Cinthia Beltrán Montiel

Expediente 541/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
541/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Cinthia Beltrán Montiel
  • Ariel Equihua Equihua
  • ARIEL EQUIHUA EQUIHUA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    IV. Uruapan, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, por el cual hace del conocimiento de este Juzgado, en atención a la ejecutoria de amparo, el acuerdo que dictó el veintiocho de octubre del año en curso, en el toca XI-39/2018, por el cual tuvo por recibidas diversas constancias por parte del Juez de Ejecución de Sanciones Penales región Uruapan; circunstancia de la que únicamente se toma conocimiento, toda vez que el veintinueve de octubre pasado, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    iv.-POR INCUMPLIMIENTO AL AVISO DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO C),DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ANÁLISIS CUMPLIMIENTO. Atento el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de catorce de octubre pasado, a efecto de que manifestara lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue recurrida por el tercero interesado, ordenándose la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, para la substanciación del recurso de revisión correspondiente; en acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la Secretaria adscrita a aquel Tribunal, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria dictada por sus titulares, determinándose modificar la sentencia recurrida, para sobreseer y conceder el amparo solicitado; por tanto, se requirió a la autoridad responsable, para que justificara el cumplimiento dado a la sentencia amparadora. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por la responsable Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA. ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE..AVISO

  3. Principal

    ME. Uruapan, Michoacán, a veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO. Atento el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de catorce de octubre pasado, a efecto de que manifestara lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue recurrida por el tercero interesado, ordenándose la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, para la substanciación del recurso de revisión correspondiente; en acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la Secretaria adscrita a aquel Tribunal, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria dictada por sus titulares, determinándose modificar la sentencia recurrida, para sobreseer y conceder el amparo solicitado; por tanto, se requirió a la autoridad responsable, para que justificara el cumplimiento dado a la sentencia amparadora. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por la responsable Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA. ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE. 1. Deje insubsistente la resolución de uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal XI-39/2018; 2. Siguiendo los lineamientos de este fallo, dicte otra resolución en la que deberá: Interpretar sistemáticamente los enunciados normativos contenidos en los artículos transitorios relativos a la Ley Nacional de Ejecución Penal y los transitorios correspondientes al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, en conjunto con las circunstancias fácticas acreditadas en la controversia de ejecución de origen; 2.2 Tomar en consideración que la ejecutoria del proceso penal instruido contra el ahora tercero interesado fue dictada el trece de abril de dos mil once, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de catorce de junio de dos mil once; y, la solicitud del sentenciado data del dieciséis de enero de dos mil dieciocho, cuando estaba vigente la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones; y, 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda. Mediante oficio 1025 de cuatro de octubre del año en curso, dictado en el toca XI-39/2018, el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, informó que dejó sin efectos la resolución de uno de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el toca mencionado. Asimismo, en diverso oficio 1047, de diez de octubre pasado, remitió copia certificada de la resolución emitida en esa fecha, dentro del toca XI-39/2018, en la que se desprende que tomó en consideración los lineamientos del fallo, como se indicó en la sentencia respectiva. Esto es, en lo que interesa expuso lo siguiente: "." ".23. Luego, en el caso que nos ocupa, es claro que si la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán, con base en la que el aquí recurrente solicitó la reducción parcial de la pena, estuvo vigente del quince de junio de dos mil once al dieciséis de junio de dos mil dieciséis en que fue abrogada por la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye una ley intermedia, pues surgió después del trece de abril de dos mil once, en que adquirió firmeza la sentencia condenatoria dictada en su contra, y concluyó su vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, antes de que formulara la petición inherente, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. 24. Por tanto, no puede aplicarse la legislación estatal publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el catorce de junio de dos mil once, pues no estuvo vigente al momento en que inició la etapa de ejecución ni en la temporalidad en que el recurrente instó la controversia de ejecución. . 26. En ese orden, es inconcuso que, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán, que estuvo vigente del quince de junio de dos mil once al dieciséis de junio de dos mil dieciséis, no cobra aplicación ultractiva a favor del recurrente, pues el derecho a que alude el inconforme se materializó hasta el momento en que promovió la controversia de ejecución para la reducción parcial de la pena, esto es el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, cuando se encontraba vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal. 27. Al respecto, cabe señalar que el principio de la ultractividad de ley se produce ordinariamente cuando durante el proceso se dicta una ley que deroga a otra anterior, que resultaba más benéfica para el procesado, en esa hipótesis, la ley derogada mantiene su vigencia para el caso concreto, al ser más benéfica. Esto es, se aplican normas de un determinado ordenamiento jurídico después de que concluyó su vigencia. 28. Empero, en el caso no es factible que la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado se aplique en forma ultractiva como lo pretende el recurrente, pues como ya se dijo, constituye una ley intermedia que no estuvo vigente al momento en que causó firmeza procesal la sentencia condenatoria dictada en su contra, ni cuando promovió la controversia de ejecución adyacente; de ahí que no sea válido afirmar que adquirió el derecho a obtener alguno de los beneficios que tal legislación prevé, pues en todo caso, existió una mera expectativa de obtener alguno de aquéllos. 29. Ello sobre la premisa que los derechos adquiridos se definen como el acto concretizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al haber jurídico de una persona, por lo que el mismo no puede afectarse, ni por voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; en tanto que la expectativa del derecho es la pretensión de que se realice una situación jurídica concreta conforme a la legislación vigente en un momento determinado. 30. Así conforme a las circunstancias fácticas que imperan, es evidente que el inconforme no adquirió el derecho a la reducción parcial de la pena por pago de la reparación del daño que prevé la Ley de Ejecución de Sanciones Penales de Michoacán, porque la prerrogativa en cuestión jamás se materializó a su favor en la vigencia de esa norma, al mantenerse como una mera expectativa, por lo que no entró a la esfera jurídica del sentenciado ni, por tanto, generó el derecho al que alude. . 32. Por ello, al apegarse a derecho, no es factible revocar la sentencia impugnada, como lo pretendió la parte inconforme. . 34. En consecuencia, se confirma en sus términos la resolución que declaró improcedente la solicitud para acceder a la reducción del diez por ciento de la pena por pago de la reparación del daño, emitida en la controversia jurisdiccional de ejecución con registro PRCE-5/2018, que derivó del proceso penal número 7/2010-II, instruido a Hernando Zamora Ramírez, por la comisión del delito de Secuestro, en agravio de A.E.E." Del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que con la emisión de la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, por la autoridad señalada como responsable, dentro del toca penal XI-39/2018, se restituyó a la parte agraviada del derecho fundamental que le fue vulnerado. Es así, pues la responsable realizó el pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos que quedaron estipulados en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. NOTIFÍQUESE, personalmente.

  4. Principal

    ME. Uruapan, Michoacán, catorce de octubre de dos mil diecinueve. INFORMA CUMPLIMIENTO. Agréguese el oficio enviado por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, por el cual informa respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto anexa las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento total dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dése vista a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Resulta aplicable a lo anterior, el siguiente criterio: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." OFICIO SIN MAYOR TRÁMITE. En cuanto al diverso oficio enviado por el Magistrado responsable, por el cual informa los trámites realizados para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y solicita prórroga para cumplir la misma, agréguese únicamente como antecedente, toda vez que en proveído de siete de octubre actual, se acordó al respecto. NOTIFÍQUESE, personalmente a las partes.

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