Cinthia Guadalupe Orozco Vega
Expediente 310/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Cinthia Guadalupe Orozco Vega
- Guadalupe Vega Cazarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno (notificado por lista el ocho de noviembre de dos mil veintiuno), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherente al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se negó y concedió la suspensión de los actos reclamados, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, el proveído por el que se negó y concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se negó y concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada por este juzgado: así como del proveído por el cual se concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, que obra en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, firmado por el licenciado Paul Hemman Pelayo Salazar, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado, actuando en la Región Norte, con residencia en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en el oficio 13122/2021 de cuatro de este mes, remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la tercero interesada Guadalupe Vega Cázarez, en su carácter de representante legal de víctimas menores de edad con resguardo de identidad 1 y 2, del auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno (que tiene por cumplida la sentencia de amparo); agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte tercero interesada Guadalupe Vega Cázarez, en representación de los menores de edad con resguardo de identidad, identificados como: víctima 1 y víctima 2, el contenido del proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por los motivos que expone; por tanto, por conducto del licenciado Paul Hermman Pelayo Salazar, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Pena de la Región Norte, con domicilio en esta ciudad, notifíquese dicha resolución al tercero interesado antes citado, en el domicilio que se advierta en los autos de la causa penal de origen 123/2021, para lo cual dicho juez, deberá remitir las constancias de notificación a dicho tercero.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos y con el oficio 4197/2021, del trece de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por la autoridad responsable, y comunica que en la causa penal 123/2021, se llevó a cabo audiencia intermedia, en donde las partes llegaron a una salida alterna (suspensión condicional del proceso), lo que evidencia que el presente cumplimiento de sentencia queda sin materia. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos: ". Efectos del amparo. En ese contexto, para restituir a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales conculcados, conforme al numeral 77, fracción I de la Ley de Amparo, lo procedente es concederle la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez de Control de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, realice lo siguiente: Deje insubsistente la audiencia de vinculación a proceso de veintitrés de abril del dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 123/2021, únicamente a partir del momento en que declara cerrado el debate de las partes en torno al tema de las medidas cautelares, reitere todo aquello que no fue motivo de análisis en esta instancia de amparo, deje sin efecto alguno la determinación que tomó respecto a dichas medidas cautelares, exclusivamente en el tema de la convivencia entre madre e hijos, y dicte la resolución correspondiente para pronunciarse en ese tema específico, esto es, la viabilidad o no de imponer una medida de protección consistente en convivencias asistidas o no, entre la imputada y sus menores hijos. ." La citada sentencia de amparo causó estado por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, y se le dio vista a la parte quejosa con el oficio 4197/2021, del trece de septiembre del citado año (acordado el veinte de septiembre del año en curso), donde expone la responsable lo siguiente: ". En atención al oficio 305/2021, relativo al juicio de amparo número 310/2021-5B, promovido por la quejosa Cinthia Guadalupe Orozco Vega, que con fecha 18 de agosto de 2021, dentro de la causa penal 123/2021, se llevó a cabo audiencia intermedia la cual a solicitud de las partes se dejó sin efecto y se desahogó audiencia de suspensión condicional del proceso, el cual se autorizó fijándose como reparación del daño la cantidad de $28,800.00 pesos (veintiocho mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), mismos pagos que deberá depositar a la cuenta bancaria de la Representante Legal de las víctimas menores de edad con resguardo de identidad. Imponiéndosele a la quejosa Cinthia Guadalupe Orozco Vega, las condiciones establecidas en el artículo 195 en sus fracciones I, II, VII, VIII y XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, que enseguida se señalan: ." Lo así dicho, en cuando a la suspensión condicional del proceso, se robustece con el acta escrita de la audiencia del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, y con el registro de audio y video de ésta, que en formato DVD se presentó; medios de prueba a los que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 188, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, por ser documentos públicos, expedidos por funcionarios en ejercicio de sus funciones. Atento a lo anterior, es claro que existió un cambio de situación jurídica del acto originalmente reclamado y del que se resolvió su inconstitucionalidad, porque el auto de vinculación a proceso originalmente reclamado, se sustituyó procesalmente por la audiencia de suspensión condicional del proceso. Dicho de otra forma, la suspensión condicional del proceso es un procedimiento por el que, el imputado repara el daño causado y se obliga a realizar las actividades que le señale la autoridad judicial, las que de cumplirse y realizarse (y no se revoque la suspensión condicional del proceso), conlleva la extinción de la acción penal. Ahora, este procedimiento de terminación anticipada del procedimiento (justicia restaurativa), requiere como presupuesto, el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente, la privación de su libertad. Por tanto, atendiendo a la naturaleza jurídica de la suspensión condicional del proceso, es claro que la autoridad responsable se encuentra imposibilitada para cumplir con el fallo protector, porque la nueva situación jurídica no puede ser modificada por este juicio de amparo, por ende, su cumplimiento queda sin materia. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la segunda parte del anterior párrafo, en la parte conducente, la tesis 2ª.CLV/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1225, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, correspondiente al mes de octubre de dos mil diecisiete, Décima Época, con el rubro y texto siguientes; "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO. El artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo establece que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplirla u ordene el archivo definitivo del asunto, sin prever de manera expresa que también sea admisible cuando se interpone contra la resolución que declare sin materia dicho cumplimiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2015, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 18/2016 (10a.), estableció que el artículo 201 de la Ley de Amparo no debe interpretarse de manera literal y estricta para determinar la procedencia del recurso de inconformidad, en virtud de que algunos casos no se encuentran previstos en forma expresa, pero debe tomarse en cuenta que si sus efectos jurídicos son similares a los contenidos en sus enunciados, esos asuntos deben admitirse a trámite, privilegiando el derecho humano de acceso a la justicia. En consecuencia, esto acontece cuando en el juicio de amparo directo se declara que el cumplimiento del fallo protector ha quedado sin materia, supuesto que si bien no se encuentra descrito en la fracción II del artículo 201 mencionado, lo cierto es que es asimilable a las hipótesis que sí prevé, consistentes en la imposibilidad material o jurídica para cumplir la ejecutoria, pues la carencia de materia implica lógicamente que se tornen irrealizables las consecuencias de la protección constitucional otorgada."
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