Cinefora Esther Guerrero Flores
Expediente 1041/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Cinefora Esther Guerrero Flores
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DECLARO SU LEGAL INCOMPETENCIA, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, ASIMISMO REQUIERASE AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA CONOCER DE LA CITADA DEMANDA INFORME LA RADICACIÓN DE DICHO ASUNTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el oficio de la Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número 6476/2015, al que acompaña original y cuatro copias de la demanda de amparo promovida por Cinefora Esther Guerrero Flores, por propio derecho, constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada, toca civil 355/2015 y testimonio de apelación relativo al expediente civil 412/2014; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como "AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA a los CC. Magistrados "integrantes de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del "Estado de Hidalgo. - - - IV. ACTOS RECLAMADOS: Reclamo de la "autoridad responsable la sentencia definitiva dictada con fecha 11 de "septiembre de 2015, en el toca civil No. 355/2015 formado con motivo del "recurso de apelación interpuesto por la suscrita promovente en contra del "auto de fecha 9 de marzo de 2015, dictado en el juicio ordinario civil "promovido por Micaela Flores Cervantes en contra de Cinefora Esther "Guerrero Flores y del C. Carlos Francisco Bautista Cruz, expediente "número 412/2014 radicado en el Juzgado Quinto de lo Civil de Pachuca." Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el once de septiembre de dos mil quince, la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la ahora quejosa en contra del AUTO de nueve de marzo de dos mil quince, dictado por el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el expediente 412/2014, en el sentido de CONFIRMARLO, auto en donde se aclaró la ampliación de demanda en relación con el segundo apellido de la parte demandada. Inconforme con dicha resolución, Cinefora Esther Guerrero Flores, por propio derecho, promovió juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: "I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin "al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del "trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el "procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del "fallo. "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el "juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin "decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias "absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser "impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por "el artículo 173 de esta Ley. "Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los "recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los "cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser "modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los "recursos. "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de "normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos "sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse "valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. "Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la "demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el "órgano jurisdiccional; "II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio "dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean "favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de "violación en contra de las normas generales aplicadas. "En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad "interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso "administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero "lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el "caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio "de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De lo anterior se advierte que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de once de septiembre de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca civil 355/2015-II, que confirmó el auto de nueve de marzo de dos mil quince, emitido por el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el expediente 412/2014, donde se aclaró la ampliación de demanda en lo relativo al segundo apellido de la parte demandada; por lo tanto, dicha resolución no es definitiva, toda vez que no pone fin al procedimiento, al haberse dictado al inicio del juicio ordinario civil promovido, es decir, en el citado expediente aún o se llevan a cabo todas las etapas procesales, ni se dicta la sentencia definitiva; de ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
- Juicio de Amparo Directo
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