Ciro Oloarte Aguilar

Expediente 5/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
5/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Ciro Oloarte Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Quejoso cumple prevención. Se desecha demanda de amparo. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso *** se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído del dieciocho de enero de dos mil veintiuno, pues precisa las actuaciones que se le entregaron en la notificación del veinte de noviembre de dos mil veinte, e incluso remite copia de los documentos, informa que los inmuebles embargados son propiedad de su hermana, comunica el estado que guarda el juicio ejecutivo mercantil *** y precisa los actos que reclama. En consecuencia, con base en las manifestaciones del quejoso en su escrito aclaratorio, las constancias recabadas por este juzgado y las exhibidas por la impetrante, se procede a proveer lo relativo a la demanda de amparo. Así del análisis de la demanda y sus escritos aclaratorios se estima procedente desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Incluso, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que es factible desechar una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto". En ese contexto, se precisa que el quejoso reclama esencialmente los siguientes actos: El auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019 del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, en el que se decretó en su contra una providencia precautoria de retención de bienes -embargo de inmuebles-. El auto del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil y se ordenó girar el exhorto 357/2020 a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto del justiciable. El auto del quince de octubre de dos mil veinte, dictado en el exhorto 34/2020 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, el cual se tuvo por recibida la comunicación oficial y se ordenó diligenciarla. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada al impetrante el veinte de noviembre de dos mil veinte. En ese contexto, respecto a dichos actos de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Es aplicable la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Sentado lo anterior, para una mejor comprensión del presente acuerdo conviene hacer una breve relatoría de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de lo narrado por la quejosa en su demanda de amparo, de las documentales que anexó a su escrito aclaratorio, y de la copia certificada del juicio mercantil de origen. Los antecedentes son del tenor siguiente: Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado, promovió providencia precautoria de retención de bienes o embargo en contra de *** como deudor principal, y *** como fiadora, respecto de dos inmuebles propiedad de ésta última (fojas 3 a 10 del tomo anexo). De la medida cautelar correspondió conocer al Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, quien por auto del veintiséis de septiembre siguiente la radicó con el número *** y requirió al promovente a fin de que exhibiera copia de los documentos adjuntos a su escrito inicial (fojas 11 y 12 ídem). Una vez cumplido el requerimiento, por auto del siete de octubre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la providencia, y dado que se estimó que se cumplían los requisitos legales se decretó la medida cautelar de embargo en contra de *** sobre dos inmuebles propiedad de la última de los nombrados, por lo que se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad a fin de que procediera a su inscripción y, finalmente, se requirió al promovente para que dentro del plazo de tres días presentara su demanda correspondiente, pues de lo contrario se revocaría la providencia (fojas 14 a 16 ídem). Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinte el actor presentó su demanda a fin de promover juicio ejecutivo mercantil en contra de las personas mencionadas en el párrafo anterior, reclamándoles el pago de una suerte principal de *** y otras prestaciones (fojas 88 a 100 ídem). En consecuencia, el veintiocho de enero posterior se admitió a trámite la demanda, por lo que ordenó realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a los demandados, y en virtud de que su domicilio se encontraba fuera la jurisdicción del Juez responsable, se giró el exhorto 357/2020 al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán (fojas 84 a 87 ídem). Por acuerdo del quince de octubre de dos mil veinte el aludido Juez radicó la comunicación oficial con el número 34/2020, y ordenó diligenciarla. En cumplimiento a lo anterior, el veinte de noviembre de dos mil veinte el Diligenciario adscrito al citado órgano desahogó la diligencia encomendada. Finalmente, el siete de diciembre del año pasado se tuvieron por recibidas las contestaciones de los demandados; sin embargo, se reservó su acuerdo hasta en tanto se devolverá el exhorto (foja 113 ídem), sin que se observe que a la fecha se haya dictado la sentencia definitiva. En cuanto a la providencia precautoria y auto de exeqüendo. Ahora, en cuanto a los actos reclamados precisados en los incisos a) y b), consistentes en el auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *** en el que se decretó en contra del quejoso una providencia precautoria de embargo de inmuebles, y el diverso acuerdo del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil y se ordenó girar el exhorto 357/2020 a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto del justiciable, se estima que son susceptibles de de ser impugnados a través del recurso de apelación, de conformidad con los previsto en el artículo 1165 último párrafo, 1183, 1339, 1340, 1341, y 1345, fracción IV del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1165. (.) Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva como marca la ley para los de su clase. La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata." "Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a *** por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a *** por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; (.)." De los preceptos legales transcritos se desprende que no son apelables las resoluciones que se dicten en los juicios mercantiles y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a *** Asimismo, serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente si la sentencia definitiva es apelable en términos de la cuantía precisada, si causan un gravamen que no puede repararse en definitiva o si así lo dispone expresamente el Código de Comercio. De igual forma, se dice que en contra de la resolución que recaiga a las providencias precautorias procede la apelación, siempre y cuando la cuantía del asunto lo permita. Finalmente, se establece la resolución que niegue el auto de ejecución en un juicio ejecutivo mercantil será apelable en ambos efectos, y el que la conceda únicamente será en efecto devolutivo. Bajo ese panorama, de la copia certificada del juicio mercantil de origen se aprecia que la cuantía de la suerte principal que se reclama es de *** por lo que es evidente que en contra de la sentencia que se llegue a dictar en ese procedimiento procederá el recurso de