Cinthya Paulette Santiago Gutiérrez

Expediente 589/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 33 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
589/2023
Año
2023
Actuaciones
33
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Cinthya Paulette Santiago Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por la parte quejosa *****; mediante el cual cumple con los requerimientos formulados en proveídos de once y treinta de octubre de dos mil veintitrés, refiere lo siguiente: "RESPECTO AL PUNTO 1 Manifieste con claridad y precisión a qué autoridad le atribuye todos y cada uno de los actos reclamados, debiendo indicar de manera específica la denominación correcta de cada autoridad a la que señala como responsable. ( Señalo como autoridad responsable: Por el indebido reconocimiento e integración de los oficios 1703 y 2055 que fueron proveídos por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado en diversas fechas en el juicio de amparo 1749/2012 y a la denuncia de repetición del acto reclamado 1/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito y del entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. ( Señalo como autoridad responsable a la promovente de: La reposición de autos de la documental anterior para ser integrada al expediente 155/2008 radicado ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. ( Señalo como autoridad responsable de la: Suplantación de identidad de la quejosa respecto del oficio de fecha dieciséis de junio de dos mil quince presentado a la denuncia de repetición del acto reclamado 1/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito del entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, el cual artificiosamente trata de convalidar en nombre de la quejosa lo señalado en el punto 1 y 2 a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. ( Señalo como autoridad responsable de Suplantación de identidad de la quejosa respecto de la documental señalada en los puntos 1 y 2 a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado: 1. El indebido reconocimiento e integración de los oficios 1703 y 2055 que fueron provistos por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado en diversas fechas en el juicio de amparo 1749/2012 y a la denuncia de repetición del acto reclamado 1/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito y del entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito. o2. La reposición de autos de la documental anterior para ser integrada al expediente 155/2008 radicado ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. " RESPECTO AL PUNTO 2 Deberá precisar de manera concreta, específica y por separado el acto o actos reclamados que atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsable, en el ámbito de sus facultades, atribuciones y competencia, pues dicha circunstancia no se advierte de la lectura integral de la demanda, ya que hace el señalamiento de los actos de manera general. ( Por el indebido reconocimiento e integración de los oficios 1703 y 2055 que fueron provistos por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado en diversas fechas en el juicio de amparo 1749/2012 y a la denuncia de repetición del acto reclamado 1/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito y del entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, esto derivado de los autos, promociones y escritos turnados ante este H. Juzgado y en el juicio de amparo 1749/2012 y a la denuncia de repetición del acto reclamado 1/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito y del entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, bajo protesta de decir verdad señalo que esta documental ha sido señalada como propia y reconocida como tal por la misma junta sin que exista controversia al respecto por parte de las autoridades receptoras, no así por parte de quien suscribe por las evidentes contradicciones y errores en la documental a la que la Junta quiere dar validez cuando de simple vista se puede verificar lo aquí señalado, debo mencionar que la quejosa se ha desempeñado como secretaria en el ámbito laboral y no le es desconocido la redacción de escritos ni mucho menos el cuidado que se debe tener en su llenado y elaboración mucho mas cuando se trata de documentos de carácter personal, también debo hacer mención que no es la primera vez que la suscrita tiene que acudir a una junta de arbitraje para concluir una relación laboral, en el año 2019 ante la conclusión por renuncia luego de tres años de trabajar para la Universidad Regional del Sureste A. C. acudí ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca a ratificar mi renuncia y recibo de finiquito, esto quedo registrado en el expediente 996/2019 de la citada junta por lo que con fecha quince de mayo del dos mil diecinueve comparecí y firme de conformidad pues el escrito que se presentó ante mi correspondía a lo que se determinó en la cedula y recibo de finiquito inserto al reverso del citado escrito, anexo dicha documental que no tiene relación con el presente asunto pero si deja evidencia del cuidado que tomo al firmar este tipo de documental y que de forma analógica el escrito que se me pretende imputar y que se pretende acreditar como valido ante diversas instancias no cuenta con el rigor que exige la ley en términos laborales, por ello es inadmisible que se pretenda establecer que yo hubiera estado de acuerdo y mucho menos que hubiera firmado convalidando lo que alli se estipula tal como lo he venido señalando en escritos previos. ( La promoción solicitando la reposición de autos de la documental anterior para ser integrada al expediente 155/2008 radicado ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, debe ser cuidadosamente analizada en dos vertientes, en primera la Ley de Amparo contempla dicho recurso respecto de los expedientes que originalmente se tramitaron ante los órganos jurisdiccionales integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante la documental pertenece al expediente original de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca quien intenta incorporar documental que no obra en sus