Cirilo Ramírez González

Expediente 455/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
455/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Cirilo Ramírez González
  • Cirilo Ramírez González y Otros.
  • Gerardo Ramírez Pérez y Otros.
  • Gerardo Ramírez Pérez
  • Karina Guadarrama Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que ha causado estado para los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el presente juicio (artículo 21, inciso a del acuerdo en cita). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción pues se negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados (artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General). 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, este órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En atención a lo anterior devuélvase a la autoridad Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México las constancias que remitió en el presente juicio, consistentes en copias certificadas del expediente 256/2022, de su índice, sin que haya lugar a solicitar acuse de recibo de las constancias que se remiten, toda vez que como tal, se tendrá el sello de recibido que obre en la constancia de notificación relativa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    En Toluca, Estado de México, a las once horas con diez minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 455/2022-IV, promovido por Cirilo Ramírez González, Gerardo Ramírez Pérez y Karina Guadarrama Martínez, por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de lo Civil de Tenango del Valle, Estado de México y otra autoridad; en audiencia Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido por la Secretaria Norah Ilian Pérez de León, que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarla sin que resulte necesaria la presencia de las partes. Abierta la audiencia por el Juez, la Secretaria da lectura a las constancias que obran en autos y en el expediente electrónico, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las que obran en el presente expediente. Al caso es aplicable la Jurisprudencia PC.II.P. J/8 K (10a.), con número de registro 2017786, sustentada por los Plenos de Circuito, publicada en la página 1345, de la Gaceta Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2018, Libro 58, Tomo II, Décima Época, cuyo rubro es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE:" Enseguida, la Secretaria da cuenta al Juez, con el estado procesal del presente juicio de amparo y certifica: Que feneció el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa para cumplir con el requerimiento formulado en auto de diez de junio del año en curso, pues dicho plazo transcurrió de la siguiente forma: Parte Notificación por lista Surtió efectos Plazo Quejosa 13 de junio de 2022 14 de junio de 2022 Del 15 al 12 de junio de 2022 Lo anterior, sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio, así como dos, nueve y diez de julio del año en curso por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Conste. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales conducentes, asimismo, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes. PRUEBAS. Abierto el periodo probatorio, la Secretaria da cuenta con las pruebas exhibidas por el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, al rendir su informe justificado consistentes en: ~ Copias certificadas del expediente 256/2022 de su índice. El juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas exhibidas por el juez responsable, dada su propia y especial naturaleza, mismas que serán tomadas en cuenta al momento de resolver el presente juicio. Sin pruebas pendientes por desahogar, se cierra esta etapa. ALEGATOS. Enseguida, de conformidad con el ordinal 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la etapa de alegatos y la Secretaria hace constar que las partes no los realizaron y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para realizar manifestaciones en vía de alegatos, así como el de la representación social para presentar pedimento. Sin más que acordar, se cierra el periodo en que se actúa. CIERRE DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No habiendo escrito pendiente de acordar, se da por concluida esta fase de la audiencia y el Juez procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 455/2022-IV; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el treinta de marzo de dos mil veintidós y, turnada a este órgano jurisdiccional el primero de abril de este mismo año, Cirilo Ramírez González, Gerardo Ramírez Pérez y Karina Guadarrama Martínez, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que en dicho escrito precisaron. SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados. La parte quejosa estimó violados los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida que fue la demanda en este Juzgado de Distrito, por auto de cinco de abril de dos mil veintidós se registró la demanda bajo el número 455/2022-IV y se previno a los quejosos, por lo que una vez desahogado dicho requerimiento, en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y, previo diferimiento, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En ese mismo acuerdo se tuvo como tercero interesada a Flor Silvestre Pérez Aguilar, por lo que se solicitó a la autoridad responsable que por su conducto la emplazara a juicio. Ante la imposibilidad de llevar a cabo dicho emplazamiento, por acuerdo de diecisiete de mayo siguiente, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto de dicha tercera interesada. Sin embargo, al no haberse desahogado dicho requerimiento, mediante auto de veintiséis de mayo del año en curso, se requirió al Director General del Instituto de la Función Registral del Gobierno del Estado de México, a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de México 1, con sede en México, a la Comisión Federal de Electricidad Zona Sur en Toluca, Estado de México y a Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil, de Capital Variable, para que verificaran en sus registros si contaban con el domicilio actual de la citada tercero interesada, lo que deberían comunicar en el plazo concedido para tal efecto. Asimismo, se apercibió a la parte quejosa que, de no encontrarse algún domicilio de la tercera interesada una vez desahogados los medios de localización, se procedería de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, el emplazamiento de ésta se realizaría por edictos a su costa. En proveído de diez de junio de esta anualidad se ordenó emplazar a la citada tercera interesada por medio de edictos a costa de la parte quejosa por lo que se le requirió para que exhibiera los documentos mediante los cuales acreditar el pago de los edictos en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la