apelación. En consecuencia, se estima que en contra del auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, en el que se decretó en contra del quejoso una providencia precautoria de embargo de inmuebles procede la apelación, ya que así lo disponen expresamente los artículos 1183 y 1345, fracción IV del Código de Comercio; además, procede ese mismo medio de impugnación en contra del acuerdo del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil y se ordenó girar el exhorto 357/2020 a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto del justiciable, pues así lo estipula el artículo 1165 último párrafo, de la citada legislación. Asimismo, la procedencia del recurso de apelación contra los aludidos actos reclamados se patentiza si se pondera que, como ya se mencionó, por la cuantía de la suerte principal que se reclama en el juicio de origen la sentencia definitiva será apelable. Por todo lo expuesto, es evidente que en contra de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) es procedente la apelación. Corrobora lo anterior la jurisprudencia PC.I.C. J/40 C (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1840, libro 36, tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a noviembre de dos mil dieciséis, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE LAS DECRETAN PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE AL RESPECTO NO OPERA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO (RECURSO DE DUDOSA PROCEDENCIA). Ante la disposición expresa del artículo 1183 del Código de Comercio, en el sentido de que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1, del indicado ordenamiento, se desprende el principio de impugnabilidad previsto por el referido cuerpo normativo contra las resoluciones que decretan medidas cautelares en juicios de naturaleza mercantil, sin que exista supletoriedad en materia de recursos respecto del Código de Comercio, al tratarse de un ordenamiento completo en esa materia, como lo definió la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 816 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Tomo V, Civil, Volumen 1, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Sección, Mercantil, Subsección 2 Adjetivo, página 896, de rubro: "RECURSOS EN MATERIA MERCANTIL."; así como por el hecho de que no sería procedente la aplicación supletoria de la regla contenida en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles que establece la improcedencia de recurso alguno en contra de las resoluciones que concedan una medida de aseguramiento de las previstas en dicho artículo, por contraponerse con el artículo invocado en primer término. En esas condiciones, no existe duda en cuanto a la procedencia del recurso de apelación contra las medidas precautorias decretadas en un juicio mercantil, pues ello deriva de reglas claras señaladas tanto en la propia legislación mercantil, como en la jurisprudencia definida y vigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí que no se actualice la excepción al principio de definitividad prevista por el artículo 61, fracción XVIII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que no se requiere de interpretación adicional ni el fundamento aplicable resulta insuficiente para tener la certeza de su procedencia." También es aplicable la jurisprudencia 12/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 979, libro 30, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a mayo de 2016, que dice: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente. No se soslaya que en cuanto a la resolución que decretó la providencia precautoria de embargo, para exigir que se deba agotar el recurso de apelación es necesario que la parte quejosa tenga conocimiento completo de las razones y los fundamentos por los cuales el Juez responsable consideró procedente otorgar la medida cautelar. Corrobora lo anterior, por identidad de razones jurídicas la tesis 1a. XLVI/2015 (10a.), sustentada por la Primeras Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1412, libro 15, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de dos mil quince, que dispone: "PROVIDENCIA PRECAUTORIA. EL DERECHO A RECLAMARLA POR EL AFECTADO NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA DILIGENCIA SE ENTIENDA CON OTRA PERSONA. La interpretación gramatical y sistemática del artículo 1187 del Código de Comercio, vigente hasta el 10 de enero de 2014, en relación con los diversos 1168, 1172 y 1181 del mismo ordenamiento, conduce a determinar que el primer precepto legitima para reclamar una providencia precautoria a la persona contra la cual se dictó, sin condicionar ese derecho a la circunstancia de que la diligencia no se haya entendido con su persona o con su representante legítimo, pues la expresión "caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo" se refiere al supuesto en el cual debe notificarse al legitimado la providencia precautoria, a fin de que se encuentre en condiciones de reclamarla. Lo anterior, si se toma en cuenta que este tipo de medidas se pueden ejecutar sin conocimiento previo del afectado con el fin de preservar la materia del juicio y posibilitar la ejecución de una eventual sentencia condenatoria, de suerte que el afectado conoce de la medida precautoria cuando la diligencia se entiende con él o con su representante legítimo, pero cuando aquélla se entiende con otra persona, no se tiene certeza acerca de que la medida haya llegado a conocimiento del afectado y es por eso que el legislador dispuso la exigencia de notificársela en ese supuesto. Bajo ese entendimiento, la norma tiene sentido dentro del sistema regulador de las providencias precautorias en el Código de Comercio, sin afectación al derecho fundamental de igualdad." Sin embargo, en el presente caso se estima que el quejoso sí tuvo pleno conocimiento de la medida precautoria decretada en auto del siete de octubre de dos mil diecinueve antes de que promoviera el presente juicio de amparo, ya que él mismo en su escrito aclaratorio de demanda presentado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el inciso b) precisó que cuando se le emplazó al juicio mercantil de origen se le entregó copia del acuerdo reclamado de la providencia. Lo anterior se corrobora si se pondera que el justiciable al referido escrito aclaratorio anexó las copias con las que se le corrió traslado al momento de emplazarlo al juicio natural, y de ellas efectivamente se aprecia que se encuentra el auto del siete de octubre de dos mil diecinueve. Por tanto, es evidente que el quejoso tuvo conocimiento íntegro del contenido del acuerdo por el que se decretó la providencia precautoria de embargo en su contra, por lo que estuvo en aptitud de combatirla a través del recurso de apelación. En cuanto al auto del quince de octubre de dos mil veinte que ordenó diligenciar el exhorto. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado en el inciso c), consistente en el proveído del quince de octubre de dos mil veinte, dictado en el exhorto 34/2020 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, el cual se tuvo por recibida la comunicación oficial remitida por el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que se realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al quejoso, y ordenó su diligenciación, se estima que es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, de conformidad con los previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, que establece: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." De conformidad con el numeral antes invocado, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Asimismo, cabe recordar que en términos del artículo 1339 y 1341 del Código de Comercio solo son apelables los autos si causan un gravamen que no puede repararse en definitiva o si así lo dispone expresamente la ley. Bajo ese panorama, se considera que el acuerdo reclamado del quince octubre de dos mil veinte no es apelable, ya que no se observa disposición alguna en la legislación mercantil que disponga que en contra del auto que ordena diligenciar un exhorto proceda ese medio de impugnación, aunado a que tampoco se vislumbra que provoque un gravamen que no pueda repararse en definitiva. Sin que pase inadvertido que como se precisó en párrafos precedentes la apelación sí procede en contra del auto de exeqüendo; sin embargo, se reitera que en el proveído del quince octubre de dos mil veinte no se emitió una determinación de esa naturaleza, sino que únicamente se ordenó diligenciar el exhorto para desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la quejosa, es decir, es una simple determinación de trámite, pero propiamente no se dictó el auto de exeqüendo, pues eso sucedió en el acuerdo del veintiocho de enero del citado año. Por todo lo anterior, es evidente que en contra del auto detallado en el inciso c) es procedente el recurso de revocación. Es aplicable por identidad de razones jurídicas, la tesis I.7o.C.49 C, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1615, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil cuatro, que dice: "REVOCACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDE EN CONTRA DE LA CERTIFICACIÓN DEL CÓMPUTO PARA CONTESTAR LA DEMANDA. Si por regla general las partes en un juicio están en condiciones de impugnar los actos de autoridad que quebranten sus intereses o derechos, de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio, en contra de la certificación del cómputo para contestar la demanda procede el recurso de revocación, por tratarse de una simple determinación de trámite." Respecto a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Finalmente, en cuanto la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del veinte de noviembre de dos mil veinte que se le practicó al quejoso en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019, se estima que el justiciable estuvo en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 1055, fracción IV, 1349 y 1404 del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: (.) IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto;" "Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. "Artículo 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente." El artículo 1055 transcrito, establece que los juicios mercantiles así como los demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase se rigen bajo diversas reglas, de las que destaca la relativa a que las actuaciones judiciales resultan anulables si no colman los requisitos legales establecidos. En efecto, los incidentes son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, los cuales se tramitan bajo dos supuestos, el primero, relativo a los incidentes de tramitación verbal en las diligencias judiciales, el segundo, relativo a las incidencias de tramitación escrita; lo cual resulta aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles según lo prevé el numeral 1357 de la legislación mercantil. En ese orden, el Código de Comercio prevé supuestos específicos en que las actuaciones judiciales serán nulas, por lo que aun cuando instituye los incidentes de manera genérica, es en vía incidental que debe intentarse la nulidad de las actuaciones o notificaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en la ley. En ese contexto, la parte quejosa -como demandado en el juicio ejecutivo mercantil- debió de promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del veinte de noviembre de dos mil veinte efectuada en el juicio origen, habida cuenta que resulta el medio de defensa idóneo para lograr su nulificación; empero, al no haberlo agotado de manera previa a la promoción del juicio de amparo, inobservan el principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1651, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de 2004, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Igualmente es aplicable la tesis VI.2o.C.566 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1628, tomo XXVI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de 2007, que dice: "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DEUDOR QUE ESTIME ILEGAL EL TRABADO EN SU CONTRA DEBE IMPUGNARLO EN VÍA INCIDENTAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 1394, tercer párrafo y 1414 del Código de Comercio, este último anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, se advierte que el legislador otorgó al deudor la oportunidad de defenderse, en caso de que resulte afectado en la ejecución de la diligencia de embargo, a través de la acción incidental prevista en el segundo de los numerales mencionados. Por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad, el demandado en un juicio ejecutivo mercantil que estime ilegal el embargo trabado en su contra, debe impugnar dicha diligencia en la referida vía incidental, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, pues a través de aquélla puede nulificarse la actuación procesal impugnada por el agraviado. De lo contrario, el juicio de garantías resulta improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." También es ilustrativa, la jurisprudencia 1a./J. 28/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, tomo IV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 1996, que dice: EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento. Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales, también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Lo anterior, ya que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio, dado que es la parte demandada en el juicio mercantil de origen, aunado a que no se ha dictado sentencia definitiva en el procedimiento, lo que impide que pudiera tener la calidad de tercero extraño por equiparación. Lo expuesto, encuentra sustento en las jurisprudencias siguientes: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." (Jurisprudencia 198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 698, tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." (Jurisprudencia 67/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro XXIII, Tomo 1, correspondiente a agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia 47/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627 del Libro V, Tomo 2, Décima Época, correspondiente a febrero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Asimismo, tampoco se aprecia que los actos reclamados hayan sido verificados en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, derivan de un juicio ejecutivo mercantil, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. Para concluir, no sobra decir que tanto la providencia precautoria de embargo al igual que el auto de exeqüendo son actos considerados de imposible reparación, por lo que en su contra proceder el juicio de amparo indirecto; sin embargo, aun en los actos que tienen ese carácter es indispensable agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio constitucional, tal como se precisó en la jurisprudencia transcrita línea arriba que es de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia estudiada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *** Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Quejoso cumple prevención. Se desecha demanda de amparo. