Citlali Nancy Rugerio Gallardo

Expediente 1784/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1784/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Citlali Nancy Rugerio Gallardo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de tres de octubre de dos mil diecinueve por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documentos. No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado...

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante auto del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se requirió a la quejosa ..., a fin de que bajo protesta de decir verdad manifestara qué tipo de divorcio es el que promovió ante el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, así como, si en el juicio de origen están involucrados menores y, de ser así, indicara si promueve el presente asunto por propio derecho o en representación de los mismos, sin que lo hubiera hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se le tiene promoviendo únicamente por propio derecho. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo y las constancias remitidas por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, se provee lo siguiente. Desechamiento. Procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Para sustentar dicha aseveración, conviene precisar el contenido de las disposiciones referidas, que son del tenor siguiente. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De los preceptos legales transcritos, se desprende uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional, relativo a la existencia de un agravio actual y directo, entendido como la lesión o afectación de los derechos de una persona, mediante una resolución judicial o cualquier acto de autoridad, es decir, se trata del perjuicio o afectación de un derecho. En efecto, el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas. En torno de las características del agravio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Así, se tiene que el agravio es presente cuando los efectos del mismo operan al promoverse el amparo, mientras que se considera que el agravio es pasado cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En el caso concreto, la promovente reclama la dilación procesal consistente en la omisión de dictar sentencia en el juicio de divorcio 646/2019 del índice de la responsable. Por lo que con la finalidad de corroborar que la omisión reclamada no actualiza la existencia de un agravio actual y directo, es necesario precisar que al resolver la contradicción de tesis 294/2018 en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra dilaciones en el dictado de proveídos y laudos está sujeta a que hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. La determinación anterior se sustentó en que el legislador dispuso en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo que el periodo máximo en que el juicio laboral podía permanecer inmóvil era precisamente esos cuarenta y cinco días. Cabe señalar que aunque la jurisprudencia mencionada con anterioridad es en materia laboral, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 50/2019 de su índice, se pronunció acerca de una dilación procesal en materia civil, aplicando analógicamente dicho criterio, en el que se sostuvo lo siguiente: "De ahí que, se insiste, lo interpuesto contra violaciones de naturaleza adjetiva, es por regla general, notoriamente improcedente a menos que el juez federal advierta del contenido de la demanda de amparo que exista una abierta demora del procedimiento o su paralización total, situación que a juicio del inconforme acontece, al señalar que ante la falta de análisis del acto reclamado el juicio de origen quedaría paralizado. Empero, de las constancias que remitió el juez de distrito se advierte que el acto reclamado se emitió el siete de enero de dos mil diecinueve y la presentación del escrito de demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se realizó el treinta y uno de enero siguiente. (Foja 15 del cuaderno de queja). Por tanto, es evidente que no existe una demora excesiva por parte de la autoridad responsable, que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento, en virtud de que sobre este tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación complementó la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.) con un criterio en el que determinó que a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse actos procesales respectivos, lo que aplicado analógicamente al presente asunto, no se configura. En este contexto, debe considerarse que el artículo 50 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, prevé que las sentencias definitivas se dictarán dentro de los quince días siguientes al que se haya turnado el expediente al juez para tal efecto. Dicho precepto es al tenor siguiente. Artículo 50.- Las sentencias definitivas, una vez turnado el expediente al Juez, deberán dictarse dentro de quince días, salvo el caso de que el volumen excesivo de las actuaciones, su consecuente lectura y estudio no lo permitan, en cuyo caso se deberá ampliar el término hasta por un periodo igual. Por tanto, si la parte quejosa reclama la dilación procesal consistente en la omisión de dictar sentencia en el juicio de divorcio ..., del índice de la responsable y la solicitante de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que el nueve de agosto de dos mil diecinueve, se dictó el acuerdo en el cual se ordenó turnar los autos al juez responsable para dictar la sentencia que en derecho corresponda, de ahí que resulta evidente que no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales a que se refiere el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -más los quince días que tiene la responsable para dictar sentencia definitiva-, por tanto, es manifiesta la improcedencia del juicio de amparo, máxime que la existencia del acto reclamado en el juicio constitucional debe analizarse en relación con la fecha en que se presentó la demanda. Consecuentemente, siguiendo la lógica argumentativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso, no se considera que se está ante una abierta dilación por parte de la autoridad señalada como responsable, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor de la promovente, lo cierto es que no ha transcurrido el periodo de cuarenta y cinco días naturales a que se ha hecho referencia, que configure la procedencia del juicio de amparo. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. De ahí que respecto del acto reclamado se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la referida ley. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve******************** Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla no ha desahogado el requerimiento formulado mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, esto es, que remita las constancias respectivas del desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente laboral ********************de su índice******************** En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del plazo máximo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia de las constancias que acrediten que se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el citado juicio de origen******************** Apercibimiento******************** Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación******************** Notifíquese********************

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