República, apercibida que de no hacerlo se sobreseería en el juicio; sin que como se hizo constar en el certificación de cuenta, lo hubieren realizado. Finalmente, previo diferimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 58, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como en el diverso 16/2017, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de distrito de la materia, entidad federativa y residencia indicados. Lo anterior, porque se reclaman actos provenientes de autoridades del orden civil, con posible ejecución en el ámbito territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio se debe precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio, antes de verificar lo relativo a su existencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgado de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención de los promoventes, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sobre el particular se invoca, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, página 32, registro 192097, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, página 255, registro 181810, cuyo contenido es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Con base en esas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que por esta vía constitucional se reclama lo siguiente: El auto de quince de marzo de dos mil veintidós en el que, como medida de emergencia otorgada Flor Silvestre Pérez Aguilar, se ordenó a los quejosos salieran inmediatamente del domicilio que tienen en común con dicha tercero interesada, así como la ejecución del mismo, dictado en el juicio especial de violencia familiar radicado en el expediente 164/2019 del índice del juzgado responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Juez y la Ejecutora adscritos al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Afirmación que se robustece con las copias certificadas del expediente 256/2022 de su índice, que por tratarse de documentales públicas, merecen eficacia demostrativa plena en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgado advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, se estima acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; (.)" Bajo esa premisa, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral segundo, se advierte que, ha transcurrido el término de veinte días previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo para que los quejosos acreditaran haber entregado para su publicación los edictos ordenados en proveído de diez de junio de dos mil veintidós, sin que lo hubieran hecho; lo que se decretó de esa forma como resultado de la falta de domicilio para correr traslado a la tercera interesada Flor Silvestre Pérez Aguilar. Proveído que fue notificado por lista a la parte quejosa personalmente el trece de junio de dos mil veintidós; por lo que el aludido plazo transcurrió del quince de junio al doce de julio de dos mil veintidós, previo descuento de los días inhábiles que mediaron entre esas fechas. En las anotadas circunstancias, a la fecha, ha transcurrido el término de veinte días otorgado a la parte quejosa, mediante auto de diez de junio de dos mil veintidós; por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto. En tales condiciones, en el caso concreto opera la causal de sobreseimiento dispuesta en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, al haberse actualizado la hipótesis en cita con motivo de la falta de cumplimiento de la parte quejosa a dicho requerimiento. Es aplicable al caso, a contrario sensu, la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, registro digital: 164074, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2010, Novena Época, página 416, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." En efecto, en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento que se invoca, pues al no existir constancia de que se hayan recibido y menos aún entregado los mencionados edictos para su publicación en los términos ordenados, los quejosos demostraron su falta de interés en la debida tramitación del juicio, lo que trae como consecuencia que el procedimiento de amparo se paralice a su arbitrio, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional. Por tanto, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de la cuestión constitucional planteada. En las relatadas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, circunstancia que impide examinar el fondo de la cuestión planteada y estudiar los conceptos de violación. Apoya esta postura, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 708, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, registro 394984, de texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer la presente sentencia se encuentren gozando del período vacacional correspondiente al primer semestre del año, y por tal motivo hayan suspendido sus labores; comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanuden, entreguen los oficios notificatorios sin necesidad de ulterior acuerdo; mismos que en tanto deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta que sea debidamente entregados a sus receptores. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 73 a 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cirilo Ramírez González, Gerardo Ramírez Pérez y Karina Guadarrama Martínez, contra los actos y las autoridades que quedaron señalados en los considerandos segundo y tercero de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; once de julio de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, evidencian que la audiencia constitucional fue fijada para el día de la fecha; empero, se difiere la misma en virtud de que se encuentra pendiente el emplazamiento de la parte tercero interesada. Por lo que se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional, dado el horario establecido para este juzgado de Distrito, en términos de los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con los oficios SEPLE/GEN./001/125/2022 y SEPLE/158/2022, y anexos correspondientes, que establecen la operación de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy a las once horas con veinticinco minutos; sin embargo a la fecha no obra en autos el emplazamiento de la tercero interesada Flor Silvestre Pérez Aguilar, toda vez que en auto de diez de junio del año en curso se ordenó realizar a través de edictos a costa de la parte quejosa; en tales condiciones, a fin de dar tiempo a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha, se difiere y en su lugar se fijan las once horas con cinco minutos del once de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo dicha audiencia, dado el horario establecido para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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