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Ciro Oloarte Aguilar, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído del dieciocho de enero de dos mil veintiuno, pues precisa las actuaciones que se le entregaron en la notificación del veinte de noviembre de dos mil veinte, e incluso remite copia de los documentos, informa que los inmuebles embargados son propiedad de su hermana, comunica el estado que guarda el juicio ejecutivo mercantil 597/2019, y precisa los actos que reclama. En consecuencia, con base en las manifestaciones del quejoso en su escrito aclaratorio, las constancias recabadas por este juzgado y las exhibidas por la impetrante, se procede a proveer lo relativo a la demanda de amparo. Así del análisis de la demanda y sus escritos aclaratorios se estima procedente desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Incluso, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que es factible desechar una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto". En ese contexto, se precisa que el quejoso reclama esencialmente los siguientes actos: El auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019 del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, en el que se decretó en su contra una providencia precautoria de retención de bienes -embargo de inmuebles-. El auto del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil y se ordenó girar el exhorto 357/2020 a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto del justiciable. El auto del quince de octubre de dos mil veinte, dictado en el exhorto 34/2020 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, el cual se tuvo por recibida la comunicación oficial y se ordenó diligenciarla. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada al impetrante el veinte de noviembre de dos mil veinte. En ese contexto, respecto a dichos actos de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Es aplicable la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Sentado lo anterior, para una mejor comprensión del presente acuerdo conviene hacer una breve relatoría de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de lo narrado por la quejosa en su demanda de amparo, de las documentales que anexó a su escrito aclaratorio, y de la copia certificada del juicio mercantil de origen. Los antecedentes son del tenor siguiente: Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado, promovió providencia precautoria de retención de bienes o embargo en contra de Ciro Oloarte Aguilar, como deudor principal, y Enriqueta Oloarte Aguilar, como fiadora, respecto de dos inmuebles propiedad de ésta última (fojas 3 a 10 del tomo anexo). De la medida cautelar correspondió conocer al Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, quien por auto del veintiséis de septiembre siguiente la radicó con el número 597/2019, y requirió al promovente a fin de que exhibiera copia de los documentos adjuntos a su escrito inicial (fojas 11 y 12 ídem). Una vez cumplido el requerimiento, por auto del siete de octubre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la providencia, y dado que se estimó que se cumplían los requisitos legales se decretó la medida cautelar de embargo en contra de Ciro Oloarte Aguilar y Enriqueta Oloarte Aguilar, sobre dos inmuebles propiedad de la última de los nombrados, por lo que se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad a fin de que procediera a su inscripción y, finalmente, se requirió al promovente para que dentro del plazo de tres días presentara su demanda correspondiente, pues de lo contrario se revocaría la providencia (fojas 14 a 16 ídem). Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinte el actor presentó su demanda a fin de promover juicio ejecutivo mercantil en contra de las personas mencionadas en el párrafo anterior, reclamándoles el pago de una suerte principal de $2, 864,083.20 (dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil ochenta y tres pesos 20/100 m.n.) y otras prestaciones (fojas 88 a 100 ídem). En consecuencia, el veintiocho de enero posterior se admitió a trámite la demanda, por lo que ordenó realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a los demandados, y en virtud de que su domicilio se encontraba fuera la jurisdicción del Juez responsable, se giró el exhorto 357/2020 al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán (fojas 84 a 87 ídem). Por acuerdo del quince de octubre de dos mil veinte el aludido Juez radicó la comunicación oficial con el número 34/2020, y ordenó diligenciarla. En cumplimiento a lo anterior, el veinte de noviembre de dos mil veinte el Diligenciario adscrito al citado órgano desahogó la diligencia encomendada. Finalmente, el siete de diciembre del año pasado se tuvieron por recibidas las contestaciones de los demandados; sin embargo, se reservó su acuerdo hasta en tanto se devolverá el exhorto (foja 113 ídem), sin que se observe que a la fecha se haya dictado la sentencia definitiva. En cuanto a la providencia precautoria y auto de exeqüendo. Ahora, en cuanto a los actos reclamados precisados en los incisos a) y b), consistentes en el auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019, en el que se decretó en contra del quejoso una providencia precautoria de embargo de inmuebles, y el diverso acuerdo del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil y se ordenó girar el exhorto 357/2020 a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto del justiciable, se estima que son susceptibles de de ser impugnados a través del recurso de apelación, de conformidad con los previsto en el artículo 1165 último párrafo, 1183, 1339, 1340, 1341, y 1345, fracción IV del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1165. (.) Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva como marca la ley para los de su clase. La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata." "Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; (.)