Ciria Galindo Acosta
Expediente 238/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ciria Galindo Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, acorde a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración, dado que por resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, resolución que fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en el sentido de conceder el amparo a la quejosa ********************; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión a la quejosa, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, la resolución interlocutoria, así como diversas determinaciones que se consideren necesarias y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a su depuración y solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, resulta oportuno hacer la calificativa acerca de si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. La parte quejosa Ciria Galindo Acosta, en esta vía constitucional, en esencia reclamó: El emplazamiento que le fue practicado, dentro del expediente 240/2019, del índice del Juzgado Primero de Primea Instancia del Ramo Civil, con sede en Guasave, Sinaloa, así como sus consecuencia legales y las actuaciones subsecuentes. Luego, se tiene que este órgano jurisdiccional en sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sentencia que fue recurrida, y el siete de octubre de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, determinó revocar y conceder la protección constitucional a la quejosa Ciria Galindo Acosta, por los motivos expuestos en dicha resolución, para el efecto de que: "El Juez responsable: 1. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil de responsabilidad número 240/2019, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, incluyendo la sentencia de primer grado y su ejecución". En ese contexto, en autos de nueve de diciembre de dos mil veintiuno y diez de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable Juez Primero de Primea Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, a efecto de que cumpliera con la ejecutoria de amparo, en los términos apuntados. Ante tal circunstancia, la juez responsable a través de oficio 197/2022 presentado en la oficialía de partes de este juzgado el uno de marzo de dos mil veintidós, transcribió el acuerdo emitido en el expediente de origen, siguiente: "En Guasave, Sinaloa, a 21 veintiuno de febrero del año 2022 dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite el C. Juez Quinto de Distrito en el Estado con residencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, deducido del juicio de amparo número 238/2020-3B, promovido por Ciria Galindo Acosta, el cual se ordena agregar a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En atención a su contenido y en cumplimiento al fallo protector concedido a la C. Ciria Galindo Acosta, se deja insubsistente la diligencia de emplazamiento de 23 veintitrés de mayo del año 2009 dos mil diecinueve y como consecuencia, todo lo actuado a partir de esa diligencia, así como la sentencia definitiva de fecha 04 cuatro de marzo del año 2020 dos mil veinte y la ejecución de la misma. Por lo tanto, se ordena al C. Actuario correspondiente lleve a cabo de nuevo el emplazamiento, en los términos del auto inicial de fecha 21 veintiuno de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, cumpliéndose las formalidades legales y además tomando en cuenta las observaciones señaladas en la sentencia de amparo, para los efectos de ley. Empero lo anterior, a fin de que el órgano ejecutor esté en aptitud de cumplimentar la diligencia ordenada, requiérase al actor para que dentro del término de 03 tres días exhiba las copias de traslado correspondientes. Lo que se ordena comunicar mediante atento oficio al C. Juez Federal antes mencionado, debiendo anexar copia fotostática certificada del presente proveído, y del oficio ordenado precedentemente, lo anterior para los efectos legales a que tenga lugar". Expuesto lo anterior, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de Primea Instancia del Ramo Civil de Guasave, Sinaloa, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil de responsabilidad 240/2019, a partir de la diligencia de emplazamiento materia del reclamo, de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, incluyendo la sentencia de primer grado y su ejecución, tal y como se desprende de lo anterior, es claro que tal circunstancia ya aconteció; por ende, se precisa que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Finalmente, glósense a los autos los escritos firmados por el autorizado de la parte quejosa y la juez responsable, respectivamente. Por lo que respecta a lo manifiesta dicho autorizado en el sentido de que se realice el emplazamiento al juicio natural de la quejosa, en su domicilio particular, dígasele que la materia de este juicio de amparo se limitó a lo concerniente a la calificativa del emplazamiento que fue practicado, dentro del expediente 240/2019 el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, sin que se deban considerar los aspectos referentes a las particularidades de su cumplimiento, que corresponden a la jurisdicción ordinaria. Por lo que hace al oficio del juez responsable, téngasele informando sobre lo que acordó el siete de los corrientes, en el citado juicio sumario civil de origen.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, a través del cual la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y como constancia remite copia certificada del auto dictado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós en el juicio sumario civil de responsabilidad 240/2019; agréguese a los autos. En ese sentido, dese vista a la parte quejosa con el citado oficio, a fin de que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, requiérase de nueva cuenta a la autoridad en comento, a fin de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que en caso de omitir dar cumplimiento, o realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, que es el caso, en su oportunidad y agotado el procedimiento de ley en este tipo de casos, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 192, 193, 198, 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido, de que la concesión del amparo se realizó en los siguientes términos: "A fin de restituir a la peticionaria del juicio de amparo en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal de otorga para el efecto de que: El Juez responsable: 1. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil de responsabilidad 240/2019, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, incluyendo la sentencia de primer grado y su ejecución.". En la inteligencia, de que se fija el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se consideró un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.". Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.".
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