Cisary Banz Reynaud Villeda

Expediente 1181/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1181/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/06/2018

Partes del expediente

  • DANYELI NAHOMEY MARTÍNEZ BURGOS y Otros.
  • Cisary Banz Reynaud Villeda

Actuaciones

  1. Principal

    El siete de junio de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, transcurrió del treinta y uno de mayo al seis de junio del año en curso; con exclusión de los días dos y tres del mes y año en curso por ser inhábiles; contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a siete de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por último, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada y en horas hábiles a recoger los documentos que anexó a su escrito de demanda, lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CUENTA. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con los oficios registrados con los folios 11233 y 11234, la constancia de notificación personal de veintitrés de mayo de la presente anualidad asentada por el actuario judicial adscrito y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a sus autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales a que haya lugar, los oficios de cuenta, signados por la Delegada y Subdirector de Control y Verificación Migratoria, ambos adscritos a la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se les tiene realizando las manifestaciones correspondientes en relación a la suspensión de plano decretada el veintitrés del mes y año en curso en el juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, vista el acta de veintitrés del mes y año en curso, asentada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte que los quejosos Wendy Vanesa Díaz Ruiz, Cisary Banz Reynaud Villeda, Eymi Pamela Rivera Acosta, José David Martínez Méndez y los menores de edad Shirli Mayte Reynaud Vázquez, Danyeli Nahomey Martínez Burgos, Jacson Omar Padilla Díaz, Ailin Sofía Rivera Acosta y Joshua Yamil Martínez García, todos de nacionalidad hondureña, manifestaron que no era su deseo ratificar el contenido del escrito de demanda promovida en su favor por Ana Karina Reyna Rodríguez. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y con fundamento en el tercer párrafo del numeral 15 de la ley de la materia en consulta, se tiene por no presentada la demanda de garantías promovida, de igual manera, se deja sin efecto las providencias decretadas en el auto de veintitrés del mes y año en curso, esto es, se levanta la suspensión de plano. Circunstancia de la cual deberá de hacerse del conocimiento de las autoridades señaladas en la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la Asesora Jurídica del Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Karla

  3. Principal

    CUENTA. El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Ana Karina Reyna Rodríguez, Asesora Jurídica Federal Especializada en Atención a Migrantes en la Ciudad de Zacatecas, en nombre de Wendy Vanesa Díaz Ruiz, Cisary Banz Reynaud Villeda, Eymi Pamela Rivera Acosta, José David Martínez Méndez y los menores de edad Shirli Mayte Reynaud Vázquez, Danyeli Nahomey Martínez Burgos, Jacson Omar Padilla Díaz, Ailin Sofía Rivera Acosta y Joshua Yamil Martínez García, todos de nacionalidad hondureña registrada con el número de folio 11102 y cinco copias de que de la misma se adjuntaron. La circunstancia de que el licenciado José Alberto Zárate Juárez (2717879), tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo que promueve Ana Karina Reyna Rodríguez, Asesora Jurídica Federal Especializada en Atención a Migrantes en la Ciudad de Zacatecas, en nombre de Wendy Vanesa Díaz Ruiz, Cisary Banz Reynaud Villeda, Eymi Pamela Rivera Acosta, José David Martínez Méndez y los menores de edad Shirli Mayte Reynaud Vázquez, Danyeli Nahomey Martínez Burgos, Jacson Omar Padilla Díaz, Ailin Sofía Rivera Acosta y Joshua Yamil Martínez García, todos de nacionalidad hondureña; contra actos del Titular de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas y otra autoridad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículos 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1181/2018, que por su orden le corresponde, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, como en la especie se reclama de las autoridades señaladas como responsables la omisión de que los quejosos Wendy Vanesa Díaz Ruiz, Cisary Banz Reynaud Villeda, Eymi Pamela Rivera Acosta, José David Martínez Méndez y los menores de edad Shirli Mayte Reynaud Vázquez, Danyeli Nahomey Martínez Burgos, Jacson Omar Padilla Díaz, Ailin Sofía Rivera Acosta y Joshua Yamil Martínez García, todos de nacionalidad hondureña, cuenten con un defensor de su elección, así como la negativa de permitir el acceso a Ana Karina Reyna Rodríguez, Asesora Jurídica Federal Especializada en Atención a Migrantes en la Ciudad de Zacatecas, a efecto de dar a conocer a los antes nombrados los servicios que brinda dicho instituto, y sean ellos quienes expresen su deseo de contar con dichos servicios; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, AL TRATARSE DE LA INCOMUNICACIÓN DE LOS AMPARISTAS; para que de inmediato cese la incomunicación de que son objeto y se permita el acceso a Ana Karina Reyna Rodríguez, a efecto de que se entreviste con los quejosos y estén en condiciones de nombrar a un defensor. Asimismo, en virtud de que los actos reclamados conllevan el peligro de deportación o expulsión de los quejosos, en términos del numeral 126 citado, se CONCEDE la SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que no sean deportados, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 158 de la ley de la materia, requiérase al Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, y al Subdirector de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ambos con residencia en esta ciudad, para que informen, en un término no mayor a veinticuatro horas, el cumplimiento que den a esta determinación, apercibidas de que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia. Por tanto, al efecto, remítaseles copia de la demanda de amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual se sancionará en los términos que establece el Código Penal aplicable en materia federal. En esa línea, tomando en consideración que los directamente agraviados se encuentran alojados en las oficinas de la Delegación Federal en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración; en consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en dicho lugar, a efecto de que realice lo siguiente:  Vocear o llamar a los directos agraviados en el lugar respectivo.  Les notifique el auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho y los prevenga para que manifiesten si es su deseo ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por la licenciada Ana Karina Reyna Rodríguez, Asesora Jurídica Federal Especializada en Atención a Migrantes en la Ciudad de Zacatecas.  Aperciba a los directos quejosos que de no ratificar la demanda de amparo en el término concedido, se tendrá por no presentada de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas. COTEJO. Ahora bien, toda vez que la promovente exhibió documento original del oficio UAO/3749/2018, de veintiuno de marzo del año en curso, suscrito por el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, con la demanda de cuenta y copia simple de éste, como lo solicita, llévese a cabo el cotejo y certificación de la copia que adjunta; en la inteligencia de que queda a su disposición en la secretaría de este juzgado el citado documento, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Asimismo, con fundamento en el citado precepto legal antes invocado, expídasele por duplicado copia certificada de esta determinación, autorizando para que en su nombre y representación la reciban sus autorizados, debiéndose levantar la constancia respectiva al momento de su entrega, previa identificación, toma de razón y recibo que se deje en autos. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado José Alberto Zárate Juárez (2717879), toda vez que se encuentra registrada su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las licenciadas Ivonne Rivera Rivero, María Hidalm Sughey Poblano Ibarra y Penelopé Yazmín Pérez Martínez; y como domicilio para tal fin en las Oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicadas en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, calle Lateral 1202, Torre "B", planta baja, colonia Cerro del Gato, Ciudad Gobierno, en esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Karla

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