Citlali Ambriz Soriano
Expediente 1303/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1303/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Citlali Ambriz Soriano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El siete de marzo de dos mil diecisiete, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintiuno de febrero al seis de marzo del año en curso, sin contar los días veinticinco y veintiséis de febrero y cuatro y cinco de marzo del año en curso (por corresponder a sábados y domingos); sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 1303/2016-3; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que no existen constancias que devolver a la autoridad responsable. Que no se aperturó incidente de suspensión por separado, por tanto no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía respecto de la cual se tenga que proveer sobre su destino. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, capital del estado del mismo nombre, siendo las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 1303/2016-4, promovido por Citlali Ambriz Soriano. Presente en la sala de audiencias la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario que da fe del acto, licenciado Juan García Trejo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El secretario procede a dar lectura al escrito inicial de demanda e informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 21 y 27)). A lo que la Juez acuerda. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En la etapa de pruebas. El secretario tiene a la vista las documentales que remitió la Directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, como justificación de sus actos (fojas 23-26). A lo que la Juez acuerda. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas, luego, al no haber más pruebas pendientes de desahogar, se concluye la presente etapa. En la etapa de alegatos. El Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo valer el derecho que les confiere el artículo 124 de la ley en consulta, luego, al no haber alegatos que tener por reproducidos y sin pedimento del agente del Ministerio Público Federal adscrito, se da por terminada la presente etapa; y encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, se procede a dictar la resolución que corresponde conforme a derecho. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1303/2016-3, promovido por Citlali Ambriz Soriano; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 2 a 8), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, turnado en esa misma fecha a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Citlali Ambriz Soriano solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable ordenadora: Directora del Centro de Reinserción Social Femenil con sede en Cieneguillas, Zacatecas. Autoridad responsable ejecutora: Jefa de Seguridad del Centro de Reinserción Social Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas. Acto Reclamado: "De las autoridades señaladas como ordenadora y ejecutora, se reclama la orden emitida en contra de la suscrita por las autoridades carcelarias fuera de todo procedimiento judicial, CONSISTENTE EN SEGREGARME EN EL ÁREA DE SEPAROS, que solo tiene una ventana chica y no se me permite salir a caminar ni tomar sol, ya que me SEGREGARON Y AISLARON del resto de la población carcelaria, sin haber cometido la suscrita ninguna falta". Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1, 2, 14, 16, 17, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 9-14), la juez de Distrito ordenó que se registrara la demanda con el número 1303/2016-3, se admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades administrativas que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de garantías, consisten en: ? La orden de segregación y aislamiento de la quejosa, para que permanezca en el área de separaros del Centro Regional de Reinserción Social Femenil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas y su ejecución. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas y Jefa de Seguridad del citado establecimiento penitenciario (fojas 21 y 27), toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la constancia que la Directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas adjuntó, consistente en fotocopia certificada del acuerdo de quince de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la citada autoridad; documental que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tal virtud se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese contexto, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados en este juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso la quejosa reclama la orden de segregación y aislamiento, para que permanezca en el área de separaros del Centro Regional de Reinserción Social Femenil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas y su ejecución. Ahora, del estudio de las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación la Directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas (foja 23), particularmente del acuerdo de quince de diciembre del año próximo pasado, emitido por la citada responsable se obtiene que esa propia fecha la ahora quejosa Citlali Ambriz Soriano fue reincorporada al área de población de ese establecimiento penitenciario (foja 23). Circunstancia que fue notificada de manera personal a la quejosa en quince de diciembre del año en curso (foja 23). Las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, dado que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio, la autoridad responsable reincorporo a la quejosa al área de población del Centro Federal de Reinserción Social Femenil en el Estado. Sin que la parte quejosa ampliara su demanda respecto del acuerdo de quince de diciembre de dos ml dieciséis, en el que la autoridad responsable ordenó su reincorporación al área de población del establecimiento penitenciario en el que se encuentra interna y se establece que con motivo de los hechos suscitados, tal incidencia se turnó al Consejo Técnico Interdisciplinario para que procediera a imponer la medida disciplinaria correspondiente, a pesar de habérsele hecho de su conocimiento tal derecho como se advierte del proveído de diecinueve de diciembre de ese mismo año (foja 29). El sobreseimiento indicado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Citlali Ambriz Soriano contra el acto que reclamó de la Directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas y Jefa de Seguridad del citado establecimiento penitenciario; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida del licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Rosy 4561 y 4562
- Principal
En uno de febrero de dos mil diecisiete, la licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que del diez al treinta de enero de la presente anualidad (con exclusión de los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero del año en curso); transcurrió el termino de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, concedido a la quejosa Citlaly Ambriz Soriano, para ampliar su demanda de amparo respecto del diverso acto y autoridad responsable precisados en proveído de cinco de enero del año en curso, sin que realizara dicha ampliación, lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha, la Secretaria licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que transcurrió el termino de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, concedido a la quejosa Citlaly Ambriz Soriano, para ampliar su demanda de amparo respecto de diverso acto reclamado y autoridad responsable precisados en proveído de cinco de enero del año en curso, sin que realizara manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo en perjuicio de la parte quejosa el apercibimiento contenido en dicho proveído, y se ordena continuar el trámite de este juicio de amparo, únicamente respecto de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar de su reclusión y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de enero de dos mil diecisiete, la licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA:- - - - - - - - - -- - - - - - - Que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; y con la circunstancia de que se encuentra transcurriendo el término de quince días, para que la quejosa manifieste si es su deseo ampliar la demanda. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. LIC. ROSA MARÍA SALOMÉ MÁRQUEZ ACUÑA. En la misma fecha, la Secretaria licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días que le fue concedido a la quejosa mediante proveído de cinco del presente mes y año, para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de un diverso nuevo acto reclamado y autoridad que ahí se precisan; luego, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la quejosa en el lugar de su reclusión y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, Secretaria que autoriza y da fe.
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