Ciro Jimenez Pardo
Expediente 640/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ciro Jimenez Pardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el dieciséis de agosto del año actual se emitió sentencia en este juicio de amparo (fojas 89 a 99); sin embargo, también se desprende que no se emitió el oficio respectivo a la autoridad responsable Dirección General de Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, por la que se amplió la demanda que nos ocupa. Por tanto, a fin de que la totalidad de las partes se encuentren debidamente notificadas de la resolución en comento, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, gírese oficio a la responsable en cita, adjuntándole copia simple de la sentencia de mérito, solicitándole tenga a bien acusar recibo del mismo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 640/2022, promovido por ***; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, **** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que continuación se transcriben: "AUTORIDAD RESPONSABLE Señalo en su doble carácter: Secretaria del BIENESTAR con sede en ciudad de México (...) NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD ÚNICO. La omisión a dar contestación de manera invariable y por escrito, en forma congruente y en breve término, a mi escrito que le presenté el 05 de octubre de 2022." (fojas 1 y 2). SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós (fojas 13 a 17), se ordenó registrar la demanda con el número ****, se admitió a trámite, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Por auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, de oficio, por las condiciones particulares de vulnerabilidad del quejoso como persona adulta mayor, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto de la autoridad responsable Dirección General de Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado (fojas 58 a 62); y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, pues la conducta reclamada es de naturaleza omisiva, la cual carece de ejecución material, y la demanda se presentó en esta ciudad, por tanto, este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer de este asunto. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Así, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y ampliación de la misma, se concluye que el quejoso ***, reclama lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, inicialmente ante la Secretaría de Bienestar Social, quien a su vez lo remitió a la Dirección General de Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, por razón de competencia (fojas 5 a 8 y 51 frente y vuelta). Apoya a lo anterior, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno del Máximo Tribunal Constitucional del país, que precisa lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierta la conducta reclamada de las autoridades responsables Secretaría del Bienestar y Director General de Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, ambos con residencia la Ciudad de México, consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado a la primera de ellas el cinco de octubre de dos mil veintidós, el cual turnó, por cuestión de competencia, a la segunda de las autoridades, pues si bien, al rendir sus informes justificados fueron imprecisas en negar o aceptar la existencia de la conducta de omisión que se les atribuye (fojas 38 a 42 y 75 a 82), lo cierto es que no exhibieron documento alguno del que se observe que hayan dado respuesta al escrito de la parte quejosa (fojas 5 a 8) y ésta haya tenido conocimiento de lo recaído al mismo, al menos en la fecha de presentación de la demanda (cuatro de noviembre de dos mil veintidós); de ahí que se estime cierto el acto que se les atribuye. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado de la Secretaría del Bienestar. Dicha disposición establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Del texto del numeral antes transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando cesen los efectos del acto reclamado. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido que, para la actualización de dicha causal, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Pues bien, se sostiene la configuración de la causa de improcedencia de mérito, en atención a que en el presente juicio de amparo, se reclamó de la Secretaría del Bienestar, la omisión de de dar contestación al escrito que le fue presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, al cual dio contestación en oficio *** de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós (foja 53). En dicha contestación, la citada autoridad responsable medularmente informó al peticionario que la competencia para atender las manifestaciones vertidas en su petición, radica en la Dirección General de Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, a quien remitió el escrito. De esta forma, al emitir respuesta a la petición y si la quejosa tuvo conocimiento de esa contestación con motivo de la ampliación de la demanda que se acordó de oficio por parte de este Juzgado en auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, con motivo del informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretaría de Bienestar (fojas 58 a 62), el cual se le notificó vía electrónica el diez siguiente (foja 72 vuelta), es claro que se cumplieron con las dos obligaciones previstas en el artículo 8 Constitucional, es decir, dar respuesta a lo solicitado y hacerlo del conocimiento al gobernado, aquí quejoso; por tanto, cesó la omisión reclamada de la citada autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto"." (Lo resaltado corresponde a este Juzgado). Por otra parte, la autoridad responsable