Ciro Reyes Ambriz

Expediente 1242/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1242/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
15/12/2017

Partes del expediente

  • Ciro Reyes Ambriz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguese para los efectos legales conducentes el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite el original del juicio de amparo indirecto 1242/2017, en cincuenta y seis fojas, tres legajos de copias certificadas, en mil doscientas ochenta y cuatro fojas y testimonio de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 317/2017, en la que se determinó: "PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Atento a lo anterior, agréguense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración, ya que se negó el amparo en el presente juicio, además carece de relevancia documental. Por otro lado, devuélvase al Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México las constancias que remitió al sumario en que se actúa; sin que sea necesario requerir el acuse respectivo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA TERCERO INTERESADA X.J.F. EL AUTO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE POR MEDIO DELISTA: "Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada."

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1242/2017; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en la misma data en este órgano jurisdiccional; Ciro Reyes Ambriz, a través de su apoderado legal Jesús Fuentes Vázquez, solicitó la protección constitucional. Seguido el juicio con las formalidades de ley, se desahogó la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 36 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados, lo son a una autoridad judicial que reside dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable al Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, a quien se le reclama: - La resolución interlocutoria dictada en el recurso de revocación el seis de julio de dos mil diecisiete en el juicio civil 43/2013, interpuesto por el aquí quejoso, contra el auto de quince de junio del año en curso. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la citada autoridad, dado que así lo manifestó en su informe justificado (foja 22). Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las pruebas que exhibió el propio Juez responsable como anexo a su informe, consistentes en copias certificadas del expediente 43/2013; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Para un mejor entendimiento del asunto, conviene traer a contexto los antecedentes del acto reclamado: 1. El veinticuatro de enero de dos mil trece, el entonces Juzgado Sexto Civil de Cuantía Mayor de Toluca, hoy Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, recibió la demanda signada por el hoy quejoso Ciro Reyes Ambriz, mediante la cual demandó de Xóchitl Jiménez Flores, el cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales de treinta y uno de marzo de dos mil once, el pago del cincuenta por ciento resultante de las prestaciones reclamadas en la demanda que dio origen al juicio 137/2011; el pago de la pena convencional pactada, así como gastos y costas; por lo cual mediante auto de uno de febrero de dos mil trece, previa prevención y su desahogo, se admitió la demanda, ordenándose emplazar a la parte demandada para que la contestara en el plazo de quince días. 2. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil trece, Xóchitl Jiménez Flores contestó la demanda conforme sus intereses convino, y mediante auto de quince de marzo siguiente, previa prevención y su desahogo, se tuvo por contestada la demanda en tiempo y por opuestas las excepciones y defensas que hizo valer. 3. Seguida la secuela procesal, el Juez responsable dictó sentencia definitiva el once de agosto de dos mil catorce, en el juicio 43/2013, cuyos resolutivos dicen: "PRIMERO.- Ha sido procedente la vía Ordinaria Civil, sobre cumplimiento de contrato de prestación de servicios profesionales, promovido por Ciro Reyes Ambriz, quien acreditó los elementos de su acción ejercitada en contra de Xóchitl Jiménez Flores, quien no justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia: - - - SEGUNDO.- Se condena a Xóchitl Jiménez Flores, al pago de los honorarios profesionales por la prestación de los servicios profesionales proporcionados en su favor por el Licenciado Ciro Reyes Ambriz, por la cantidad consistente en el 50% (cincuenta por ciento) del total de lo recuperado en el expediente 137/2011, relativo al cumplimiento del contrato de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil, promovido por Xóchitl Jiménez Flores, en contra de Salvador Domínguez Estrada, radicado ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Tenancingo con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, tomando como base la cantidad de $5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), y deberá liquidarse en ejecución de sentencia a juicio de peritos. - - - TERCERO.- Se absuelve a Xóchitl Jiménez Flores, del pago de la pena convencional pactada por las partes en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios profesionales de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once. - - - CUARTO.- Se condena a Xóchitl Jiménez Flores, al pago de las costas en el juicio previa su regulación legal. - - - Notifíquese personalmente.". 4. En desacuerdo con lo anterior, Xóchitl Jiménez Flores interpuso recurso de apelación, del que correspondió su conocimiento a la Primera Sala Civil de Toluca, quien mediante sentencia de siete de octubre de dos mil catorce, confirmó en sus términos la sentencia apelada. 