Cirilo Esteban Del Angel

Expediente 87/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
87/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Cirilo Esteban Del Angel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de abril del año que transcurre (fojas 34 a 39), emitida por este Juzgado de Distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, además no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Por cuanto al cuaderno incidental, toda vez que se concedió la suspensión provisional, así mismo se negó la medida suspensional definitiva, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del referido acuerdo, es susceptible de depuración (con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación); agréguese copia certificada de este acuerdo a los incidentes respectivos. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo ******************** promovido por********************contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación Número Uno, de esta ciudad y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en Oficialía de Partes de este Juzgado, ********************solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORA, C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD GENERAL INVESTIGACIÓN NUMEO (sic) UNO (1). COMO EJECUTORA: 1.- ENCARGADO DEL GRUPO DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DEL ESTADO ADSCRITO A LA UNIDAD INVESTIGADORA No 1, 2 Y 3 EN ESTA LOCALIDAD, con domicilio conocido en esta Ciudad. 2.- AGENTE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA ADSCRITA REGIÓN 1 EN LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. IV.- ACTOS RECLAMADOS: ACTOS RECLAMADOS.- C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 1, LA ORDEN DE DETENCIÓN EN PRIVARNOS DE NUESTAR (sic) LIBERTAD PERSONAL, PRESENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN, dictado en nuestro perjuicio, sin existir los elementos ni fundamento legales jurídicos, para extenderme la Orden de DETENCIÓN EN PRIVARNOS DE NUESTRA LIBERTAD PERSONAL, sin haber cometido delito alguno en contra de alguna persona o sociedad PRESENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN, en forma ilícita, dolosa, parcial, no por demás de carecer de eficacia jurídica, en mi perjuicio, reclamado así mismo todas sus consecuencias directas e indirectas en lo que afecten a mis Garantías Individuales y Derecho de mi Persona en donde el suscrito en ningún momento ha incurrido a cometer alguna conducta ilícita en perjuicio de alguna persona o sociedad, a consecuencia de la misma, negar al quejoso de que intervenga una presente CARPETA DE INVESTIGACIÓN, donde sea oído y vencido en juicio como lo dispone el dispositivo del artículo 16 Constitucional del AGENTE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA ADSCRITA REGIÓN 1 EN LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, Autoridad Reclamo en su Calidad de Ejecutora, con domicilio Oficial conocido en esta Ciudad, de esta Autoridad Reclamo en su Calidad de Ejecutora, dar cumplimiento a la orden obsequiada de DETENCIÓN EN PRIVARME DE MI LIBERTAD PERSONAL, PRESENTACIÓN, LOCALIZACIÓN, en mi perjuicio para que la ejecuten y nos priven de nuestra libertad personal fuera de procedimiento judicial sin cumplir con las formalidades esenciales de procedimientos; reclamando así mismo todas las consecuencias directas e indirectas en lo que afecten a mi Garantías Individuales y derechos de Persona. AGENTE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA ADSCRITA REGIÓN 1 EN LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, con domicilio Oficial conocido en esta Ciudad, de esta Autoridad Reclamo en su Calidad de Ejecutora, dar cumplimiento a la ORDEN de DETENCIÓN EN PRIVARNOS DE NUESTRA LIBERTAD PERSONAL, PRESENTACIÓN, LOCALIZACIÓN, obsequiada en mi perjuicio para que la ejecuten y nos priven de nuestra libertad personal fuera de procedimiento judicial sin cumplir con las formalidades esenciales de procedimientos; reclamando así mismo todas las consecuencias directas e indirectas en lo que afecten a nuestras Garantías Individuales y derechos de Persona. (.)" El promovente manifestó como derechos fundamentales violados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Este Juzgado de Distrito en auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, radicó la demanda de amparo bajo el número ******************** la admitió a trámite, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Lo anterior, porque las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se precisa que el quejoso reclama lo siguiente: La orden de detención, privación de la libertad, presentación y localización girada en su contra, así como su ejecución. Apoya a lo anterior, por el criterio que la conforma, la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables 1) Encargados de Grupo de la Policía Investigadora del Estado, adscritos a la Unidad Investigadora Número Uno, Dos y Tres, por conducto del agente encargado de la Policía Investigadora (foja 17), 2) agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Uno (foja 20), y agente de la Policía Investigadora adscrito a la Región 1 (foja 30), consistente en la orden de detención, privación de la libertad, presentación y localización y su ejecución, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Por tanto, como el quejoso no ofreció prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, ante la inexistencia de los actos reclamados, se sobresee en el presente juicio. Apoya lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Ello es así, dado que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hechos que debe acreditarse con las pruebas adecuadas e idóneas; de ahí que, cuando las autoridades responsables niegan categóricamente el acto que se les imputa, en tal supuesto, el juez de distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y, luego, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; por tanto, es evidente que corresponde a la parte quejosa la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables, y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Es aplicable a lo anterior, por el criterio que la conforma, la tesis VI.2º.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice lo siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. DECISIÓN. Ante la inexistencia de los actos reclamados que quedaron precisados en la presente sentencia, se SOBRESEE en el presente juicio, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo ******************** promovido por ********************. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la cuenta; de autos se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos de este día, para el verificativo de la audiencia constitucional en este juicio de amparo (foja 7 vuelta); asimismo, que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con el objeto de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación rendido por la autoridad responsable José Luis Paz Alemán, agente de la Policía Investigadora, con residencia en esta ciudad (foja 31), y puedan estar en aptitud de manifestar lo que a su interés legal convenga. Para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

  4. Incidental

    VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 87/2023, promovido por Cirilo Esteban del Ángel, contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General Investigación Número Uno, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se formó el presente incidente de suspensión con la demanda de amparo promovida por Cirilo Esteban del Ángel, se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 128, 129, 142, 144 y 146 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en lo previsto en la fracción I, del artículo 146 de la ley de la materia, se precisa que los actos reclamados por la quejosa, se hacen consistir en: La orden de detención, localización y presentación girada en su contra, y su ejecución. TERCERO. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa solicita la suspensión en los términos siguientes: "[.] con el objeto de que las cosas se mantengan en el estado en que se guardan [.]." Sin embargo, este juzgado se pronunciará respecto de las consecuencias de los actos reclamados precisados pues se advierte que la verdadera intención del quejoso es que no se le prive de su libertad con lo que se conserva la materia del juicio de amparo del que deriva esta incidencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." CUARTO. CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Encargado de los Grupos de la Policía Investigadora del Estado adscritos a las Unidades Investigadoras Uno, Dos y Tres; agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Uno; y agente de la Policía Investigadora, todas con sede en esta ciudad -ésta última en su denominación correcta de la responsable señalada como Agente de la Policía Investigadora adscrito a la Región 1, de esta ciudad-, al rendir sus respectivos informes previos negaron expresamente la existencia de los actos reclamados, y como el quejoso no aportó prueba alguna para desvirtuar tales negativas, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por resultar improcedente ante la falta de materia sobre la cual decretarla. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis sustentada por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 356, Tomo X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: "INFORME PREVIO. Si el recurrente no aporta prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe previo, el mismo debe tenerse como cierto y, consecuentemente, negarse la suspensión, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 142 y 146 y demás relativos a la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a Cirilo Esteban del Ángel, la suspensión definitiva solicitada, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de José Luis Batres Antonio, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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