archivos y que como se señala se aportó suplantando la identidad de la suscrita sin su conocimiento ni autorización, ahora bien dicha documental como ya se ha señalado se elaboró con graves inconsistencias y errores que pueden ser detectados a simple vista, anexo diversa documental de mis identificaciones y otras donde se puede apreciar rasgos de mi caligrafía que de igual forma solo podrían ser cotejados contra documentos originales y no contra las copias a las que se pretende dar valor probatorio. ( Suplantación de identidad de la quejosa respecto del oficio de fecha dieciséis de junio de dos mil quince presentado a la denuncia de repetición del acto reclamado 1/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito del entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, el cual artificiosamente trata de convalidar en nombre de la quejosa lo señalado en el punto 1 y 2, señalo a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca por ser quien pretende dar valor probatorio y quien hace propia dicha documental sin saber quién fue el autor especifico de dicha documental y aclarando que lo hago solo respecto de mi persona pues en mi experiencia como secretaria en muchas ocasiones solo se recaban firmas para cumplir con los formalismos, en este caso bajo protesta de decir verdad ratifico que no comparecí en las fechas señaladas en los oficios 1703 y 2055 de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y tampoco firme ni en esa ni en otra fecha dicha documental y desconozco quien o quienes hayan suplantado mi identidad ni con que fin se haya hecho. RESPECTO AL PUNTO 3 Deberá narrar en forma cronológica y bajo protesta de decir verdad, todos y cada uno de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, y manifestar si esos hechos son derivados del cumplimiento de alguna sentencia de amparo, y en su caso precisar cuáles fueron los actos reclamados y los efectos para los que se concedió dicho amparo, y en qué estado procesal se encuentra. ANTECEDENTES PRIMERO.- El 11 de julio de 2022 la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca dio vista con 3 escritos, los cuales requieren un análisis detallado en virtud de su implicación en el proceso legal: El primer escrito, SM/118/2022, presentado por ..., Sindica Municipal y representante legal del Municipio de Santa Cruz Amilpas, planteó la imposibilidad de realizar el pago de la cantidad de $670,705.36, fundamentando esta aseveración en la ausencia de una partida presupuestaria destinada al cumplimiento de la condena en el ejercicio fiscal 2022. Esta afirmación fue respaldada con una copia certificada del presupuesto de egresos para dicho ejercicio fiscal. La argumentación contenida en el escrito SM/118/2022 merece un escrutinio riguroso, ya que se apoya en la falta de previsión presupuestaria para justificar la imposibilidad de cumplir con la condena laboral. No obstante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, establece claramente la obligación de los patrones, en este caso, el H. Ayuntamiento de Santa Cruz Amilpas, de cumplir con las resoluciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sin que puedan alegar falta de recursos para eludir tal responsabilidad. En concordancia con lo anterior, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 940 al 950, dispone que los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje son obligatorios y deben ser cumplidos de inmediato por las partes, sin que puedan alegar carencia de fondos como excusa para eludir su responsabilidad. Esta disposición es clara y categórica en su mandato y prevalece sobre cualquier argumento basado en la falta de asignación presupuestaria. El segundo escrito, SM/123/2022, confirmó el carácter de tesorero de ... y proporcionó información adicional. En respuesta al auto de 9 de mayo de 2022, se informó sobre la celebración de una sesión extraordinaria de cabildo el 7 de junio de 2022, donde los integrantes del cabildo aprobaron solicitar una partida adicional para el ejercicio 2023 al Congreso del Estado, con el propósito de destinarla al pago de los laudos. No obstante, la Junta de Arbitraje respondió no ha lugar a esta solicitud justificado en que el Municipio es la única entidad facultada para establecer una partida presupuestaria dentro de su presupuesto anual para cumplir con la condena impuesta en el presente asunto. Es fundamental destacar que la autonomía municipal no puede ser utilizada como pretexto para incumplir con las obligaciones derivadas de una sentencia laboral. La Constitución establece claramente la supremacía de la Ley Federal del Trabajo y la obligación de las autoridades locales de cumplir con las resoluciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En este contexto, el tercer escrito, promovido por la parte trabajadora, buscaba el cumplimiento del laudo conforme a los artículos 945, 946, 947 y 949 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la respuesta de la Junta de Arbitraje enfatizó la aplicación de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, sosteniendo que esta normativa prevé el cumplimiento de las resoluciones de la Junta de Arbitraje y establece que estas no admiten recurso alguno. Además, se subrayó que estas resoluciones deben ser cumplidas de inmediato por el Ayuntamiento, siendo responsabilidad de la Junta velar por su ejecución y notificar a las partes pertinentes. Esta respuesta de la Junta de Arbitraje plantea una contradicción sustancial con la jerarquía normativa en México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, establece claramente el marco normativo aplicable en materia laboral, y la Ley Federal del Trabajo complementa y desarrolla dicho marco. La Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez no puede prevalecer sobre estas leyes federales y la Constitución en lo que respecta al cumplimiento de los laudos. Las autoridades administrativas, incluyendo a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no pueden desestimar la aplicación de la Ley Federal del Trabajo con base en leyes locales. Esta jurisprudencia reafirma la supremacía de las leyes federales en materia laboral y la obligación de todas las autoridades, sin excepción, de acatar sus disposiciones. SEGUNDO.