." De los preceptos legales transcritos se desprende que no son apelables las resoluciones que se dicten en los juicios mercantiles y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 (seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 m.n.). Asimismo, serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente si la sentencia definitiva es apelable en términos de la cuantía precisada, si causan un gravamen que no puede repararse en definitiva o si así lo dispone expresamente el Código de Comercio. De igual forma, se dice que en contra de la resolución que recaiga a las providencias precautorias procede la apelación, siempre y cuando la cuantía del asunto lo permita. Finalmente, se establece la resolución que niegue el auto de ejecución en un juicio ejecutivo mercantil será apelable en ambos efectos, y el que la conceda únicamente será en efecto devolutivo. Bajo ese panorama, de la copia certificada del juicio mercantil de origen se aprecia que la cuantía de la suerte principal que se reclama es de $2, 864,083.20 (dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil ochenta y tres pesos 20/100 m.n.), por lo que es evidente que en contra de la sentencia que se llegue a dictar en ese procedimiento procederá el recurso de apelación. En consecuencia, se estima que en contra del auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, en el que se decretó en contra del quejoso una providencia precautoria de embargo de inmuebles procede la apelación, ya que así lo disponen expresamente los artículos 1183 y 1345, fracción IV del Código de Comercio; además, procede ese mismo medio de impugnación en contra del acuerdo del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil y se ordenó girar el exhorto 357/2020 a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto del justiciable, pues así lo estipula el artículo 1165 último párrafo, de la citada legislación. Asimismo, la procedencia del recurso de apelación contra los aludidos actos reclamados se patentiza si se pondera que, como ya se mencionó, por la cuantía de la suerte principal que se reclama en el juicio de origen la sentencia definitiva será apelable. Por todo lo expuesto, es evidente que en contra de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) es procedente la apelación. Corrobora lo anterior la jurisprudencia PC.I.C. J/40 C (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1840, libro 36, tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a noviembre de dos mil dieciséis, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE LAS DECRETAN PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE AL RESPECTO NO OPERA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO (RECURSO DE DUDOSA PROCEDENCIA). Ante la disposición expresa del artículo 1183 del Código de Comercio, en el sentido de que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1, del indicado ordenamiento, se desprende el principio de impugnabilidad previsto por el referido cuerpo normativo contra las resoluciones que decretan medidas cautelares en juicios de naturaleza mercantil, sin que exista supletoriedad en materia de recursos respecto del Código de Comercio, al tratarse de un ordenamiento completo en esa materia, como lo definió la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 816 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Tomo V, Civil, Volumen 1, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Sección, Mercantil, Subsección 2 Adjetivo, página 896, de rubro: "RECURSOS EN MATERIA MERCANTIL."; así como por el hecho de que no sería procedente la aplicación supletoria de la regla contenida en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles que establece la improcedencia de recurso alguno en contra de las resoluciones que concedan una medida de aseguramiento de las previstas en dicho artículo, por contraponerse con el artículo invocado en primer término. En esas condiciones, no existe duda en cuanto a la procedencia del recurso de apelación contra las medidas precautorias decretadas en un juicio mercantil, pues ello deriva de reglas claras señaladas tanto en la propia legislación mercantil, como en la jurisprudencia definida y vigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí que no se actualice la excepción al principio de definitividad prevista por el artículo 61, fracción XVIII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que no se requiere de interpretación adicional ni el fundamento aplicable resulta insuficiente para tener la certeza de su procedencia." También es aplicable la jurisprudencia 12/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 979, libro 30, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a mayo de 2016, que dice: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente. No se soslaya que en cuanto a la resolución que decretó la providencia precautoria de embargo, para exigir que se deba agotar el recurso de apelación es necesario que la parte quejosa tenga conocimiento completo de las razones y los fundamentos por los cuales el Juez responsable consideró procedente otorgar la medida cautelar. Corrobora lo anterior, por identidad de razones jurídicas la tesis 1a. XLVI/2015 (10a.), sustentada por la Primeras Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1412, libro 15, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de dos mil quince, que dispone: "PROVIDENCIA PRECAUTORIA. EL DERECHO A RECLAMARLA POR EL AFECTADO NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA DILIGENCIA SE ENTIENDA CON OTRA PERSONA. La interpretación gramatical y sistemática del artículo 1187 del Código de Comercio, vigente hasta el 10 de enero de 2014, en relación con los diversos 1168, 1172 y 1181 del mismo ordenamiento, conduce a determinar que el primer precepto legitima para reclamar una providencia precautoria a la persona contra la cual se dictó, sin condicionar ese derecho a la circunstancia de que la diligencia no se haya entendido con su persona o con su representante legítimo, pues la expresión "caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo" se refiere al supuesto en el cual debe notificarse al legitimado la providencia precautoria, a fin de que se encuentre en condiciones de reclamarla. Lo anterior, si se toma en cuenta que este tipo de medidas se pueden ejecutar sin conocimiento previo del afectado con el fin de preservar la materia del juicio y posibilitar la ejecución de una eventual sentencia condenatoria, de suerte que el afectado conoce de la medida precautoria cuando la diligencia se entiende con él o con su representante legítimo, pero cuando aquélla se entiende con otra persona, no se tiene certeza acerca de que la medida haya llegado a conocimiento del afectado y es por eso que el legislador dispuso la exigencia de notificársela en ese supuesto. Bajo ese entendimiento, la norma tiene sentido dentro del sistema regulador de las providencias precautorias en el Código de Comercio, sin afectación al derecho fundamental de igualdad." Sin embargo, en el presente caso se estima que el quejoso sí tuvo pleno conocimiento de la medida precautoria decretada en auto del siete de octubre de dos mil diecinueve antes de que promoviera el presente juicio de amparo, ya que él mismo en su escrito aclaratorio de demanda presentado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el inciso b) precisó que cuando se le emplazó al juicio mercantil de origen se le entregó copia del acuerdo reclamado de la providencia. Lo anterior se corrobora si se pondera que el justiciable al referido escrito aclaratorio anexó las copias con las que se le corrió traslado al momento de emplazarlo al juicio natural, y de ellas efectivamente se aprecia que se encuentra el auto del siete de octubre de dos mil diecinueve. Por tanto, es evidente que el quejoso tuvo conocimiento íntegro del contenido del acuerdo por el que se decretó la providencia precautoria de embargo en su contra, por lo que estuvo en aptitud de combatirla a través del recurso de apelación. En cuanto al auto del quince de octubre de dos mil veinte que ordenó diligenciar el exhorto. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado en el inciso c), consistente en el proveído del quince de octubre de dos mil veinte, dictado en el exhorto 34/2020 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, el cual se tuvo por recibida la comunicación oficial remitida por el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que se realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al quejoso, y ordenó su diligenciación, se estima que es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, de conformidad con los previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, que establece: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." De conformidad con el numeral antes invocado, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Asimismo, cabe recordar que en términos del artículo 1339 y 1341 del Código de Comercio solo son apelables los autos si causan un gravamen que no puede repararse en definitiva o si así lo dispone expresamente la ley. Bajo ese panorama, se considera que el acuerdo reclamado del quince octubre de dos mil veinte no es apelable, ya que no se observa disposición alguna en la legislación mercantil que disponga que en contra del auto que ordena diligenciar un exhorto proceda ese medio de impugnación, aunado a que tampoco se vislumbra que provoque un gravamen que no pueda repararse en definitiva. Sin que pase inadvertido que como se precisó en párrafos precedentes la apelación sí procede en contra del auto de exeqüendo; sin embargo, se reitera que en el proveído del quince octubre de dos mil veinte no se emitió una determinación de esa naturaleza, sino que únicamente se ordenó diligenciar el exhorto para desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la quejosa, es decir, es una simple determinación de trámite, pero propiamente no se dictó el auto de exeqüendo, pues eso sucedió en el acuerdo del veintiocho de enero del citado año. Por todo lo anterior, es evidente que en contra del auto detallado en el inciso c) es procedente el recurso de revocación. Es aplicable por identidad de razones jurídicas, la tesis I.7o.C.49 C, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1615, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil cuatro, que dice: "REVOCACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDE EN CONTRA DE LA CERTIFICACIÓN DEL CÓMPUTO PARA CONTESTAR LA DEMANDA. Si por regla general las partes en un juicio están en condiciones de impugnar los actos de autoridad que quebranten sus intereses o derechos, de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio, en contra de la certificación del cómputo para contestar la demanda procede el recurso de revocación, por tratarse de una simple determinación de trámite." Respecto a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Finalmente, en cuanto la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del veinte de noviembre de dos mil veinte que se le practicó al quejoso en el juicio ejecutivo mercantil 597/2019, se estima que el justiciable estuvo en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 1055, fracción IV, 1349 y 1404 del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: (.) IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto;" "Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. "Artículo 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente." El artículo 1055 transcrito, establece que los juicios mercantiles así como los demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase se rigen bajo diversas reglas, de las que destaca la relativa a que las actuaciones judiciales resultan anulables si no colman los requisitos legales establecidos. En efecto, los incidentes son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, los cuales se tramitan bajo dos supuestos, el primero, relativo a los incidentes de tramitación verbal en las diligencias judiciales, el segundo, relativo a las incidencias de tramitación escrita; lo cual resulta aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles según lo prevé el numeral 1357 de la legislación mercantil. En ese orden, el Código de Comercio prevé supuestos específicos en que las actuaciones judiciales serán nulas, por lo que aun cuando instituye los incidentes de manera genérica, es en vía incidental que debe intentarse la nulidad de las actuaciones o notificaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en la ley. En ese contexto, la parte quejosa -como demandado en el juicio ejecutivo mercantil- debió de promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del veinte de noviembre de dos mil veinte efectuada en el juicio origen, habida cuenta que resulta el medio de defensa idóneo para lograr su nulificación; empero, al no haberlo agotado de manera previa a la promoción del juicio de amparo, inobservan el principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1651, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de 2004, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Igualmente es aplicable la tesis VI.2o.C.566 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1628, tomo XXVI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de 2007, que dice: "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DEUDOR QUE ESTIME ILEGAL EL TRABADO EN SU CONTRA DEBE IMPUGNARLO EN VÍA INCIDENTAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 1394, tercer párrafo y 1414 del Código de Comercio, este último anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, se advierte que el legislador otorgó al deudor la oportunidad de defenderse, en caso de que resulte afectado en la ejecución de la diligencia de embargo, a través de la acción incidental prevista en el segundo de los numerales mencionados. Por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad, el demandado en un juicio ejecutivo mercantil que estime ilegal el embargo trabado en su contra, debe impugnar dicha diligencia en la referida vía incidental, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, pues a través de aquélla puede nulificarse la actuación procesal impugnada por el agraviado. De lo contrario, el juicio de garantías resulta improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." También es ilustrativa, la jurisprudencia 1a./J. 28/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, tomo IV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 1996, que dice: EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento. Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales, también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Lo anterior, ya que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio, dado que es la parte demandada en el juicio mercantil de origen, aunado a que no se ha dictado sentencia definitiva en el procedimiento, lo que impide que pudiera tener la calidad de tercero extraño por equiparación. Lo expuesto, encuentra sustento en las jurisprudencias siguientes: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." (Jurisprudencia 198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 698, tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." (Jurisprudencia 67/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro XXIII, Tomo 1, correspondiente a agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia 47/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627 del Libro V, Tomo 2, Décima Época, correspondiente a febrero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Asimismo, tampoco se aprecia que los actos reclamados hayan sido verificados en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, derivan de un juicio ejecutivo mercantil, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. Para concluir, no sobra decir que tanto la providencia precautoria de embargo al igual que el auto de exeqüendo son actos considerados de imposible reparación, por lo que en su contra proceder el juicio de amparo indirecto; sin embargo, aun en los actos que tienen ese carácter es indispensable agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio constitucional, tal como se precisó en la jurisprudencia transcrita línea arriba que es de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia estudiada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ciro Oloarte Aguilar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. *** Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/10/2021, que establece las medidas vigentes del dieciséis al veintidós de febrero del presente año. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. ? Exhorto para mejorar comunicación Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se solicita al quejoso que a la brevedad proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se establecerá un canal de comunicación directa -no procesal-. ? Exhorto para seguir en juicio en línea Igualmente, de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se exhorta al justiciable para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, manifieste si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. ? Prevención. Vista la demanda de amparo promovida por *** contra actos del Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 5/2021-VIII. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la ley de la materia prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en las fracciones IV y V, que disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)." Sentado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que el justiciable, en esencia, refiere reclamar los siguientes actos: 1) El auto del siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, en el que se decretó una providencia precautoria de embargo sobre un inmueble. 2) El auto del veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite el aludido juicio mercantil. 3) El auto del quince de octubre de dos mil veinte, dictado en el exhorto *** del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, el cual se deduce del mencionado juicio ejecutivo mercantil. 4) La notificación del veinte de noviembre de dos mil veinte que se le realizó en el mencionado exhorto. Asimismo, se observa que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo copia del acuerdo reclamado del quince de octubre de dos mil veinte, del que se desprende que es la parte demandada en el juicio mercantil de origen; sin embargo, a pesar de esa circunstancia omite detallar ciertos antecedentes de los actos reclamados, los cuales se estiman de vital importancia para proveer sobre su demanda de amparo. En efecto, en primer lugar se desprende que el justiciable dice reclamar la notificación del veinte de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual le comunicaron el acuerdo del quince de octubre de ese año. En ese contexto, de la lectura de dicho proveído se advierte que se ordenó diligenciar un exhorto que deriva del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, en el que se ordenó requerir del pago de un adeudo al quejoso, y en caso de no realizarlo se embargarían bienes de su propiedad. En consecuencia, se desconoce si en ese exhorto se notificó lo relativo a la admisión de demanda del juicio ejecutivo mercantil de origen, o bien, se notificó lo atinente a la providencia precautoria de embargo, ambas cuestiones u otra cosa. Por tanto, es necesario que el justiciable precise exactamente qué actuaciones se le notificaron el veinte de noviembre de dos mil veinte, y en caso de que en dicha notificación no se le hayan comunicado todos los actos reclamados también es menester que precise la fecha en que conoció de cada uno de ellos. Sin que pase desapercibido que el impetrante en una parte de su demanda de amparo exprese que en la notificación reclamada del veinte de noviembre del año pasado únicamente se le entregó copia del auto del quince de octubre de dos mil veinte; sin embargo, hace manifestaciones que contradicen esa afirmación, pues también aduce que le entregaron diversos documentos que no entendió pero que tenían que ver con un embargo, hace referencia a que leyó una boleta de ingreso al Registro Público de la Propiedad, y refuta cuestiones acerca de una solicitud de la providencia. En consecuencia, también es menester que el quejoso detalle exactamente qué documentación le entregaron en la notificación reclamada y precise su contenido, para lo cual incluso podría exhibir los documentos. En otra tesitura, se aprecia que el impetrante hace manifestaciones que hacen parecer que la providencia precautoria de embargo se decretó en contra de un inmueble propiedad de su hermana ***, por lo que también es menester que precise si a él se le embargo algún bien de su propiedad y si la medida se emitió en su contra o únicamente en contra de su hermana. En el entendido de que si la medida precautoria no se dictó en su contra debe aclarar si aun así desea controvertirla. Por otra parte, tampoco se desprende que el quejoso narre lo sucedido en el juicio mercantil de origen, pues no detalla la etapa procesal exacta en que se encuentra ni precisa si ya se dictó sentencia definitiva. En otro aspecto, otro motivo más que torna obscura la demanda es que el justiciable en su conceptos de violación solo hace manifestaciones que parecen controvertir el emplazamiento al juicio mercantil de origen, que aparentemente es lo que se realizó en la notificación del veinte de noviembre de dos mil veinte, sin que se duela de cuestión alguna sobre la providencia precautoria de embargo, el auto admisorio del juicio natural ni el auto del quince de octubre de dos mil veinte, por lo que se desconoce si reclama esas actuaciones de forma destacada e independiente, o bien, su ilegalidad la hace depender de lo defectuoso de la notificación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracción II , de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: a) Bajo protesta de decir verdad precise exactamente qué actuaciones se le notificaron el veinte de noviembre de dos mil veinte, y en caso de que en dicha notificación no se le hayan comunicado todos los actos reclamados -acuerdos del siete de octubre