Ciro Rivera Palacios
Expediente 1712/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1712/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ciro Rivera Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1712/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de los que se advierte que a la presente data no obra constancia de notificación personal realizada a la parte quejosa, respecto de la resolución de diecinueve de junio pasado; en obvio de mayores dilaciones, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que practique la notificación de mérito a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. YARIGH*
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de ocho de julio de dos mil diecinueve, y la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, que en lo conducente establecen: ... Cuernavaca, Morelos, ocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de los que se advierte que a la presente data no obra constancia de notificación personal realizada a la parte quejosa, respecto de la resolución de diecinueve de junio pasado; en obvio de mayores dilaciones, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que practique la notificación de mérito a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. YARIGH* Visto para resolver el juicio de amparo 1712/2018-III, promovido por CIRO RIVERA PALACIOS, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido al día siguiente a este Juzgado por razón de turno, CIRO RIVERA PALACIOS, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades señaladas como Gobernador del Estado de Morelos y Secretario de Movilidad y Transportes en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Tramite de la demanda. El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda; inconforme con la determinación, la parte quejosa promovió recurso de queja que fue del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el que por sesión de cuatro de abril de dos mil diecinueve, declaró fundado el recurso de queja al considerar que resultaba necesario sustanciar el juicio para que el juzgador se allegara de más y mejores elementos para poder dilucidar si estaba o no en el supuesto de exigir la definitividad. Por consiguiente, el quince de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda promovida por CIRO RIVERA PALACIOS, por cuanto a los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y otra autoridad, solicitándoles sus respectivos informes justificados, señalándose fecha y hora para la audiencia constitucional la que inicio en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama del Gobernador del Estado y del Secretario de Movilidad y Transportes, ambos del Estado de Morelos es: La omisión o negativa de emitir la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, estableciéndose como plazo para llevar a cabo dicha regularización hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciocho y, como consecuencia la negativa a renovar el permiso de circulación temporal que le fue otorgado para la prestación del servicio público sin itinerario fijo (taxi), con número de concesión 1116 LTP. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO: Son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado y al Secretario de Movilidad y Transportes, ambos del Estado de Morelos, consistentes en la omisión de emitir la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, y como consecuencia la negativa a renovar el permiso de circulación temporal que le fue otorgado al promovente de amparo. Pues no obstante que hayan negado el acto reclamado, de las manifestaciones vertidas en su informe justificado se evidencia lo contrario, ello es así pues la primera de las autoridades en mención manifestó que la facultad de expedir la declaratoria de necesidades, es exclusiva del Ejecutivo del Estado, mientras que el Gobernador del Estado de Morelos manifestó que dichas facultades ya fueron delegadas al Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos. Aunado a ello, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa es de carácter negativo, la carga de la prueba ante la inexistencia referida de los informes corresponde a las propias autoridades responsables. Apoya lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 81857, consultable en el Semanario Judicial de la Federación en el Volumen 5, Tercera Parte, pagina 13, de la séptima época, del rubro: "ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO." De igual forma la tesis II.2o.201 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, registro 213037, consultable en el Semanario Judicial de la Federación en el Tomo XIII, Marzo de 1994, página 301, de la octava época, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME." Por ello como se mencionó, son ciertos los actos reclamados, puesto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, las responsables no acreditaron haber emitido la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago referida con documento respectivo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucional del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia respecto de los actos reclamados, por ser una cuestión oficiosa en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. A juicio de quien resuelve, atento al estado procesal que guarda el expediente se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I y, 6 de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el ahora quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio de garantías, por los motivos que a continuación se expondrán. En primer lugar se trascriben los artículos antes invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." De la porción normativa reproducida se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, es decir, cuando no se demuestre la titularidad de un derecho subjetivo público tutelado por la ley y la existencia de un agravio personal, inmediato y directo que acredite la violación a ese derecho. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De esos preceptos se infiere que la procedencia de la acción de amparo supone que el acto reclamado cause un perjuicio al quejoso o agraviado, lo que se traduce en la necesidad de contar con la titularidad de los derechos conculcados; de manera que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, que es lo que legitima la posibilidad de acudir a la instancia constitucional. Por tanto, el criterio general al que debe atenderse para determinar la factibilidad de ocurrir al juicio de amparo, es la afectación al interés jurídico del solicitante, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera de derechos, lo que debe acreditarse fehacientemente en el juicio constitucional y no inferirse con base en presunciones, por lo que no se puede hablar de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 170500, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Enero de 2008, página: 225, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Asimismo, sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de número de registro 203522, publicada en la página 148, del Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se trascribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones". De ese marco jurídico se sigue que el juicio de amparo es un medio de control de la regularidad de los actos de las autoridades, que se caracteriza por el principio de instancia de parte agraviada, que inspira el contenido del artículo 6 de la Ley de Amparo, y se traduce en que el juicio únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o el acto que se reclame. Por tanto, para que el gobernado esté en aptitud de acudir a la Justicia Federal a plantear la defensa de un derecho, es presupuesto indispensable que sea titular de esa prerrogativa y que ésta esté legítimamente tutelada por el orden normativo vigente, además de que precisamente ese derecho haya sido trastocado por el acto de autoridad. De ahí se obtiene que los presupuestos que integran el interés necesario para instar la acción de amparo son los siguientes: a) La existencia y titularidad de un derecho. b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un ente autoritario. Así que el interés para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta de la autoridad, proviene del perjuicio que se ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de control constitucional a exigir el cese de esa violación. Por eso, si el acto autoritario no afecta los intereses del accionante del amparo, el juicio que promueva será improcedente, según lo previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es ilustrativa la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), de número de registro 2003293, visible en la página 1807, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". En el caso, CIRO RIVERA PALACIOS, reclama en la presente instancia constitucional la omisión o negativa de las autoridades señaladas como responsables de emitir la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, estableciéndose como plazo para llevar a cabo dicha regularización hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciocho y, como consecuencia la negativa a renovar el permiso de circulación temporal que le fue otorgado para la prestación del servicio público sin itinerario fijo (taxi), con número de concesión 1116 LTP; sin embargo, se observa de autos que no aportó medio de convicción alguno para acreditar la titularidad del derecho cuya tutela reclama. Cierto, se debe recodar que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, pues a fin de merecer la protección constitucional, se encuentra obligado a justificar tal derecho, ya que sólo así se tendría una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la certeza de que tiene un derecho jurídicamente tutelado sobre el bien controvertido, así como la identidad entre dicho bien y el afectado por el juicio de origen para de esta manera lograr la protección de la justicia Federal a su favor. Por tanto, a efecto de dilucidar si el impetrante del amparo cuenta con interés jurídico para acceder al juicio constitucional, se debe mencionar que el ahora quejoso compareció por derecho propio y como titular de un derecho subjetivo, en el caso aduce ser concesionario de un permiso de servicio público sin itinerario fijo (taxi), al cual le fueron asignadas las placas de servicio público de número 1116 LTP por la Secretaria de Movilidad y Transporte en el Estado de Morelos. Sin embargo, se advierte que la parte quejosa no ofreció en el presente sumario medio de convicción alguno para acreditar ser titular del derecho subjetivo con el que se ostenta, es decir, concesionario de un permiso de servicio público sin itinerario fijo (taxi), de lo que se obtiene que no cumple con el requisito de interés jurídico que establece la Ley de Amparo, ello dado que lo que pretende con el presente juicio constitucional es la renovación de la concesión de la que aduce ser titular, por lo tanto, no se advierte que los actos reclamados afecten de manera directa, real, objetiva y jurídica el derecho con el que el quejoso se ostenta, pues no acreditó dicho extremo, requisito necesario para la procedencia del juicio de amparo, de ahí que los actos que reclama no le causen