- En el asunto que nos ocupa, es imperativo analizar detenidamente las actuaciones de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca y del Municipio de Santa Cruz Amilpas, particularmente el acuerdo emitido el 23 de enero de 2023 en respuesta a los escritos presentados por ambas partes. En primer lugar, es fundamental resaltar la importancia de este acuerdo, ya que establece claramente las obligaciones del Municipio en relación con un laudo previo que exigía un pago de $679,122.16 M.N. en un plazo de 3 días hábiles. Además, se instaba al Municipio a convocar una sesión de cabildo para tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar dicho pago. Sin embargo, lo que llama la atención es que, a pesar de requerimientos anteriores emitidos en mayo y julio del mismo año, el Municipio incumplió sin justificación legal alguna lo dispuesto en estos mandatos. Esta situación plantea serias dudas sobre el cumplimiento del Municipio con el principio de legalidad y con los principios rectores de la administración pública, los cuales incluyen la objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Estos principios, consagrados en la Constitución, están diseñados para garantizar que las autoridades actúen de manera justa y transparente en todos los casos, incluyendo los litigios laborales. De igual manera, es relevante destacar que la Junta de Arbitraje ha optado por otorgar repetidas prórrogas al Municipio, a pesar de la falta de acciones significativas por parte de este último para cumplir con las resoluciones emitidas. Esta práctica resulta en una falta de eficacia y determinación por parte de la Junta para hacer cumplir sus propias resoluciones, lo cual es una contradicción flagrante en términos de sus responsabilidades y compromisos. Además, el acuerdo referido establece una audiencia de conciliación para el 9 de febrero de 2023, en la cual se espera que las partes presentaran una propuesta de pago concreta. La no asistencia a esta audiencia advirtió en conllevar la imposición de nuevas multas y la intervención del Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción. Esto añade un nivel adicional de responsabilidad tanto para el Municipio como para la Junta, que debieron abordar este asunto con la seriedad y el rigor legal que exige la situación. TERCERO.- en el contexto de la audiencia celebrada el 9 de febrero de 2023, es imprescindible destacar que esta cita representaba una oportunidad para resolver el conflicto y garantizar la ejecución del laudo dictado en el presente expediente. Sin embargo, resulta evidentemente preocupante que la parte demandada, en este caso, el Municipio de Santa Cruz Amilpas, no haya comparecido a la audiencia, lo que confirma su falta de compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones legales y su respeto hacia las determinaciones judiciales. En dicha audiencia, se procedió a tomar la protesta de ley a la compareciente, estableciendo así una responsabilidad significativa en su búsqueda de soluciones justas y equitativas. Durante este acto, se presentaron tres peticiones fundamentales, cada una de las cuales se encuentra respaldada por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos: a) La primera solicitud se centraba en la determinación y fijación de un monto económico que la parte demandada, debería aportar para garantizar la subsistencia de la compareciente y de sus tres hijos. Esta petición se fundamenta en el derecho a la vida y a una subsistencia digna, derechos humanos fundamentales reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. La falta de cumplimiento del laudo ha dejado al compareciente y a su familia en una situación de vulnerabilidad económica, lo que exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes. b) La segunda solicitud consistió en dar vista al Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción y a la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género. El propósito de esta petición era determinar si la omisión y negativa de la parte demandada a cumplir con la obligación de pago del laudo podrían derivar de conductas antijurídicas de servidores públicos, actuales o pasados, que puedan constituir o ser calificadas como conductas de tipo penal. Esta solicitud adquiere relevancia debido a la posibilidad de que existan indicios de corrupción o de discriminación de género detrás de la negativa de la parte demandada a cumplir con sus obligaciones legales. c) La tercera solicitud consistió en requerir la exhibición de una fianza por los posibles daños y perjuicios que el incumplimiento de la parte demandada podría ocasionar al compareciente. Esta petición tenía como objetivo principal garantizar que el compareciente no enfrentara una doble afectación económica, dado que también se encuentra inmerso en una demanda por cantidades adeudadas ante un juzgado oral mercantil. La solicitud de exhibición de una fianza se presentó como una medida razonable para mitigar los posibles perjuicios y proporcionar una mayor seguridad económica al compareciente. Es sumamente lamentable que, a pesar de la seriedad y fundamentación de estas peticiones, la Junta de Arbitraje optó por desechar los planteamientos presentados y permitir que la parte demandada justificara su ausencia en base a una jurisprudencia aplicable a la parte trabajadora, y no a la patronal. Esta decisión resulta altamente cuestionable, ya que no se ajusta a la equidad y la justicia que deben primar en un proceso de esta naturaleza. Además, se concedió un nuevo plazo de tres días para que el municipio condenado, de acuerdo al artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, presentara un programa de pago que permitiera dar cumplimiento al laudo en un tiempo razonable. Es de suma importancia subrayar que esta decisión debe ser analizada de manera exhaustiva, ya que se tomó en consideración la posible subsistencia del compareciente con una cantidad no menor a 10,000 pesos, teniendo en cuenta el salario mínimo vigente y el tiempo que ha