Cirina Esquivel García
Expediente 11/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/02/2018
Partes del expediente
- Cirina Esquivel García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VI. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el quejoso no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 43 a 46), por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la carátula del presente juicio; y al no existir más por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, devuélvanse al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Central Dos del Segundo Turno, de la Fiscalía Regional de Toluca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las copias certificadas de la capeta de investigación ****, ****, al no ser necesaria su permanencia por más tiempo en este Juzgado de Distrito. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual informa que el cinco de enero de la presente anualidad, determinó no calificar ni ratificar de legal la detención decretada por la Representación Social contra la quejosa ******** o ***********, por su probable intervención en el hecho delictuoso de extorsión, ordenando su inmediata libertad en la causa penal *******. En ese tenor, este Juzgado de Distrito toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes y se deja insubsistente el apercibimiento con que se conminó a la oficiante mediante proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho . Ahora bien del informe rendido por la autoridad oficiante, este Juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. Ahora bien, el presente juicio de amparo se promovió por *************, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Central II, de la Fiscalía Regional de Toluca, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, donde reclamó la detención decretada en su contra y su ejecución. No obstante ello, del informe rendido por la citada autoridad responsable, se desprende que una vez integrada la investigación seguida en contra de la promovente del amparo, ésta fue puesta a disposición de la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez. En ese sentido, del comunicado de cuenta se advierte que el cinco de enero de dos mil dieciocho, a las ocho horas con treinta minutos, se celebró la audiencia inicial en los autos de la carpeta penal 5/2018, en la cual la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, resolvió no calificar, ni ratificar de legal la detención decretada por la Representación Social en contra de la ahora quejosa, por su probable participación en el hecho delictuoso de extorsión en agravio de Artemio González Esquivel, ordenándose su inmediata libertad. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 226 con número de registro 394182, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México resolvió no calificar, ni ratificar de legal la detención de la ahora quejosa, ordenando su inmediata libertad; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando al momento de la presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. A lo anterior, sirve de apoyo la Jurisprudencia 103, con número de registro 917637, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa Jurisprudencia 415, con número de registro 917949, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis aislada P. CL/97, con número de registro 197367, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se precisa que este juzgador de amparo considera innecesario dar vista a la parte quejosa con la actualización de la causa de improcedencia analizada, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que atendiendo a los motivos que la originaron, no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, ya que sólo provocaría retraso en la impartición de justicia, máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 53/2016 (10a.), con número de registro 2011696, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1191 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO, COMO CONSECUENCIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN ASUNTO RELACIONADO, DEBE QUEDAR AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR. El precepto citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. No obstante, tratándose de asuntos relacionados que por regla general se ven en una misma sesión del Tribunal Colegiado de Circuito, el cumplimiento de la obligación de dar la vista al quejoso con la posible actualización de alguna causa de improcedencia, depende necesariamente del examen cuidadoso que en cada caso concreto realice el juzgador, atendiendo a la ponderación de los diversos derechos de los gobernados en relación con los principios de exhaustividad, congruencia y concentración, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento, a fin de que pueda determinar si existe razón suficiente para ordenar la vista. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que queda sin efectos la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con diez minutos del dos de febrero de dos mil dieciocho, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. Visto el estado procesal de autos, del que se desprende que mediante proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho se requirió al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, a fin de que en un plazo de tres días manifestara si calificó de legal la detención de *************; sin que a la fecha diera el cumplimiento al mismo. Por tanto, requiérase de nueva cuenta al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas dé cumplimiento a lo ordenado en el citado auto; en el entendido que subsisten los apercibimientos insertos en tal ocurso, en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, dentro del término que se le concede para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Mesa VI. INFORME SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe de la suspensión de plano rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Central 2 Segundo Turno de la Fiscalía Regional de Toluca, Estado de México. VISTA AL QUEJOSO. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vita al quejoso con el informe de cuenta, por lo que se deja en la Secretaria de este juzgado copia simple del oficio respectivo para que se imponga de su contenido. DOMICILIO. Asimismo, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el que señala la oficiante. Notifíquese.
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