perjuicio en sus derechos subjetivos. Consecuentemente, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, por ende se debe sobreseer en el juicio, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, por cuanto a los actos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos y al Secretario de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por CIRO RIVERA PALACIOS, por cuanto a los actos y autoridades precisados en el segundo considerando, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 1712/2018-III, promovido por CIRO RIVERA PALACIOS, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido al día siguiente a este Juzgado por razón de turno, CIRO RIVERA PALACIOS, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades señaladas como Gobernador del Estado de Morelos y Secretario de Movilidad y Transportes en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Tramite de la demanda. El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda; inconforme con la determinación, la parte quejosa promovió recurso de queja que fue del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el que por sesión de cuatro de abril de dos mil diecinueve, declaró fundado el recurso de queja al considerar que resultaba necesario sustanciar el juicio para que el juzgador se allegara de más y mejores elementos para poder dilucidar si estaba o no en el supuesto de exigir la definitividad. Por consiguiente, el quince de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda promovida por CIRO RIVERA PALACIOS, por cuanto a los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y otra autoridad, solicitándoles sus respectivos informes justificados, señalándose fecha y hora para la audiencia constitucional la que inicio en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama del Gobernador del Estado y del Secretario de Movilidad y Transportes, ambos del Estado de Morelos es: La omisión o negativa de emitir la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, estableciéndose como plazo para llevar a cabo dicha regularización hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciocho y, como consecuencia la negativa a renovar el permiso de circulación temporal que le fue otorgado para la prestación del servicio público sin itinerario fijo (taxi), con número de concesión 1116 LTP. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO: Son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado y al Secretario de Movilidad y Transportes, ambos del Estado de Morelos, consistentes en la omisión de emitir la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, y como consecuencia la negativa a renovar el permiso de circulación temporal que le fue otorgado al promovente de amparo. Pues no obstante que hayan negado el acto reclamado, de las manifestaciones vertidas en su informe justificado se evidencia lo contrario, ello es así pues la primera de las autoridades en mención manifestó que la facultad de expedir la declaratoria de necesidades, es exclusiva del Ejecutivo del Estado, mientras que el Gobernador del Estado de Morelos manifestó que dichas facultades ya fueron delegadas al Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos. Aunado a ello, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa es de carácter negativo, la carga de la prueba ante la inexistencia referida de los informes corresponde a las propias autoridades responsables. Apoya lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 81857, consultable en el Semanario Judicial de la Federación en el Volumen 5, Tercera Parte, pagina 13, de la séptima época, del rubro: "ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO." De igual forma la tesis II.2o.201 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, registro 213037, consultable en el Semanario Judicial de la Federación en el Tomo XIII, Marzo de 1994, página 301, de la octava época, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME." Por ello como se mencionó, son ciertos los actos reclamados, puesto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, las responsables no acreditaron haber emitido la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago referida con documento respectivo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucional del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia respecto de los actos reclamados, por ser una cuestión oficiosa en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. A juicio de quien resuelve, atento al estado procesal que guarda el expediente se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I y, 6 de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el ahora quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio de garantías, por los motivos que a continuación se expondrán. En primer lugar se trascriben los artículos antes invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." De la porción normativa reproducida se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, es decir, cuando no se demuestre la titularidad de un derecho subjetivo público tutelado por la ley y la existencia de un agravio personal, inmediato y directo que acredite la violación a ese derecho. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De esos preceptos se infiere que la procedencia de la acción de amparo supone que el acto reclamado cause un perjuicio al quejoso o agraviado, lo que se traduce en la necesidad de contar con la titularidad de los derechos conculcados; de manera que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, que es lo que legitima la posibilidad de acudir a la instancia constitucional. Por tanto, el criterio general al que debe atenderse para determinar la factibilidad de ocurrir al juicio de amparo, es la afectación al interés jurídico del solicitante, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera de derechos, lo que debe acreditarse fehacientemente en el juicio constitucional y no inferirse con base en presunciones, por lo que no se puede hablar de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 170500, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Enero de 2008, página: 225, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Asimismo, sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de número de registro 203522, publicada en la página 148, del Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se trascribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones". De ese marco jurídico se sigue que el juicio de amparo es un medio de control de la regularidad de los actos de las autoridades, que se caracteriza por el principio de instancia de parte agraviada, que inspira el contenido del artículo 6 de la Ley de Amparo, y se traduce en que el juicio únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o el acto que se reclame. Por tanto, para que el gobernado esté en aptitud de acudir a la Justicia Federal a plantear la defensa de un derecho, es presupuesto indispensable que sea titular de esa prerrogativa y que ésta esté legítimamente tutelada por el orden normativo vigente, además de que precisamente ese derecho haya sido trastocado por el acto de autoridad. De ahí se obtiene que los presupuestos que integran el interés necesario para instar la acción de amparo son los siguientes: a) La existencia y titularidad de un derecho. b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un ente autoritario. Así que el interés para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta de la autoridad, proviene del perjuicio que se ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de control constitucional a exigir el cese de esa violación. Por eso, si el acto autoritario no afecta los intereses del accionante del amparo, el juicio que promueva será improcedente, según lo previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es ilustrativa la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), de número de registro 2003293, visible en la página 1807, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". En el caso, CIRO RIVERA PALACIOS, reclama en la presente instancia constitucional la omisión o negativa de las autoridades señaladas como responsables de emitir la convocatoria y declaratoria de necesidad de otorgar las concesiones o permisos pendientes por el periodo de dos años para aquellos concesionarios o permisionarios que acrediten haber cubierto la obligación de pago con documento respectivo, estableciéndose como plazo para llevar a cabo dicha regularización hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciocho y, como consecuencia la negativa a renovar el permiso de circulación temporal que le fue otorgado para la prestación del servicio público sin itinerario fijo (taxi), con número de concesión 1116 LTP; sin embargo, se observa de autos que no aportó medio de convicción alguno para acreditar la titularidad del derecho cuya tutela reclama. Cierto, se debe recodar que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, pues a fin de merecer la protección constitucional, se encuentra obligado a justificar tal derecho, ya que sólo así se tendría una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la certeza de que tiene un derecho jurídicamente tutelado sobre el bien controvertido, así como la identidad entre dicho bien y el afectado por el juicio de origen para de esta manera lograr la protección de la justicia Federal a su favor. Por tanto, a efecto de dilucidar si el impetrante del amparo cuenta con interés jurídico para acceder al juicio constitucional, se debe mencionar que el ahora quejoso compareció por derecho propio y como titular de un derecho subjetivo, en el caso aduce ser concesionario de un permiso de servicio público sin itinerario fijo (taxi), al cual le fueron asignadas las placas de servicio público de número 1116 LTP por la Secretaria de Movilidad y Transporte en el Estado de Morelos. Sin embargo, se advierte que la parte quejosa no ofreció en el presente sumario medio de convicción alguno para acreditar ser titular del derecho subjetivo con el que se ostenta, es decir, concesionario de un permiso de servicio público sin itinerario fijo (taxi), de lo que se obtiene que no cumple con el requisito de interés jurídico que establece la Ley de Amparo, ello dado que lo que pretende con el presente juicio constitucional es la renovación de la concesión de la que aduce ser titular, por lo tanto, no se advierte que los actos reclamados afecten de manera directa, real, objetiva y jurídica el derecho con el que el quejoso se ostenta, pues no acreditó dicho extremo, requisito necesario para la procedencia del juicio de amparo, de ahí que los actos que reclama no le causen perjuicio en sus derechos subjetivos. Consecuentemente, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, por ende se debe sobreseer en el juicio, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, por cuanto a los actos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos y al Secretario de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por CIRO RIVERA PALACIOS, por cuanto a los actos y autoridades precisados en el segundo considerando, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en las labores de este juzgado así lo permitieron.
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