Ciro Eduardo González Cruz Manjarrez
Expediente 708/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 32 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 26/10/2023
Partes del expediente
- Ciro Eduardo González Cruz Manjarrez
- Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. I. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Querétaro y la Coordinadora Operativa del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Querétaro; mediante los cuales, en atención al requerimiento formulado en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, informan sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, asimismo, remiten las constancias en que sustentan dicha cuestión; atento a ello, se provee: II. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con los oficios y anexos de cuenta para que, dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, con o sin su desahogo, se efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de octubre de dos mil veintitrés. I. Se recibe oficio. Agréguese a los autos el oficio que se signa en representación del Director General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en tanto informa que el aquí quejoso se encuentra incorporado al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, desde el periodo de mayo-junio del ejercicio fiscal dos mil veintidós. Sin embargo, no ha lugar por tener por cumplida la sentencia de amparo por las siguientes consideraciones. II. Estado de autos. Al respecto, cabe precisar que los efectos de la concesión de amparo fueron los siguientes:[....] Ello, en razón de las consideraciones que se vertieron en la sentencia definitiva de tres de enero de dos mil veintitrés, que en lo que interesa, se transcribe:[...] III. Se requiere por última ocasión. En tal virtud, requiérase por última a la citada autoridad, para que dentro del improrrogable término de diez días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado, copia certificada, completa y legible de las constancias con las que dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es: Remita copia certificada de las constancias que avalen que al quejoso ******************** se le hizo entrega de forma retroactiva del pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a partir del mes de septiembre de dos mil veintiuno, hasta la fecha en que se le dio de alta en dicho programa, esto es, hasta el periodo de mayo-junio de dos mil veintidós. Bajo apercibimiento que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, es dable hacer del conocimiento de la autoridad citada, que deberá realizar las gestiones que resulten eficaces para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, evitando hacer uso de evasivas o procedimientos ilegales, lo cual ocurre cuando: Evasivas: si la autoridad responsable lleva a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Procedimientos Ilegales: si se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, o bien, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Por tanto, habrá desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad abiertamente o con evasivas se abstiene totalmente de obrar en relación con los deberes jurídicos impuestos por la ejecutoria, o bien, no realiza la obligación de dar, hacer o no hacer, que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó infringida en la sentencia. Da sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justifica de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, materia común, de contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Máxime que la autoridad al llevar a cabo las gestiones encaminadas al cumplimiento, deberá respetar en todo momento el principio de economía procesal, que persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene por objeto hacer el procedimiento más ágil y eficiente, lo que implica el respeto al principio de una administración de justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imprimiéndole celeridad al proceso judicial; lo cual no acontecería si realiza actos intrascendentes, secundarios, poco relevantes o contradictorios para lograr el cumplimiento. Sustenta lo anterior, la tesis IV.1o.A.10 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, materia común, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. En el sistema jurídico mexicano, la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, a pesar de que la quejosa manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el Juez Federal, debe verificar que la sentencia se encontraba cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al convenio de las partes; por tal motivo, si la comparecencia de la parte quejosa, tiene un efecto de dimisión o renuncia de la protección constitucional al momento de emitir la determinación el Juez Federal, de ninguna manera debe estar por encima de la ejecutoria de amparo."
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, advierte que feneció el término de diez días otorgado mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, a la autoridad responsable Director General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, para dar cumplimiento al requerimiento formulado en autos. II. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad para que, dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles, contado a partir de la notificación del presente auto, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en la inteligencia que deberá remitir copia certificada de las constancias con que así lo acredite. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así en el término indicado, se hará acreedor a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese; por oficio a la aludida autoridad responsable.
- Principal
Querétaro, Querétaro, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte, que feneció el plazo concedido a la autoridad conminada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, para que dentro del ámbito de su competencia de cumplimiento a los efectos postulados en el fallo protector, sin que hayan realizado lo propio. II. Requerimiento. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, SE REQUIERE nuevamente al Director General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría del Bienestar, para que en el improrrogable plazo de diez días, cumpla con el fallo protector otorgado. En la inteligencia que dicha autoridad deberá informar las gestiones realizadas, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten los trámites realizados tendientes a cumplir con la sentencia dictada en autos, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, lo que en su caso, deberá acreditar fehacientemente. III. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán efectivas las medidas de apremio decretadas en autos. Notifíquese; y por oficio al Director General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría del Bienestar.
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