Dirección General de Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, al rendir su informe justificado adujo que el presente juicio de amparo es improcedente porque se actualizan diversas causas de improcedencia, por lo cual debe sobreseerse (fojas 76 a 82). Sobre el particular, señaló que en el caso se actualizan las señaladas en las disposiciones legales siguientes: a) Artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos). b) Artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, ambos de la Ley de la Materia (falta de conceptos de violación). c) Artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 77, ambos de la citada legislación (no poderse concretar los efectos de la concesión en el juicio de amparo). Causa de improcedencia inciso a). La autoridad responsable argumenta que han cesado los efectos del acto reclamado pues se le ha dado respuesta a la petición del solicitante (foja 76 vuelta y 77 vuelta). No asiste razón a la autoridad responsable en su argumento, porque su sola afirmación en ese sentido es insuficiente para tener por demostrado dicho evento, mayormente cuando en el caso, no obra en las actuaciones constancia de la que derive que se ha dado respuesta a lo solicitado en el escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, ni de aquella constancia mediante la que se hubiere comunicado dicha respuesta al peticionario, lo cual se considera necesario para actualizar la causa de improcedencia en comento. Causa de improcedencia inciso b). Refiere la autoridad responsable que el quejoso no acreditó con razonamientos encaminados a explicar que el acto que se le reclama es contrario a la ley, porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o, bien, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, por lo que afirma no existen conceptos de violación (foja 80). Al respecto, contrario a lo que aduce la responsable, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa sí expresó conceptos de violación, los cuales son suficientes para evidenciar la causa de pedir, pues en ellos señala, medularmente, que con la omisión reclamada se transgrede en su perjuicio el artículo 8 de la Carta Magna, porque no obstante que su petición ante la responsable se efectuó en forma escrita, pacífica, respetuosa y con señalamiento específico del domicilio para oír y recibir notificaciones, la autoridad responsable ha olvidado emitir en un lapso prudente y en forma congruente, la respuesta a la solicitud, violando en consecuencia el más elemental derecho de petición. Causa de improcedencia inciso c). Señala la autoridad responsable que al no poderse concretar los efectos del juicio de amparo, restituyendo al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al esto que guardaban antes de la violación (foja 81), se actualiza la causa de improcedencia señalada en el inciso c) antes citada. Ahora, el artículo 77, fracción II, de la Ley de la Materia, señala los efectos de la concesión del amparo, los cuales serán, cuando el acto reclamado implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el caso, se está en presencia de un acto omisivo de autoridad que el gobernado reclama, porque no se ha dado respuesta a su petición contenida en el escrito que presentó el cinco de octubre de dos mil veintidós. Así, a diferencia de lo que expone la autoridad responsable, se está en presencia de un caso en el que pueden concretarse los efectos del juicio de amparo, pues en el eventual caso de estimar violatoria de derechos fundamentales la conducta reclamada, el efecto será que la autoridad responsable, en respeto al derecho de que se trata, emita respuesta a lo peticionado y la comunique al solicitante. Por tanto, no se actualiza el motivo de improcedencia mencionado y al no advertirse alguna otra causa de improcedencia hecha valer por las partes o alguna que deba ser abordada de oficio, procede el estudio de constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. ANÁLISIS DE FONDO DEL ASUNTO. En el único concepto de violación expuesto por la quejosa en su demanda de amparo expresó que: "Se transgrede en mi perjuicio el artículo 8° de nuestra Carta Magna, en virtud de que este numeral ordena que "a toda petición deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario"; sin embargo, a pesar que mi petición la efectué en forma escrita, pacífica, respetuosa, y con el señalamiento específico del domicilio para oír y recibir notificaciones, la autoridad responsable ha hecho caso omiso, violando en consecuencia mi más elemental derecho de petición toda vez que olvidó emitir en un lapso prudente y en forma congruente, la respuesta a mi solicitud. En el caso, ante el silencio de la autoridad responsable, se advierte que tal proceder resulta atentatorio al derecho fundamental afín al artículo 8° Constitucional y, por tanto, resulta procedente se conceda a mi favor el amparo y protección de la justicia de la Unión." (foja 2). Es fundado el argumento anterior, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El artículo transcrito consagra el denominado derecho de petición, que consiste en la facultad que tiene el gobernado para dirigirse a la autoridad, y la correspondiente obligación que tienen los órganos y servidores que ejercen el poder público de contestar por escrito y dar a conocer a los interesados su respuesta en breve término. Entonces, como presupuesto del derecho citado, debe concurrir que se formule una petición del gobernado al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la autoridad ante la cual se dirige la petición correspondiente. Es de apoyo la jurisprudencia número P./J.42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." De igual manera, la petición formulada debe colmar tres elementos, a saber: 1.