Cipriano Charrez Pedraza
Expediente 780/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Cipriano Charrez Pedraza
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO LEGALMENTE INCOMPETENTE, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, CONTRA ACTOS DE LA PRIMERA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. FINALMENTE, REMITASE POR INCOMPETENCIA LEGAL, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio 1228/2015, de la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 4859/2015, al cual acompaña original y tres copias de la demanda de garantías promovida por el quejoso ***, por propio derecho, constancia de emplazamiento, oficios 2446/2015 y 1229/2015, así como copias certificadas del toca civil 234/2015 y testimonio de apelación 74/2015; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III.- Autoridad Responsable.- 1.- Ordenadoras.- a) Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con domicilio conocido en el lugar en que ejerce sus funciones, sito en Sector Primario, carretera México- Pachuca, kilómetro 84.5, colonia Rovirosa en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; y 2.- Autoridad Ejecutora.- C. Juez Civil y Familiar de Primera Instancia en el distrito judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, con domicilio ampliamente conocido en el lugar en donde ejerce sus funciones, sito en calle Felipe Ángeles S/N, colonia Centro de Ixmiquilpan, Hidalgo.- IV.- Acto Reclamado: De la autoridad ordenadora Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la sentencia definitiva de fecha 29 de mayo del año en curso, dictada dentro del toca civil 234/2015; de la autoridad, Juez Civil y Familiar de primera instancia del distrito judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, el cumplimiento que dé a la resolución antes citada". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el veintinueve de mayo de dos mil quince, la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, emitió resolución en el toca civil 234/2015, relativo al recurso de apelación interpuesto por el hoy quejoso Cipriano Charrez Pedraza, en contra del auto de veintiuno de enero del año en curso, dictado por el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, relativo al juicio escrito familiar, promovido por la actora ***, por sí y en representación de sus menores hijos; resolución en la cual la sala civil responsable confirmó el auto recurrido. Inconforme con dicha resolución el quejoso ***, promovió juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: ". El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintinueve de mayo de dos mil quince, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca civil 234/2015, en la cual confirmó el auto de veintiuno de enero del año en curso, dictado por el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo; por lo cual, no puede ser considerada como sentencia definitiva para la procedencia del juicio de amparo directo, ya que no decidió el juicio en lo principal, y menos aún lo dio por concluido, tal y como se aprecia de la lectura de los documentos remitidos por la autoridad responsable. De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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