5. Mediante escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil quince, la parte actora por conducto de su mandatario, solicitó fuese requerida de pago la parte demandada respecto de la cantidad líquida de $14´900,000.00 (catorce millones novecientos mil pesos 00/100, moneda nacional). 6. En auto de la misma fecha no se acordó lo solicitado por la parte actora, indicándose que si bien la perito tercero en discordia determinó el valor y superficie del inmueble recuperado en el diverso juicio 137/2011, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, la cantidad por la que había de requerirse a la parte demandada debía ajustarse a lo ordenado en el resolutivo segundo de la sentencia definitiva. 7. Inconforme con dicha determinación, la parte actora interpuso recurso de revocación, y mediante resolución de diecisiete de agosto de dos mil quince, se resolvió la incidencia planteada, determinándose que el recurso de revocación era improcedente. 8. En desacuerdo con lo anterior, Ciro Reyes Ambriz, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer a este juzgado con el número 1339/2015, y mediante ejecutoria de veintinueve de diciembre de dos mil quince, se concedió el amparo solicitado para lo siguiente: "1. La autoridad responsable deje insubsistente la resolución de diecisiete de agosto de dos mil quince, dictada en el recurso de revocación derivado del expediente 43/2013, y - - - 2. Emita otra en la cual se ciña a los argumentos vertidos en esta sentencia y especifique de manera precisa la forma en que deberá llevarse a cabo la liquidación de los honorarios del quejoso, con base en las directrices especificadas en la sentencia condenatoria.". 9. En cumplimiento a la ejecutoria anterior, mediante resolución de tres de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, resolvió nuevamente el recurso de revocación planteado por la parte actora, por lo que modificó el auto recurrido de veintinueve de julio de dos mil quince, indicando que la liquidación de los honorarios de la parte actora debía calcularse: "1. El porcentaje será determinado partiendo de la base, como punto primario a calcular en relación con el tope; - - - 2. El tope, será el valor asignado a lo recuperado; - - - 3. La cantidad a entregar al Licenciado Ciro Reyes Ambriz, será la que resulte de la media entre dichas cantidades (base y tope).". 10. Inconforme con la resolución anterior, Xóchitl Jiménez Flores promovió el juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer a este juzgado con el número 958/2016, quien el veinte de septiembre de dos mil dieciséis determinó negar la protección constitucional solicitada. 11. En desacuerdo con la anterior determinación, la aquí tercero interesada interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien en los autos de la revisión principal civil 281/2016, en sesión de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, determinó revocar la sentencia recurrida y conceder la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México: "1. Deje insubsistente la resolución de tres de febrero de dos mil dieciséis. 2. En su lugar emita otra en la cual, en orden con lo aquí considerado, prescinda de estimar que en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios profesionales, base de la acción, se establece que para el cálculo de los honorarios, debe tomarse en cuenta como tope el total de lo recuperado, y que el monto de dichos honorarios se debe obtener de la media que resulte entre la base y el tope, ya que ello no fue pactado así. 3. Luego, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda.". 12. En cumplimiento a dicha ejecutoria, el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el Juez de origen dictó una nueva resolución en la que, al resultar parcialmente procedente el recurso de revocación, promovido por Ciro Reyes Ambriz, a través de su mandatario judicial, revocó el auto de veintinueve de julio de dos mil quince; por lo que, mediante proveído de dos de febrero del año en curso, se tuvo por cumplida la ejecutoria que concedió el amparo. 13. Empero, en contra de dicha determinación la parte quejosa interpuso inconformidad, y mediante resolución de veintitrés de marzo siguiente, dictada en el expediente 3/2017, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, declaró fundado el recurso, determinando que el fallo protector no se encontraba cumplido; por lo que se requirió nuevamente su cumplimiento. 14. Así, la autoridad responsable el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo correspondiente al expediente 958/2016, dictó la resolución correspondiente en el juicio ordinario civil 43/2013, en la que, al resultar parcialmente procedente el recurso de revocación, promovido por Ciro Reyes Ambriz, a través de su mandatario judicial, revocó el auto de veintinueve de julio de dos mil quince. 15. Sin embargo, al estimarse por este juzgado de Distrito que no se había cumplido con el fallo protector, mediante acuerdo de nueve de mayo de la presente anualidad, se requirió nuevamente su cumplimiento. 16. Ante ello, el quince de mayo del año en curso, la responsable emitió la resolución correspondiente en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 958/2016, en la que, al resultar parcialmente procedente el recurso de revocación, promovido por el aquí quejoso, a través de su mandatario judicial, revocó el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil quince. 17. Así, es un hecho notorio, que en el juicio de amparo 958/2016, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos; y que, contra dicha determinación la aquí tercero interesada Xóchitl Jiménez Flores interpuso recurso de inconformidad, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, bajo el número 8/2017, mismo que a la fecha se encuentra pendiente de resolver. 