Cipriano Alberto Sandoval Ortiz
Expediente 397/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cipriano Alberto Sandoval Ortiz
Actuaciones
- Principal
I. Agréguese el oficio enviado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco Campeche; en atención a su contenido, téngase a dicha autoridad, informando que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida el Cipriano Alberto Sandoval Ortiz, la que fue registrada como juicio de amparo 1319/2018. Por tanto, con fundamento en el artículo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo; además, no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.
- Principal
I- Téngase a Cipriano Alberto Sandoval Ortiz, por su propio derecho, promoviendo demanda de garantías, contra actos del Fiscal General del Estado de Campeche y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 397/2017-I. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, en el caso y de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de ese escrito inicial, por las razones jurídicas que a continuación se exponen. Se sostiene lo anterior, porque el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. El segundo párrafo, refiere que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierte que existen tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y la tercera, determina que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de garantías, cuando ésta no requiera ejecución material. Así, de la demanda se advierte que, el promovente designa como autoridades responsables a las siguientes: FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON SEDE EN LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE. TITULAR DE LA FISCALÍA DE CHAMPOTÓN. SUBDIRECTOR DE FISCALÍAS (A) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍAS. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CHAMPOTÓN. CHAMPOTÓN, CAMPECHE. De quienes reclama: La negativa de devolución inmediata de la camioneta que aduce el quejoso es de su propiedad (Ford, modelo 2016, Lobo, tipo Pick Up, una cabina, color rojo brillante metálico, dos puertas, seis cilindros de combustible gasolina, importado, clave vehicular 4B68K083, serie [NIV] 1FTMF1E81GKE90032). Por lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar que la competencia legal por territorio se surte en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en la ciudad de mismo nombre, en turno, ya que, es en su jurisdicción donde se dictó y en su caso, se ejecutará el acto reclamado; lo que se traduce en la negativa de la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Campeche, en la devolución inmediata de la camioneta que aduce el quejoso es de su propiedad (Ford, modelo 2016, Lobo, tipo Pick Up, una cabina, color rojo brillante metálico, dos puertas, seis cilindros de combustible gasolina, importado, clave vehicular 4B68K083, serie [NIV] 1FTMF1E81GKE90032). Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis siguiente: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Quinta Época 311625 1 de 0 Tercera Sala Tomo XLVIII Pag. 1595 Tesis Aislada(Común) COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO, EN MATERIA DE AMPARO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, actualmente en vigor, en relación con la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, es Juez competente para conocer del juicio de amparo, aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; por lo que cuando en la demanda de amparo se señala como autoridad ejecutora del acto que se reclama, a la policía de determinada entidad federativa, es claro que el Juez federal radicado en dicho Estado, es el competente para conocer del amparo, por ser dentro de su jurisdicción territorial donde trata de ejecutarse el acto reclamado, sin que baste en contrario, para estimarlo incompetente, la circunstancia de que la autoridad ejecutora niegue la existencia del acto que de ella se reclama, porque tal negativa puede ser desvirtuada mediante las pruebas que se rindan en la audiencia, y porque, aun en el caso de que dicha autoridad no hubiese recibido la orden que se ataca en la demanda de amparo, puede recibirla posteriormente y pretender llevar adelante el acto que se le atribuye. Máxime que el quejoso señaló en su escrito de demanda que tiene su domicilio particular en calle Rafael Alvarado número 158, colonia centro de Taretan, Michoacán y no señaló ninguna autoridad donde éste Juzgado de Distrito ejerza jurisdicción Por tanto, la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde pertenecen las autoridades responsables que intervienen en la ejecución del acto reclamado, ya sea donde éste se ejecutó o va a tener ejecución, ya que tendrá materialización en Campeche, con sede en la ciudad del mismo nombre, por ser éste el lugar donde el quejoso fue despojado de su automóvil descrito en párrafos precedentes, y en su caso de ser procedente se le devolvería el vehículo materia del acto reclamado. De ahí que en el caso se éste en presencia de un acto negativo con efectos positivos, pues resulta inconcuso que le resulte la competencia del Juez de Distrito donde tendrá ejecución material el acto reclamado (la devolución de la camioneta que aduce el quejoso es de su propiedad -Ford, modelo 2016, Lobo, tipo Pick Up, una cabina, color rojo brillante metálico, dos puertas, seis cilindros de combustible gasolina, importado, clave vehicular 4B68K083, serie [NIV] 1FTMF1E81GKE90032-) Atento a lo anterior y con apego al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y además con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, estima que es legalmente competente para conocer y resolver la demanda de garantías de cuenta, el Juez de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno; razón por la cual y a efecto de que dicho Juzgador esté en aptitud de pronunciarse en relación a la competencia que se le plantea, acorde con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Materia, remítasele el expediente en que se actúa, a fin de que en el término de cuarenta y ocho horas, se sirva informar si acepta o no el conocimiento del asunto. Con copia certificada de la demanda, y de las principales constancias que integran este expediente, fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que se estime procedente emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión de los actos reclamados, dado que ninguno de ellos se ubica en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que en términos de lo estipulado por el último párrafo del artículo 48 de la legislación de la materia, quien aquí determina se encuentra impedido legalmente para proveer respecto a la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda, hasta en tanto no se decida sobre la competencia. Sustenta a la anterior determinación: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Quinta Época 316027 1 de 1 Segunda Sala Tomo CXXX Pag. 357 Tesis Aislada(Común) SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Argelia número 67, esquina con Manuel Pérez Coronado, del Fraccionamiento Jardines del Cupatitzio, en esta ciudad y como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Carlos Ávila Tinoco y Gabriel Ávila Castillo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho. Apoya lo anterior el siguiente criterio Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio.
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