Citlali Pérez García

Expediente 2051/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2051/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2016

Partes del expediente

  • Citlali Pérez García

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por CITLALI PÉREZ GARCÍA en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Cuautla, Morelos, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda presentado por CITLALI PÉREZ GARCÍA en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Cuautla, Morelos, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Actuario Adscrito, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese bajo el número 2051/2016-V. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta : Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado. La parte quejosa reclama el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis dictado en el expediente TJA/3AS/317/2016, por el cual se concede la suspensión a Armando Martínez Contreras (tercero interesado en la presente contienda), para que no se ejecute la resolución definitiva de cuatro de octubre de este año emitida en el expediente R.RV.CHyJ/006/2016, hasta en tanto se resuelva el fondo del citado asunto. A mayor abundamiento y de lo narrado por la impetrante se advierte lo siguiente: 1.- La autoridad quejosa inició procedimiento administrativo en contra de Armando Martínez Contreras, por acumulación de faltas, sin justificar. 2.-El 31 de agosto de 2016, el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Cuautla, Morelos, determinó separar del cargo de Policía Adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos a Armando Martínez Contreras. 3.- Inconforme con tal determinación, el tercero interesado recurrió la misma. El 4 de octubre de 2016 se resolvió el recurso de revisión interpuesto por Armando Martínez Contreras. Sentencia en la que se determinó confirmar la resolución recurrida. 4.- Posteriormente, Armando Martínez Contreras interpuso demanda administrativa con suspensión de los actos; el 18 de octubre de 2016, se concedió la suspensión para efecto de que no se ejecute la resolución definitiva de cuatro de octubre de este año. 5.- En desacuerdo con la suspensión de la sentencia definitiva que ordena la separación del cargo de policía del tercero interesado, la quejosa combate en esta instancia la suspensión concedida a Armando Martínez Contreras el 18 de octubre de este año, y refiere que fue notificada del acto que hoy combate el 25 de octubre de 2016. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Excepciones que no se actualizan en el caso concreto, pues no se está ante actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni actos que afecten la libertad personal del quejoso, y la impetrante no se ostenta como tercero extraño al juicio de origen. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En ese orden de ideas, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. En lo conducente sirve de apoyo esta jurisprudencia: Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001155 1 de 1 Primera Sala Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Pag. 729 Jurisprudencia(Común) "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Como quedó demostrado, la quejosa se encuentra plenamente notificada de la existencia del juicio administrativo de origen. Al respecto, el artículo 148 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos señala la existencia de un medio de defensa para combatir los autos que concedan o nieguen la suspensión de los actos; artículo que señala lo siguiente: "ARTÍCULO 148. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contraafianza, procederá el recurso de reclamación en la forma y términos previstos por esta Ley." A mayor abundamiento, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, precisa el trámite del citado recurso, ya que señala lo siguiente: "ARTÍCULO 137. El recurso de reclamación procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala. ARTÍCULO 138. El recurso de reclamación deberá interponerse por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la actuación impugnada, expresando los agravios que dicha actuación cause al recurrente. ARTÍCULO 139. Del escrito de reclamación se dará vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho término, el Pleno del Tribunal resolverá lo que en derecho proceda. ARTÍCULO 140. El Pleno del Tribunal podrá desechar de plano aquellos recursos notoriamente improcedentes o que se interpongan con la finalidad de retardar el procedimiento. ARTÍCULO 141. Contra las resoluciones que se dicten en los recursos de queja o reclamación, no procederá recurso alguno." Por lo expuesto, tenemos que el recurso de reclamación constituye un medio de defensa dentro del procedimiento administrativo de origen, en virtud del cual, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, por tanto la quejosa está obligada a agotarlo antes de la promoción del juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, sin que este juzgado advierta la actualización de alguna de las excepciones previstas por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En lo conducente, resultan aplicables las siguientes jurisprudencias: Tesis: X.1o.7 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195172 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VIII, Noviembre de 1998 Pag. 565 Tesis Aislada(Administrativa) "RECLAMACIÓN, RECURSO DE. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO). Si de autos se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que sobreseyó en el juicio de origen, el quejoso, antes de ocurrir al juicio de amparo directo, debe interponer el recurso de reclamación previsto en el artículo 94 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que en su primer párrafo establece, que dicho medio de impugnación procede contra resoluciones que admitan, desechen, o tengan por no presentada la demanda, la contestación o ampliación de ambas, o alguna prueba, concedan o nieguen la suspensión, la improcedencia o el sobreseimiento del juicio, o aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero; y al no haberlo hecho así, el juicio de garantías que promueve es a todas luces improcedente y por ende debe sobreseerse en términos del artículo 73, fracción XIII, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187016 1 de 1 SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Tomo XV, Mayo de 2002 Pág. 902 Jurisprudencia(Común) "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Una vez precisado lo anterior, al surtirse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por CITLALI PÉREZ GARCÍA en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Cuautla, Morelos, en términos del artículo 113 de la propia ley. No obstante lo anterior, no pasa inadvertido el contenido del artículo 7 de la Ley de Amparo, que al respecto precisa que cualquier persona moral pública podrá solicitar el amparo por conducto de los servidores públicos o representantes, cuando el acto reclamado afecte en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad; Sin embargo, del contenido de la demanda de cuenta no es posible advertir si el patrimonio de la Secretaria de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Cuautla, Morelos se ve afectada con la ejecución del acto reclamado. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, que es de la literalidad siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Asimismo, se tienen por autorizados en los términos señalados, a las personas propuestas en el escrito de cuenta. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; además, se les indica que las promociones que dirijan a este asunto deberán contener el número de expediente y mesa de trámite.

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