18. Mediante escrito presentado ante el juez responsable el catorce de junio del año en curso, a cual le correspondió el número de promoción 5245 cinco mil doscientos cuarenta y cinco, el mandatario judicial del aquí quejoso, señaló que al no existir determinación judicial ni recurso legal pendiente de resolver anterior a la fecha del auto de veintinueve julio de dos mil quince, debía continuarse con la ejecución de la sentencia, por lo que, solicitó se requiriera a la perito tercero en discordia, arquitecta Ana Lilia Alcalá Palomino, a efecto de que actualizara y perfeccionara su dictamen rendido en autos, a fin de ejecutar en sus términos la sentencia definitiva. 19. Ante ello, mediante acuerdo de quince de junio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 1.134. y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles, el Juez responsable se reservó emitir el proveído correspondiente, hasta en tanto le fuera comunicado que la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 958/2017 había quedado firme; pues si bien, por auto de treinta de mayo del año en curso, se había tenido por cumplido el fallo protector, también por diverso acuerdo de doce de junio de la presente anualidad, se había admitido de la demandada y quejosa el recurso de inconformidad contra el auto en cita, por lo que, dicho juicio de control constitucional se encontraba sub judice, esto es, pendiente de resolución. 20. Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, y seguido que fue el trámite del mismo, el seis de julio de dos mil diecisiete, el juez responsable resolvió declararlo improcedente y, por ende, confirmar el auto de quince de junio del presente año. Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. QUINTO. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, independientemente de que las autoridades responsables hayan aceptado los actos reclamados, toda vez que constituye una cuestión de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, al hacerse un estudio de las constancias obrantes en autos, no se advierte causa de improcedencia que las partes hicieran valer, ni se actualiza alguna que este juzgado deba examinar de manera oficiosa, por lo que, lo procedente es emprender el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Una vez estudiados en su integridad los motivos de disenso del quejoso, así como el caudal probatorio existente en autos, se estiman inoperantes, sin que se advierta motivo que dé lugar a suplirlos en su deficiencia. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, en esencia son los siguientes: 1. La resolución reclamada vulnera sus derechos de seguridad, legalidad y debido proceso, dado que carece de la adecuada fundamentación y motivación, pues a pesar de que hizo saber los motivos por los que era procedente el recurso de revocación en contra del auto de quince de junio de dos mil diecisiete, precisando qué razonamientos del juez de origen se estimaban incorrectos, en qué consistió la violación y los razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar la ilegalidad de la determinación impugnada, se determinó la improcedencia del medio de impugnación; consideración que apoyó, en la tesis de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUELLA O SE TACHA DE INDEBIDA."; 2. Agrega, que la resolución reclamada carece de la adecuada fundamentación y motivación, porque como se advierte de las constancias del expediente de origen, en el auto de quince de junio de dos mil diecisiete el juez responsable estableció su negativa a continuar con el procedimiento de ejecución de sentencia definitiva, lo que equivale a suspender el procedimiento de ejecución, sin que existiera determinación judicial al respecto, ni lo hubiese solicitada la parte contraria; 3. Que el acto reclamado vulnera lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, porque si bien, es a la autoridad a quien le corresponde salvaguardar el principio de acceso a la justicia, pero no le corresponde actuar en forma arbitraria, sino sus actuaciones deben ceñirse a lo determinado con la ley; consideración que apoyó al citar las tesis de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, SUS ETAPAS.", "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL."; y, 4. Finalmente, que la determinación de la autoridad responsable, vulnera la institución de la ejecución de sentencia, al ser de orden público, en contravención a las reglas del procedimiento, lo que estima se sustenta con los criterios de epígrafe: "COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESENCIAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.", "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LOS AUTOS DICTADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN, POR NO CONSTITUIR PROPIAMENTE ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SINO PREVIOS A ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)" y "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE PRIVILIGIARSE EL ANALISIS DE FONDO ANTES QUE APLICAR UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PORQUE EXISTE INTERÉS SOCIAL EN QUE SE EJECUTEN CORRECTAMENTE LAS RESOLUCIONES QUE CONSTITUYEN LA VERDAD LEGAL, PORQUE AQUÉLLA NO ESTÁ SUJETA A LOS PRINCIPIOS DE PRECLUSIÓN Y EQUILIBRIO PROCESAL SINO A PRESCRIPCIÓN.". Ahora bien, a fin de sustentar lo inoperante de los citados conceptos de violación, es importante destacar que los conceptos de violación constituyen la manifestación razonada que el quejoso debe expresar en contra de los motivos y fundamentos del acto reclamado, estableciendo la contravención que a