elementos de los cuales se pueda deducir su realización futura con certeza. Luego, el agravio implica causar daño, un menoscabo patrimonial o no patrimonial, o un perjuicio, no considerado como la privación de una garantía lícita, sino como cualquier afectación cometida a la persona en su esfera jurídica. La presencia del daño o del perjuicio constituye, pues, el elemento material de agravio, pero no basta que exista dicho elemento para que haya una afectación desde el punto de vista jurídico, sino que es menester que sea causado o producido en determinada forma. En efecto, es necesario que el daño o perjuicio sean ocasionados por la autoridad al transgredir un derecho fundamental. Por ello, para que el agravio pueda ser causa generadora del juicio de amparo, necesita también ser personal, esto es, que recaiga sobre persona determinada (física o moral). Por ende, todos aquellos daños o perjuicios en que se pueda manifestar el agravio que no afecten a persona especificada de manera concreta, no se pueden reputar como agravios desde el punto de vista constitucional y no originan, por tanto, la procedencia del amparo. Además de la personal determinación del agravio, éste debe ser directo, lo cual significa que sea de realización presente, pasada o futura de manera inminente. En consecuencia, aquellas posibilidades o eventualidades en el sentido de que cualquier autoridad cause a persona determinada daño o perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no se pueden reputar como integrantes del concepto de agravio. Por ende, el agravio se traduce en daños o perjuicios que experimente una persona en los diversos bienes u objetos tutelados de forma constitucional mediante las garantías individuales en especial, ya que los bienes jurídicos de un sujeto son algo real, objetivo, de existencia ontológica, pues, los entes ideales, considerados como meras suposiciones del individuo producto de una elaboración subjetiva son indiferentes al Derecho. Por ello, toda afectación de los bienes u objetos protegidos de manera jurídica debe participar de la naturaleza real u objetiva de éstos, a fin de que sea susceptible de reparación por el Derecho. En consecuencia, para acreditar el interés jurídico es necesario que la parte quejosa demuestre que es titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado y que el acto de autoridad afecta ese derecho. En ese sentido, cuando los daños y perjuicios que una persona pueda sufrir en sus diversos bienes jurídicos no afectan de forma real u objetiva a éstos, no se puede decir que exista un agravio en el sentido jurídico del concepto; pues, si las afectaciones que constituyen un agravio deben ser reales, es evidente que su causación o existencia es susceptible de apreciación objetiva, por lo que, cuando exista daño o perjuicio en los bienes jurídicos del quejoso, tal circunstancia debe ser estimada por el Juez de Distrito. En ese orden de ideas, se debe estimar que en la especie el peticionario de amparo, no satisface el requisito indispensable para la promoción del juicio constitucional, relativo al agravio personal y directo. En efecto, si en el caso, el acto reclamado se hace consistir en esencia en el la orden de embargo y su ejecución en el domicilio ubicado en calle Ignacio a la Torre sin número, colonia Zaragoza, Nicolás Romero, Estado de México, acto que, atento a las copias certificadas que remitieron como complemento de su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que la orden de embargo y su ejecución en el domicilio del que se duele el aquí quejoso, se encuentran dirigidos a la persona moral LLANURESA, S.A. DE C.V., es decir persona diversa del aquí quejoso, sin que al caso, el peticionario de amparo, exhibiera en el presente asunto, medio probatorio alguno tendente acreditar su afectación con relación al inmueble en que se llevó a cabo dicha diligencia. Por lo que resulta inconcuso, que no se surte alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo previstas en los artículos referidos de la Ley de Amparo, pues, el reclamante carece de interés jurídico, dado que tal ejecución no le causa un agravio personal y directo, máxime que tales actos no se encuentran dirigidos al peticionario de amparo. En consecuencia, el hecho que por esta vía impugne la diligenciación de requerimiento de pago y embargo reclamado, no le causa algún perjuicio, ni se le priva de algún derecho, por lo que ante dichas circunstancias, el acto reclamado no causa un agravio personal y directo, para que se considere que el acto de autoridad afecta su interés jurídico o legítimo del gobernado, ya que se requiere la existencia de un derecho subjetivo o derivado de su particular situación en el orden jurídico y el resentimiento de un menoscabo en esa prerrogativa; por lo que, al no encontrarse acreditado tal extremo, no le genera perjuicio, para tener por actualizado el requisito de procedencia del juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero 2008, página 225, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De tal suerte, que como en la especie, cuando el acto no genera una afectación por sí mismo, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, pues sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no lesiona la esfera jurídica del particular, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado, ya que no acreditó, con prueba idónea, tener un interés legítimo individual que se vea afectado con motivo de éstos. En consecuencia, se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 61, fracción XII, con relación al diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo. Atento al sentido del presente fallo, resulta imposible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este juzgador se encuentra vedado para analizar su fondo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del Tomo VI, Octava Época, página setecientos ocho, que indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Ciro Díaz González, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, por lista electrónica a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto que de autos se desprende que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes por auto del veintidós de septiembre pasado, para que se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable citada en el mismo; a efecto de no vulnerar las reglas que rigen este asunto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con cuarenta y seis minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes
- Cintia Deyanira Herrera Enríquez1095/2019
- Cipriano Maqueda Silva817/2023
- Cipriano Martínez López490/2023
- Cira Ramírez Moreno812/2023
- Cirenia Silva Ocádiz1128/2018
- Cirino Salas Corona1719/2017
- Ciro Rodríguez Cruz523/2020
- Citlaly Tulizayat Zepeda Herrera894/2021
- City Energy, S.A.P.I. de C.V.233/2017
- Clara Guadalupe Villasana Valdez617/2017
- Clara Isabel Souto Florido948/2017
- Clara Lifshitz Gmora747/2017