Citlalli Abigail Arellano Gómez
Expediente 929/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Citlalli Abigail Arellano Gómez
Actuaciones
- Principal
Parte quejosa interpone recurso de queja, se da trámite, ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, remítase copia certificada de todo lo actuado junto con el original y copia del escrito de expresión de agravios a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, para su substanciación.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, promovida por ********** por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz (actualmente Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 929/2019 que le corresponde. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la promovente señala como acto reclamado: ? La resolución de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del juicio ordinario civil número *********, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial, con sede en Coatepec, Veracruz, mediante el cual decretó el depósito de la menor de edad de identidad resguardad a favor de ********En principio, debe decirse que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el arábigo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) Debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa a la observancia del principio de definitividad, el cual se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La disposición legal transcrita, establece lo que se conoce como principio de definitividad, consistente en que los quejosos, previamente al ejercicio de la acción constitucional, deben agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de garantías. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa. Lo anterior es así, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos humanos contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado, salvo cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. En ese sentido, tratándose de actos emitidos por tribunales, judiciales, administrativos o laborales, antes de promover la demanda de garantías, el interesado debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan en contra del acto de autoridad, previo a la instauración del juicio de amparo. Al respecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, emitió la Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, visible en la página novecientos dos, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En ese sentido, en contra de la resolución combatida procede la reclamación establecida en el Capítulo II del Título Quinto, último párrafo del artículo 162, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone: "TÍTULO QUINTO. (.) CAPÍTULO II. Del depósito o guarda de personas como acto prejudicial. (.) "ARTÍCULO 162. ... Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso." Del dispositivo legal de referencia, se aprecia que cualquier reclamación sobre medidas tomadas respecto al depósito de personas como acto prejudicial, se resolverá con un solo escrito de cada parte sin que proceda en su contra recurso alguno. De esta forma, acorde con la última parte de dicho numeral 162, la diligencia practicada para el cercioramiento de la necesidad de la medida y el depósito de personas, admite el recurso de reclamación, pues dicho precepto legal señala que la reclamación procede contra todas las medidas a que se refiere el capítulo de "Depósito o guarda de personas como acto prejudicial." Por tanto, si la quejosa manifestó en su escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, que la controversia en la resolución del expediente 751/2019/III, versa sobre el depósito y guarda de una menor de edad, resulta aplicable dicho capítulo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y por tanto, todas las medidas ahí establecidas. En consecuencia, es inconcuso que previo a instar este juicio biinstancial, era menester que la quejosa agotara el medio ordinario de defensa que prevé el código procesal de la entidad, es decir, la reclamación a que hace alusión la última parte del artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1./J 113/2013 visible en la página 350, Tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." Cabe precisar que la quejosa es parte en el expediente relativo al depósito de personas como acto prejudicial del que deriva el acto reclamado, por lo que no se ubica en la hipótesis de excepción a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la materia, esto es, que se trate de una persona extraña al procedimiento natural, sea en forma total o por equiparación. Así, la promovente del amparo una vez que tuvo conocimiento del depósito estuvo en aptitud de comparecer al acto prejudicial de origen e interponer el medio de defensa previsto en la legislación civil. Lo anterior, se robustece con el hecho de que la propia quejosa en su escrito inicial de demanda manifestó bajo protesta de decir verdad que había sido notificada del acto que por esta vía reclama trece de septiembre de dos mil diecinueve, de ahí que, se enteró que a éste le fue concedido el depósito judicial de la menor de identidad resguardada; por tanto, desde que tuvo conocimiento se encontraba en aptitud de agotar el medio de defensa ordinario. Con independencia de la fecha en que se enteró del acto prejudicial, la quejosa estaba obligada a agotar el recurso de reclamación pues, como se indicó, es parte dentro de ese procedimiento cautelar al ser la madre de la menor depositada. Por consiguiente, la quejosa tenía la oportunidad de defensa a través de un recurso ordinario y se encontraba legitimada porque, se insiste, el depósito de persona efectuado como medida cautelar prejudicial se ordenó en relación con su menor hija a instancia del padre de ésta. Sirve de apoyo a tal consideración, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, Página: 2968,de rubro y texto siguiente: "DEPÓSITO DE MENORES. EL PROGENITOR AFECTADO ESTÁ LEGITIMADO PARA RECLAMAR ESA MEDIDA CAUTELAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si tercero extraño es aquel que no tiene oportunidad de defensa en un procedimiento por ser ajeno a éste, y si en un depósito de persona efectuado como medida cautelar prejudicial éste se ordena en relación con un menor a instancia de uno de los progenitores, el otro está legitimado para reclamar dicha medida en términos del artículo 162, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, porque al tener a su alcance ese medio dentro del procedimiento, no puede considerarse a éste como extraño." Además, en el caso resulta que el acto en análisis no es de aquéllos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, por lo que tampoco se está en el supuesto de excepción a que se refiere el inciso a) de la fracción y numeral antes invocados. También, debe decirse que el acto reclamado no se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal de la quejosa, por lo que es evidente que no se ésta en un caso de excepción. Asimismo, la procedencia del recurso de reclamación se encuentra previsto de manera expresa y directa, en la última parte del numeral 162 del citado código procesal civil de la entidad, por lo que no se encuentra sujeto a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Sirve de apoyo, la tesis XVI.2o.C.T.1K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL)." Asimismo, en los juicios en que intervienen menores o se vean afectados sus derechos, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, por sí mismo, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y requisitos de procedencia del juicio de amparo, aclarando que no se aprecia un motivo de excepción para la procedencia del mismo velando por el interés superior del menor. Por lo tanto, resulta palmario que la impetrante de amparo, previamente a la promoción del presente controvertido, debió interponer el recurso de reclamación previsto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, a través del cual podía obtener su revocación, modificación o nulificación. Por lo que al no haberlo hecho así, es evidente que en la especie no se acató el principio de definitividad que hace procedente al juicio constitucional, lo que hace de suyo que se actualice la causa de improcedencia en estudio, al no advertirse alguna excepción a ese principio de definitividad que la eximiera de enderezar este juicio constitucional. En consecuencia, con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA la demanda de amparo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Lo anterior, hágase de conocimiento a la parte quejosa y hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, para los efectos legales a que haya lugar. Consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias de la demanda de amparo que acompañan para mejor manejo del expediente. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y los puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que los tribunales, así como en los expedientes judiciales que ante ellos se radican, debe atenderse primordialmente al interés superior del niño; por lo que se debe ordenar lo procedente para proteger el interés superior del menor y tomar aquellas medidas necesarias para mantener a salvo su identidad, ello con la finalidad de velar por el interés superior de éste. Por tanto, este juzgado ordena guardar sigilo respecto de cualquier dato o documento que revele la identidad de menores, atendiendo a su interés superior. En este sentido, debido a que en el escrito de demanda que se proveee, se proporcionan datos de identificación de una menor, guárdense en sobre debidamente sellado, rubricado y entre sellado, el cual deberá glosarse a estos autos. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo.
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