de dos mil diecinueve, veintiocho de enero de dos mil veinte y quince de octubre de ese año-, también es menester que precise la fecha en que conoció de cada uno de ellos. b) Con esa misma protesta detalle exactamente qué documentación le entregaron en la notificación reclamada y precise su contenido, para lo cual incluso podría exhibir los documentos. c) Igualmente bajo protesta de decir verdad informe si en la providencia precautoria se ordenó embargarle algún inmueble de su propiedad, es decir, si dicha medida se decretó en su contra o solo de su hermana, en el entendido que si no se emitió en su contra también deberá aclarar si aun así desea reclamarla. d) Bajo protesta de decir verdad narre lo sucedido en el juicio mercantil de origen, especificando la etapa procesal exacta en que se encuentra y precisando si ya se dictó sentencia definitiva. e) De forma clara y concreta precise los actos que reclama, esto es, si controvierte el emplazamiento al juicio mercantil de origen, que aparentemente es lo que se realizó en la notificación del veinte de noviembre de dos mil veinte y, como consecuencia, la providencia precautoria de embargo, el auto admisorio y el auto del quince de octubre de dos mil veinte, o bien, controvierte alguna de esas actuaciones de forma destacada e independiente, es decir, atribuyéndole vicios propios. Es importante destacar que en caso de que la parte quejosa afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados se le podría imponer una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, lo anterior en términos del artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" Lo que deberá hacer bajo protesta de decir verdad, es decir, de manera personal, dado que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción V, del artículo 108 de la ley de la materia, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual los autorizados por la parte quejosa no pueden desahogar la prevención relativa a que se expresen bajo protesta de decir verdad los antecedentes de los actos reclamados omitidos. Lo anterior, en virtud de que precisar dichos antecedentes es una cuestión que atañe o debe provenir directamente de la voluntad del interesado, ya que incide o modifica la configuración de la litis constitucional, y en esa medida es una atribución personalísima del agraviado. De igual forma, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que dentro del mismo plazo exhiban las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido en el presente proveído, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Se requieren constancias. En otra tesitura, dado que el promovente solicitó la suspensión de los actos reclamados y a fin de mejor proveer sobre la medida cautelar, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en que transcribe este acuerdo remita copia certificada del juicio ejecutivo mercantil *** de su índice, cuidando que las mismas se encuentren debidamente rubricadas, foliadas y entreselladas, así como en orden progresivo. No pasa inadvertido que en términos del artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, por regla general, el momento oportuno para que el Juez de Distrito pueda recabar las constancias relativas al acto reclamado es cuando se admite a trámite la demanda y se solicite su informe justificado a las autoridades responsables; no obstante, no debe soslayarse que jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en el caso de que se solicite la suspensión de los actos y se prevenga al justiciable para que subsane alguna irregularidad de su demanda, es posible recabar constancias oficiosamente para mejor proveer sobre la medida cautelar, siempre que ello no implique postergar la decisión de admitir la demanda una vez desahogada la prevención relativa, tal como se pone de relieve con el siguiente criterio: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, a falta de disposición expresa debe atenderse a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal que en el artículo 79 establece que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En este contexto, tratándose de la suspensión provisional en el juicio de amparo administrativo, debe considerarse que la regla general es que una vez satisfechos los requisitos a que aluden los artículos 120 y 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato sobre dicha solicitud; sin embargo, esto no obsta para que cuando se prevenga al promovente para que subsane alguna irregularidad de la demanda, en el mismo acuerdo se requiera a las autoridades responsables la presentación de algún documento que se considere indispensable para mejor proveer, pero una vez desahogada la prevención al quejoso, acatado o no el requerimiento formulado a las responsables, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato en relación a la suspensión de los actos reclamados." Asimismo, cabe destacar que el criterio en cuestión al ser una jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de aplicación obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tienen como autorizados del justiciable únicamente para oír y recibir notificaciones, así como imponerse de los autos a las personas que señala en su demanda de amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Exhorto para mejorar comunicación. Por otra parte, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo y aminorar cualquier riesgo sanitario para ellos y el personal judicial, se les solicita que a la brevedad proporcionen a este juzgado un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se pueda establecer un canal de comunicación directa. Exhorto para seguir en juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, se aprecia que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales. En ese sentido, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, manifieste si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es menester que observe lo siguiente: ? Para acceder al juicio en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. ? La firma electrónica se puede obtener mediante la aplicación web (App) del Consejo de la Judicatura Federal denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU ? Además, deberá indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario y una contraseña, así como vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Lo anterior, a fin de que se encuentre en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles: Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización: Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia: Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, apercibidas que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. ? Ampliación de plazos para acordar. Finalmente, cabe destacar que con fundamento en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informa a las partes que el presente acuerdo se emite dentro de los plazos ampliados; es decir, diez días para demandas y cuarenta y ocho horas para promociones y demás proveídos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al Juez responsable cuando reanude labores, el cual deberá ser entregado por el Actuario de la adscripción.

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