Cirilo Laos Laureles
Expediente 247/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2023
Partes del expediente
- Cirilo Laos Laureles
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese el oficio signado vía electrónica por el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia Naucalpan de Juárez, por medio del cual, comunica que el órgano colegiado de su adscripción admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el representante legal de las autoridades responsables, contra la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; medio de impugnación que se registró con el número ********************, de su índice.****************************************De lo que se toma conocimiento y se está a la espera de la resolución que en su momento emita la superioridad sobre el recurso en comento
- Principal
Sentencia: Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 247/2023-IV-C promovido por ********************; y, Resultando: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de las autoridades y acto que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A) PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS... B) COMITÉ DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS... IV.- ACTO RECLAMADO: La omisión de dar respuesta al mi escrito de SOLICITUD DE PENSIÓN presentado ante la OFICINA DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE OAD IXTAPAN DE LA SAL, del INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, en fecha treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022), y al cual, se le asignó el folio: ********************. El acto que se reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo es en su doble carácter de ordenadora y ejecutora en el ámbito de sus atribuciones. De las autoridades señaladas como responsables, reclamo la violación a los artículos: 1 y 8 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. en relación con el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios en vigor, en el cual se establece con toda claridad y precisión que: ". El instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de TREINTA DÍAS contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente." En ese contexto, cabe destacar que en el caso que nos ocupa, a la fecha HAN TRANSCURRIDO CON EXCESO los TREINTA (30) DÍAS que dispone la Ley del ISSEMYM para resolver sobre mi escrito de SOLICITUD DE PENSIÓN. el cual fue presentado ante la OFICINA DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE OAD IXTAPAN DE LA SAL, del INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, en fecha treinta (30) de agostos de dos mil veintidós. y al cual, se le asignó el folio: ********************. SIN QUE HASTA LA FECHA las autoridades responsables, hayan dado respuesta alguna a mi escrito de SOLICITUD DE PENSION dentro del plazo establecido en la Ley aplicable, por lo que TAL SILENCIO resulta ilegal y violatorio de mis derechos humanos fundamentales." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8° y 123, apartado B fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, quien por auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, radicó la demanda con el número 247/2023-IV-C; se admitió a trámite, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y Considerando: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 en relación con el 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama una omisión atribuida a autoridades administrativas que tienen su residencia dentro del ámbito territorial en que este juzgado tiene competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridad responsable. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De conformidad con el análisis del escrito de demanda se obtiene que el quejoso ********************, reclama del Presidente del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios: La omisión de emitir el dictamen respecto de la solicitud de pensión registrada con el folio número ********************, presentada el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Atención al Derechohabiente OAD Ixtapan, Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por su parte, las autoridades responsables Presidente del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a la data en que se actúa se encuentra, transcurriendo el plazo para que rinda su informe justificado; por tanto, se tienen como presuntivamente ciertos los actos que les fueron atribuidos. Certeza que se corrobora con la copia certificada de solicitud de pensión número ********************, de treinta de agosto de dos mil veintidós, la cual exhibió el quejoso como anexo a su escrito inicial de demanda; misma que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Asimismo, robustece lo anterior, lo expuesto por el representante legal de las responsables, en el oficio que se proveyó el veintisiete de febrero del año en curso, del que se advierte que la prelación para dar contestación a las solicitudes realizadas por los derechohabientes CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". No obstante lo anterior, es menester señalar que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede el análisis de la regularidad constitucional de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. QUINTO. Transcripción de conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la Ley de Amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la peticionaria de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio del fondo del asunto. La parte quejosa, en sus conceptos de violación aduce que se transgrede su garantía contenida en el artículo 8° de la Constitución General de la República, ya que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su petición formulada el treinta de agosto de dos mil veintidós, en donde solicitó la emisión del dictamen respecto de la procedencia de la pensión solicitada. Dicho concepto de violación, es fundado, puesto que, como lo aduce la parte quejosa, el Presidente del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, transgreden el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional, que la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del artículo antes transcrito, derivan ciertos elementos del derecho de petición, siendo los siguientes: Debe formularse por escrito de manera pacífica y respetuosa. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada. Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta de la autoridad. La contestación de la autoridad deberá hacerlo en breve término a quien lo solicitó. Entonces, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho escrito, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia, siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular" (Época: Novena Época; Registro: 189914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 42/2001; Página: 126). De lo anterior, se deduce que el artículo 8° Constitucional, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dar contestación por escrito; y b) Que se realice en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Por otra parte, el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio, así como los diversos 3° y 4°, del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en lo que interesa, establecen: "Artículo 73.- El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (.)" "Artículo 3°. El Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, previstas en la ley, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes." "Artículo 4°. El Comité de Pensiones es un órgano auxiliar del H. Consejo Directivo del Instituto con facultades decisorias para analizar y resolver sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de pensiones, así como del estímulo por permanencia de los servidores públicos." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que aquí interesa, que las citadas responsables cuentan con un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud, para resolver respecto al otorgamiento de una pensión. En el presente asunto, como lo acredita la parte quejosa con el acuse de treinta de agosto de dos mil veintidós, recibido en la Oficina de Atención al Derechohabiente OAD Ixtapan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); se advierte que realizó una petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa, en donde solicitó el otorgamiento del dictamen de pensión; del cual se evidencia que a la emisión del presente fallo ha transcurrido más de cinco meses, desde su ingreso; sin embargo, no se aprecia que se haya emitido una respuesta por parte de las autoridades responsables. Por tanto, si las citadas responsables han sido omisas en dar contestación a la petición realizada por la parte quejosa; es evidente que con dicho actuar se transgrede lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso 73, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio, así como los diversos 3° y 4° del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Por su aplicación, se cita la tesis aislada I.2o.A.5 K, que establece: "DERECHO DE PETICION, VIOLACION AL. La violación al derecho de petición puede ser invocada siempre que un funcionario público no dé respuesta a una solicitud formulada en los términos exigidos por el artículo octavo constitucional, aun cuando lo que se pide se encuentre expresamente previsto en algún precepto ordinario" (Época: Octava Época, Registro: 223375, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Marzo de 1991, Materia(s): Común, Tesis: I.2o.A.5 K, Página: 137). Así como la jurisprudencia P./J. 113/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia Constitucional, Novena Época, página 5, cuya literalidad es: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". En este orden, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo para el efecto de que las autoridades responsables Presidente del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de manera inmediata, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, realicen lo siguiente: Emitan una respuesta fundada y motivada, respecto de la solicitud de pensión presentada por el quejoso el treinta de agosto de dos mil veintidós, a la cual le asignó el número de folio ********************; y, Notifiquen dicha determinación de manera personal al aquí quejoso. Asimismo, se hace del conocimiento a las responsables que deberán acatar la presente sentencia en el improrrogable término que se otorgue en el auto que cause ejecutoria la presente resolución, en caso de que la misma estime correcto emitir el cumplimiento en el turno que internamente le corresponda dadas las cargas de trabajo que pudiera tener, se entenderá como un retardo injustificado, traduciéndose en un desacato en el cumplimiento de la sentencia, lo que traería como consecuencia la remisión del presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución; así como, para que lleve a cabo el proyecto de separación de su cargo, conforme a lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo. Sin que ello implique que, con motivo de la presente concesión, las autoridades responsables están vinculadas a responder favorablemente a los intereses de la parte solicitante, pues únicamente está constreñida a dar respuesta en forma congruente con lo planteado por la peticionaria. Tiene aplicación, la jurisprudencia VI.1o.A. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que establece: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, Resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado al Presidente del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, consistente en la omisión de emitir el dictamen respecto de la solicitud de pensión registrada con el folio número ********************, presentada el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Atención al Derechohabiente OAD Ixtapan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. **
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado Intégrese el oficio signado electrónicamente por ********************, en su carácter de representante legal del Presidente del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a través del cual, rinde su informe justificado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado, por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Delegados y domicilio Con fundamento en los ordinales 9° y 28, fracción I, de la ley de la materia se tienen como delegados y domicilio procesal de la autoridad responsable los señalados en la misiva de cuenta. Acceso al expediente electrónico Asimismo, se autoriza la consulta del juicio en su versión electrónica al usuario ******************** por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-. En ese sentido, se comisiona al analista jurídico SISE, para que actualice los campos respectivos a fin de que las autoridades puedan acceder al expediente electrónico. TRANSFERENCIA Por otra parte, del estado procesal de autos, se advierte que el presente sumario se encuentra debidamente integrado para el dictado de la resolución correspondiente, en virtud de que se cuenta con el informe justificado de las autoridades responsables. En ese contexto, a efecto de velar por el derecho del quejoso a una impartición de justicia pronta y expedita, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la audiencia constitucional inicialmente prevista para el para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos de veintidós de marzo del año en curso, se transfiere y se señalan las diez horas con cuarenta y dos minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, para su verificativo. Sin que se estime que esta determinación transgreda derecho alguno a las partes, pues a la data señalada, se encontraran debidamente notificadas de la nueva fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Apoya a lo anterior, la tesis I.5o.C.1 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados.".
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Radicación y admisión Vista la demanda promovida por ***, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se ordena se registre con el número de expediente 247/2023-IV-C y se admite la demanda. Incidente de suspensión No tramita el incidente de suspensión, al no haberse solicitado. Ministerio Público Federal Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria, por lo que se deja a disposición copia de la demanda en la sección de actuaría. Audiencia constitucional Se fijan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. Requerimiento a la autoridad Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Asimismo, tomando en cuenta que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en una violación al artículo 8º constitucional, merced a que se reclama la omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada el treinta de agosto de dos mil veintidós, con número de folio 5,484-43102; en consecuencia, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días contados a partir de que reciban el oficio que derive del presente proveído, emita respuesta congruente en relación con la omisión que se les reclama y realice la notificación correspondiente, debiendo remitir a este órgano de control constitucional las constancias con las que acredite el cumplimiento a su obligación procesal en suma del informe con justificación que le fue solicitado en el párrafo anterior o, en su defecto, dentro del mismo término, informe la imposibilidad jurídica o material que tenga para ello. En el entendido de que podrán rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que, de ser omisas en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley de la materia, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, asimismo, se solicita que haga saber la existencia de amparos promovidos previamente por la parte quejosa, o bien, por alguna de las partes intervinientes en el juicio de origen, para lo cual se deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. Tercero interesado Dada la naturaleza del acto reclamado se estima que en el presente asunto no existe tercero interesado. Prueba El quejoso ofrece como prueba la siguiente: La documental consistente en copia certificada de solicitud de pensión con número de folio 5,484-43102; La presuncional en su doble aspecto legal y humana; y, La instrumental de actuaciones. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las probanzas en comento, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Domicilio, acceso y notificaciones electrónicas Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario "3159556********************; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no así el domicilio físico que proporciona, lo anterior, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A********************, para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Correo electrónico Sin que haya lugar a tener como tal el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dichos medios de comunicación no se encuentra contemplado dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a lo previsto por la legislación en cita Autorizado En relación a la persona que designa como autorizado; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 17 constitucional y en atención al derecho de tutela judicial efectiva, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea******************** a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
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