Citlally Irene Mendoza López
Expediente 672/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Citlally Irene Mendoza López
Actuaciones
- Principal
El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, mayo de mil novecientos noventa y ocho, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se explica en seguida. El precepto indicado, en la fracción citada, precisa que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debe agotar los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades referidas, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Esto es así, en concordancia con el principio de definitividad el cual establece que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo alguno, se haya hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos. Ya que de otra manera, no se cumpliría con el principio referido, consistente en preservar al juicio constitucional como medio de defensa al que debe acudirse sólo cuando ya no exista la posibilidad de reparar el agravio que se alegue causa la actuación de la autoridad. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción, los cuales se encuentran perfectamente identificados en la disposición aludida. Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187016, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por otra parte, conviene señalar que el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional, establece: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño (.). De igual forma, los ordinales 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén: Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; (.). Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables (.) La interpretación de los artículos trascritos revela que el Juez de Control tiene competencia para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Por su parte, el artículo 258 del Código Nacional citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. De lo que se sigue, que toda víctima u ofendido tiene derecho a impugnar por sí, o por medio de su representante, ante la autoridad judicial, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos. Así, acorde con el marco normativo citado, está reconocido a favor de las víctimas u ofendidos, el derecho de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar. En el caso, el acto reclamado en este asunto, lo constituye la falta de acuerdo al escrito que la quejosa efectuó, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DXI/15°/6672/2017, en donde solicitó al Fiscal 15º en la Unidad Integral de la Procuraduría de Justicia Distrito XI, con sede en esta ciudad, ser depositaria del vehículo de su propiedad modelo 2016, color DARK SILVER METALICO, número de motor *********, número de serie *********. Asimismo, del escrito mediante el cual desahogó la prevención efectuada, se observa que la quejosa, es parte ofendida dentro de la carpeta de investigación que interesa. Por tanto, se estima que la peticionaria del amparo pueden reclamar ante el Juez de Control correspondiente la omisión destacada que le atribuye al fiscal responsable, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 109, fracción XXI, en concordancia con el diverso 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que el artículo 107, fracción VII de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Publico en la investigación de los delitos; en razón de que, conforme al principio de definitividad, se estatuye que el juicio de amparo únicamente será procedente cuando contra el acto reclamado se hayan agotado previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma establezca. Por lo que es imperativo para la víctima u ofendido agotar el medio de impugnación ordinario que prevé la legislación que rige el procedimiento de donde emana el acto recamado, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. En ese orden, si la quejosa tiene a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la omisión de la que ahora se duele, debe acudir a él, previo a la promoción del juicio de amparo, a fin de dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional. Motivo por el que, al no agotar el medio ordinario de defensa que la ley prevé contra la omisión del Fiscal responsable, se estima actualizada la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 27/2018 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver contradicción de tesis 233/2018, el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, pendiente de publicar, bajo el rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia indicada lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, que la quejosa manifieste violación al artículo 8º Constitucional, pues el acto del que deriva el que reclama en este asunto, proviene de una "petición" presentada ante el Fiscal que integra una carpeta de investigación, procedimiento en el que la quejosa es parte ofendida, por lo que el acto no puede ubicarse en el derecho de petición que recoge el artículo Constitucional aludido. Sino, como se dijo, en los diversos indicados en párrafos precedentes, los cuales específicamente establecen el procedimiento a seguir tratándose de omisiones de la autoridad ministerial ocurridas en la etapa de investigación. Pues, no puede ni debe dejarse al arbitrio de los justiciables determinar dichas circunstancias, al ser facultad de este juzgado de Distrito determinar tanto el acto reclamado, como los alcances de éste, en relación con el derecho constitucional que se aduce violado para ser estudiado en el Amparo, en términos del artículo 74 de la Ley de la materia. Máxime, que el juicio de amparo contra el acto que reclama la quejosa, igual deviene improcedente, pues cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento judicial, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. Al no constituir una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, de epígrafe siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." de Amparo.
- Principal
"Xalapa, Veracruz, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del *********, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 672/2018. PREVENCIÓN Ahora, este órgano Federal al analizar la demanda que se promueve, en atención a las disposiciones de la Ley de Amparo, advierte que se incumple con un requisito esencial para su tramitación, tal como se explica a continuación. Los artículos 112 y 114, de la Ley de Amparo, establecen la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la demanda en el órgano jurisdiccional, realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito relativo encuentre alguna irregularidad; se omita alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo; no se acompañara el documento con el que se acredite la personalidad de quien solicita amparo; no se expresara con precisión el acto reclamado; o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Por su parte, el artículo 108, fracción V, de la Ley de amparo, dispone que en el escrito de demanda se precisará, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado. En este sentido, al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO: La falta de acuerdo a mi petición, que por escrito de *********, hiciera dentro de la CARPETA DE INVESTIGACIÓN ********* y la que me fue recibida el ********* del mismo mes y año ya mencionado, en donde le estoy solicitando en depositaria el vehículo de mi propiedad marca *********, toda vez que resultó ser la dueña del mismo tal como lo ampara la factura número *********. (.)" De igual modo, del relato de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado e incluso de los conceptos de violación que realiza la peticionaria del amparo, se observa que viene al amparo como dueña del vehículo que fue objeto de aseguramiento de la carpeta de investigación que indica; sin embargo, de parte alguna del escrito de amparo se aprecia qué carácter le asiste dentro de dicha indagatoria. Esto es, si es imputada, víctima u ofendida o tercera interesada en dicho procedimiento. En este sentido, este Juzgado de Distrito estima que la solicitante de amparo, fue omisa en señalar que carácter le reviste dentro de los autos de la carpeta de investigación ********* de la que emana el acto reclamado. Por tanto, al existir irregularidades en el escrito de amparo que impiden a este juzgador integrar correctamente la litis; a fin de permitir el acceso a la jurisdicción en favor de la solicitante de amparo, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede efectuar el siguiente: REQUERIMIENTO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 112 y 114, fracción I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, por escrito y dentro del término de cinco días, legalmente computado, cumpla con lo siguiente: a) Indique el carácter que le asiste en la carpeta de investigación ********* de la que deriva el acto reclamado en este asunto; es decir, si es imputada, víctima u ofendida, o bien, tercera interesada en dicho procedimiento. b) Exhiba el número de copias conducentes del escrito aclaratorio, a fin de correr traslado a las partes. APERCIBIMIENTO Apercíbase a la solicitante del amparo que de cumplir con el inciso a) de la prevención efectuada, dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 114, párrafo segundo, de la ley reglamentaria. Asimismo, hágase saber a la promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Es aplicable, la tesis jurisprudencial 2a./J. 88/2006 emitida por la Segunda Sala, visible en la página trecientos cuarenta y ocho, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174745 bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". De igual forma, se hace de conocimiento de la parte quejosa del delito en que puede incurrir quien declara con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto por el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los ESTRADOS de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********* debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Y, como autorizado únicamente en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a *********, toda vez que no cuenta con cédula registrada en el sistema computarizado en el párrafo anterior. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones que se realicen en este juicio de amparo, a las partes que se encuentren facultadas para ello y lo soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas, previa identificación y razón que por su recibo se otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad, de que no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable."
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