- Se formule por escrito, 2.- De manera pacífica; 3.- Respetuosa. Por su parte, en respeto de dicha disposición constitucional, las autoridades deberán cumplir con lo siguiente: 1.- Que a la petición formulada recaiga un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido; 2.- Que tal acuerdo sea congruente con lo peticionado y, 3.- Que se dé a conocer tal respuesta en breve término al peticionario. Sirve de apoyo la tesis con número de registro 318678 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PETICION, DERECHO DE. Si bien es cierto que la garantía que otorga el artículo 8o., constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas, sí impone a las autoridades la obligación de dar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término, al peticionario." Aunado a lo expuesto, es evidente que lo previsto en el numeral en comento no se agota con sólo dar respuesta a la petición que formule el gobernado, sino además, ésta debe atender de manera coherente y completa lo que se solicita, pronunciándose la autoridad como en derecho proceda, ya sea en sentido positivo o negativo, pero resolviendo lo que se plantea, asimismo, debe notificar dicha respuesta al solicitante. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." En el caso concreto, asiste razón a la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable Dirección General de Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, ha omitido dar respuesta al escrito que presentó inicialmente ante la Secretaría de Bienestar el cinco de octubre de dos mil veintidós, y que le fue remitido por esta última autoridad mediante oficio *** de veintiséis de octubre de dos mil veintidós (foja 51 vuelta), al ser de su competencia, pues la citada responsable no acreditó en este juicio de amparo que se hubiera dado respuesta a la petición realizada por el quejoso , y menos aún que le haya sido notificada esa respuesta, ya que, como se explicó, ésta debe realizarse por escrito, dirigido al solicitante, de manera fundada y motivada, debiendo notificarse a la parte interesada, situaciones que, como se adelantó, no se encuentran demostradas en los autos del presente juicio de amparo. En esa tesitura, es notoria la transgresión al derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la parte quejosa. SEXTO. DECISIÓN Y EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Ante lo fundado del concepto de violación analizado en el apartado anterior, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que, la autoridad responsable Dirección General de Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, de contestación a la petición formulada por el quejoso mediante escrito recibido el cinco de octubre de dos mil veintidós en esa Secretaría, y que se le remitió por esta última mediante oficio *** de veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, sin constreñir o vincular a la responsable a que la respuesta sea en un sentido favorable o desfavorable a los intereses de la peticionaria en relación con lo solicitado. Colmado lo anterior, deberá notificarlo en forma personal al interesado, o por conducto de quien hubiese autorizado para tal efecto, asentando de manera fehaciente y clara los términos en los cuales fue practicada la referida notificación, en debido acatamiento a lo dispuesto por el precitado artículo 8 de la Constitución Federal. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 640/2022, promovido por ***, por el acto reclamado de la autoridad responsable Secretaría del Bienestar, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, por el acto reclamado de la autoridad señalada en el considerando quinto de esta sentencia y para los efectos que se precisan en el sexto de la misma. TERCERO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hasta hoy dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de Cynthia González López, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, y en su lugar se señalan las diez horas del siete de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, tres de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio que remite la autoridad responsable Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en representación de la Dirección General de Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde informe justificado respecto de la ampliación de la demanda promovida en autos (foja 61); por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga. Como lo solicita la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el informe que se acuerda, y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que indica para tales efectos. Ahora bien, del informe justificado que se agrega, se advierte que la responsable emite una respuesta a lo solicitado, vía derecho de petición, por tanto, córrase traslado al quejoso con el oficio de cuenta para que dentro del término de quince días, legalmente computados, amplíe su demanda de amparo, si a su interés legal conviene, en el entendido que de no hacerlo se continuará con la secuela procesal, y se resolverá este asunto únicamente por los actos y autoridades señalados en su escrito de demanda y la ampliación de nueve de enero actual (foja 61 a la 65). Asimismo, deberá realizar su ampliación conforme a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia 149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, con traslado del oficio que se agrega y su anexo, y en caso de entenderse con el quejoso directo, léase el presente proveído así como el informe justificado que se anexa. Así, lo acordó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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