Citlali Selene Muñiz Saavedra
Expediente 371/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/03/2016
Partes del expediente
- Citlali Selene Muñiz Saavedra
- Juez Primero Civil de Primera Instancia del Estado de Queretaro
Actuaciones
- Principal
Vistos; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, promovida por Citlali Selene Muñiz Saavedra, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...IV
- Principal
Visto lo de cuenta; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de diez de febrero de dos mil dieciséis, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en autos. En principio debe precisarse que por sentencia de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.] I. Atento al principio de relatividad de las sentencias que rige los juicios de amparo, para que se dejen de aplicar a la quejosa los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente, que han sido declarados inconstitucionales, durante el lapso de su vigencia. . II. Tomando en consideración que lo dispuesto en el artículo 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, en los términos expuestos en párrafos precedentes, lo que conlleva que no se afecta el mecanismo impositivo esencial, el efecto de la concesión de la protección constitucional respecto del acto de aplicación que resultó viciado, es para que el contribuyente quejoso únicamente pague la cantidad mínima establecida para el cobro de los derechos por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, esto es, sin considerar el monto de la operación para determinar dicha contribución. Lo anterior, tomando en consideración que los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero existe diversa disposición complementaria que prevé también una cantidad fija mínima a pagar sin considerar dicho valor, tal como así se advierte del contenido del artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente. Por tanto, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa porcentual precisada en los preceptos declarados inconstitucionales, pero sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima prevista en el diverso artículo recientemente transcrito, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes y no considera el tipo o monto de la operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta la garantía de proporcionalidad que ha sido considerada violada. En esa virtud el amparo se concede para el efecto de que al determinarse el derecho que por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deba pagar ********************, con motivo del acto jurídico referido como "compraventa de inmuebles" y "constitución de garantías reales", pasado ante la fe del Notario Público Número Treinta, se aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente, y en consecuencia, se restituya a la parte quejosa el numerario excedente de la cantidad que haya pagado por la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales, en el caso particular, atento al contenido de los recibos de pago, con números de operación ********************, ******************** y ********************, todos de diecisiete de noviembre de dos mil quince, expedidos por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, a su nombre. [.]" Por auto de diez de febrero de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia y se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, porque mediante oficio ********************, recibido en este juzgado el cinco de febrero de dos mil dieciséis, el Delegado del Secretario de Planeación y Finanzas, así como del Director de Ingresos adscrito a dicha Secretaría, ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, informó que se encuentra a disposición de la quejosa en las instalaciones de la autoridad el cheque número 0333034, que ampara la cantidad de $12,223.00 (doce mil doscientos veintitrés pesos 00/100 m.n.), expedido a nombre de la parte quejosa, cantidad que resultó de la aplicación de la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente, e informó que queda enterado que los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente, se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad exactora, dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Sin que obste para emitir el presente pronunciamiento el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió a recoger el monto líquido a su favor, toda vez que la presente calificación no puede estar supeditada a la voluntad del promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a disposición de la parte agraviada el monto susceptible de devolución, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora, de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto, sin que este juzgado pueda ejercer medios coactivos para tal efecto, pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Hágase del conocimiento de la parte quejosa el contenido de este proveído; y, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...V
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