su criterio exista entre los actos desplegados por la autoridad responsable y las garantías constitucionales que estime violadas, demostrando de esa manera, ante la potestad federal, la violación de sus garantías. Cabe señalar que podría estarse en presencia de cuatro hipótesis en las que debe declararse la inoperancia de los conceptos de violación que se hacen valer en una demanda de amparo, como en el caso se actualiza y a saber, son: a) Cuando los argumentos que integran los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo reclamado; b) Cuando solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros; c) Cuando substancialmente son una repetición de los agravios hechos valer ante el tribunal responsable, y se omite impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada que dieron respuesta a tales agravios; y, d) Cuando no se hicieron valer como agravio, ante la responsable. En esa tesitura, como se dijo, el acto reclamado en el presente juicio de garantías se hace consistir en la sentencia interlocutoria de seis de julio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 43/2013, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de quince de junio del año en curso. De la citada determinación, se advierte que la autoridad responsable en su parte considerativa, en principio señaló que: En términos de los artículos 1.362, 1.363 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, procedía al estudio y análisis de los agravios expresados por el recurrente, aquí quejoso. Enseguida, el juez de origen procedió a transcribir lo expresado por el recurrente, en vía de agravios; sin embargo, consideró que tales manifestaciones no tenían el alcance jurídico de ser agravios, pues no eran razonamientos lógicos jurídicos que pusieran de manifiesto la aplicación inadecuada de la ley, su indebida interpretación jurídica o la omisión de su aplicación al caso concreto, indicando cuál era la lesión o perjuicio que la determinación le provocaba. Agregó, que tales requisitos eran necesarios para estar en aptitud de hacer su correspondiente estudio y resolver lo procedente; precisando, que tal condición en la especie no se cumplía, pues el recurrente únicamente se limitó a señalar los pormenores de las actuaciones existentes en el sumario y la inconformidad de lo acordado a la promoción número 5245 cinco mil doscientos cuarenta y cinco; circunstancias que no podían constituir los agravios que exige la ley, pues no bastaba que le causara afectación el auto recurrido, en razón de que vulneraba lo previsto por los artículos 1.137, 1.231 y 2.184 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Consideración que apoyó en las tesis de rubro: "AGRAVIOS. NO LOS CONSTITUYE LA SIMPLE EXPOSICIÓN DE HECHOS." y "AGRAVIOS, NO LO SON LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS.". Asimismo, precisó que la simple invocación de una tesis jurisprudencial, así como el señalamiento de preceptos legales que se estiman violados, y las manifestaciones de inconformidad con el auto impugnado, no constituían los agravios que la ley exige para poner de manifiesto la ilegalidad de la determinación emitida. Abundó, máxime que como se había precisado en el auto que se combatía, el juicio de control constitucional se encontraba sub judice, es decir, pendiente de validar lo relativo a tener cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos o defectos, lo cual adquiría relevancia jurídica para la continuación de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio. Y, concluyó, en tales condiciones resultaba improcedente el recurso de revocación interpuesto por el recurrente Ciro Reyes Ambriz, a través de su mandatario judicial, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.364 de la legislación adjetiva civil vigente en la entidad, se confirmaba el auto de fecha quince de junio de dos mil diecisiete. Ahora, de las consideraciones resumidas en los párrafos que anteceden, se advierte que, por una parte, el quejoso no los combate en forma razonada, pues se concretó a indicar que la resolución recurrida carecía de la adecuada fundamentación y motivación, pues contrario a lo señalado por la responsable, sí había hecho saber los motivos por los que era procedente el recurso de revocación en contra del auto de quince de junio de dos mil diecisiete, precisando qué razonamientos del juez de origen se estimaban incorrectos, en qué consistió la violación y los razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar la ilegalidad de la determinación impugnada, citando diversos criterios aislados. Sin embargo, dado que el presente asunto se rige por el principio de estricto derecho, tal alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante. Ello es así, pues un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). En efecto, el quejoso no expresa argumentos que controviertan lo expuesto por la responsable, cuando señala que las manifestaciones vertidas por el recurrente, aquí quejoso, no tenían el alcance jurídico de ser agravios, al no ser razonamientos lógicos jurídicos que pusieran de manifiesto la aplicación inadecuada de la ley, su indebida interpretación jurídica o la omisión de su aplicación al caso concreto, indicando cuál era la lesión o perjuicio que la determinación le provocaba; además, que tales requisitos eran necesarios para estar en aptitud de hacer su correspondiente estudio y resolver lo procedente; así como, que tal condición en la especie no se cumplía, pues únicamente se habían señalado los pormenores de las actuaciones existentes en el sumario y la inconformidad de lo acordado a la promoción número 5245 cinco mil doscientos cuarenta y cinco; circunstancias que no podían constituir los agravios que exige la ley, pues no bastaba que le causara afectación el auto recurrido, en razón de que vulneraba lo previsto por los artículos 1.137, 1.231 y 2.184 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. De ahí que el citado motivo de inconformidad resulte inoperante. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia que sentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo VI, novena época, del Apéndice 2002, cuyo rubro y texto rezan: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (V Región) 2o. J/1 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en la página 1683, del libro 22, septiembre de 2015, del tomo III, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada.". De igual manera, devienen inoperantes los diversos argumentos, en los cuales, el quejoso aduce que la resolución reclamada carece de la adecuada fundamentación y motivación, porque como se advierte de las constancias del expediente de origen, en el auto de quince de junio de dos mil diecisiete el juez responsable estableció su negativa a continuar con el procedimiento de ejecución de sentencia definitiva, lo que equivale a suspender el procedimiento de ejecución, sin que existiera determinación judicial al respecto, ni lo hubiese solicitada la parte contraria; que el acto reclamado vulnera lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, porque si bien, es a la autoridad a quien le corresponde salvaguardar el principio de acceso a la justicia, pero no le corresponde actuar en forma arbitraria, sino sus actuaciones deben ceñirse a lo determinado con la ley; y, que la determinación de la autoridad responsable, vulnera la institución de la ejecución de sentencia, al ser de orden público, en contravención a las reglas del procedimiento. Se arriba a tal aserto, pues en ellos, por una parte, se controvierte un acto diverso al reclamado, es decir, el proveído de quince de junio de dos mil diecisiete, el cual al ser recurrido dio lugar a la resolución aquí reclamada; y por otro lado, no ataca las consideraciones de la determinación que se reclama. En efecto, con los diversos argumentos no ataca las consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, pues en ellos cuestiona el actuar de la responsable, al considerarlo arbitrario, al no ceñirlo a lo determinado por la ley; así como, la posible consecuencia de dicha actuación, al indicar que con ella se vulnera la institución de la ejecución de sentencia. Atento a ello, se evidencia que el impetrante de garantías, en ningún momento dirige sus argumentos o conceptos de violación a combatir el acto reclamado que se encuentra precisado en párrafos precedentes, el que estimó en su escrito inicial de demanda, es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, es inconcuso concluir que debió de controvertir lo argumentado por la responsable. En ese sentido, si los aludidos motivos de inconformidad sólo se enfocan en combatir diverso acto al que ella precisó en el apartado correspondiente como reclamado, así como circunstancias no asentadas en la resolución reclamada, éstos resultan inoperantes, en razón de que el quejoso no precisó, mediante los razonamientos correspondientes, a controvertir el acto reclamado, sino que únicamente evidenció la indebida fundamentación del proveído de quince de junio de dos mil diecisiete, el cual no forma parte de la presente Litis, y cuestionó el actuar de la responsable, al considerarlo arbitrario; así como, la posible consecuencia de dicha actuación, al indicar que con ella se vulnera la institución de la ejecución de sentencia, es incuestionable que tales motivos de disenso devienen inoperantes. En abundamiento, cabe puntualizar que para que el impetrante controvirtiera las consideraciones del acto que reclama, debió realizar razonamientos suficientes con los cuales demostrara la contravención entre el acto impugnado y las garantías que estima violadas, las consideraciones jurídicas concretas tendentes a argüir los fundamentos de la resolución reclamada, para poner de manifiesto que el acto reclamado combatido es contrario a la ley o a su interpretación jurídica, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicable, o bien porque no se hizo una correcta interpretación de la ley o, por último, porque el fallo impugnado no se apoyó en principios generales de derecho aplicables al caso concreto. Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, del volumen CXXVI, cuarta parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable.". De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia III.2°.C.J/13, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 75, diciembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada.". Por consiguiente, si los planteamientos formulados en los conceptos de violación son inoperantes por no combatir los razonamientos torales en que se fundamenta la sentencia reclamada, por tanto, es incuestionable que ésta deberá permanecer intocada para regir el sentido del fallo. En consecuencia, ante la ineficacia jurídica de los motivos de inconformidad, y como el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se controvierten cuestiones que afecten a menores o incapaces, ni se advierte que se haya cometido contra del quejoso violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, lo que en el caso procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ciro Reyes Ambriz, a través de su apoderado legal Jesús Fuentes Vázquez, respecto del acto reclamado al Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa asistido del Secretario Oscar Jesús Segundo Suárez, que da fe.

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