transcurrido desde el dictado del laudo y su incumplimiento. Además, se mantuvieron los apercibimientos previos de mayo y julio, lo que resalta la urgencia de que la parte demandada cumpla con sus obligaciones legales de manera inmediata. . RESPECTO AL PUNTO 4 ( Bajo protesta de decir verdad manifiesto que fue con fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés que tuve conocimiento de los actos reclamados señalados en los puntos 1, 2 y 4, a través de la notificación electrónica que me fue realizada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto a raíz del auto de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés donde la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito adjunto el archivo en formato PDF relativo a la denuncia de repetición del acto reclamado 1/2015 del entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito fue que tuve a la vista los multicitados oficios 1703 y 2055 así como el total de la documental adjunta en dicho proveído y la cual me fue notificada con fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés vía electrónica mismos que fueron proveídos indebidamente por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado en diversas fechas en el juicio de amparo 1749/2012 y a la denuncia de repetición del acto reclamado 1/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito y del entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito. ( Bajo protesta de decir verdad manifiesto que respecto al punto 3 tuve conocimiento del mismo con fecha cinco de octubre de dos mil veintitrés por la notificación electrónica realizada en el expediente 1749/2012 del juzgado quinto de distrito recaído a la promoción de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca." Del escrito de la parte quejosa ...; mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo, se le tiene señalando como nuevos actos reclamados: "1. El indebido reconocimiento e integración de los oficios 1703 y 2055 que fueron proveídos por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado en diversas fechas en el juicio de amparo 1749/2012 y a la denuncia de repetición del acto reclamado 1/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito y del entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito. 2. La reposición de autos de la documental anterior para ser integrada al expediente 155/2008 radicado ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. 3. Suplantación de identidad de la quejosa respecto del oficio de fecha dieciséis de junio de dos mil quince presentado a la denuncia de repetición del acto reclamado 1/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito del entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, el cual artificiosamente trata de convalidar en nombre de la quejosa lo señalado en el punto 1 y 2. 4. Suplantación de identidad de la quejosa respecto de la documental señalada en los puntos 1 y 2." Ahora, se estima que los actos reclamados por los cuales la parte quejosa de mérito pretende ampliar su demanda de amparo, son diversos a los señalados en el escrito original de demanda, los cuales en esencia son actuaciones posteriores a la fecha de interposición de la demanda de amparo a efecto de integrar el expediente 155/2008 del índice de la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. En ese sentido, se tiene que los nuevos actos no guardan relación con los inicialmente reclamados, por lo que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 12, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional". En ese sentido, toda vez que el escrito de ampliación de demanda de amparo no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, al no ser actos nuevos que tengan relación con los originalmente reclamados, se ordena enviar como demanda independiente a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que lo turne a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, a fin de que determine lo procedente; lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 45, fracción XV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 5, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad; visto el contenido se le tiene remitiendo las constancias solicitadas en auto de once de octubre de dos mil veintitrés, así también, se le tiene informando el estado procesal que guarda el juicio de amparo ******************** de su índice; lo anterior para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Del estado de los autos se advierte, se encuentra transcurriendo el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en auto de once de octubre de dos mil veintitrés, para que desahogue el requerimiento que le fue formulado respecto de su escrito de ampliación de demanda, por lo que resulta jurídicamente posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, por lo que se difiere para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por **************************; mediante el cual, visto su contenido manifiesta ampliar la demanda de amparo, en los siguientes términos: Autoridades responsables: "ya fueron señalados en la demanda inicial." Actos reclamados: "1. El indebido reconocimiento e integración de los oficios 1703 y 2055 que fueron proveidos por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado en diversas fechas en el juicio de amparo ************************** y a la denuncia de repeticion del acto reclamado 1/2015 del indice del Juzgado Quinto de Distrito y del entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimo Tercer Circuito hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimo Tercer Circuito. La reposicion de autos de la documental anterior para ser integrada al expediente 155/2008 radicado ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Suplantacion de identidad de la quejosa respecto del oficio de fecha dieciseis de junio de dos mil quince presentado a la denuncia de repeticion del acto reclamado **************************del indice del Juzgado Quinto de Distrito del entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimo Tercer Circuito hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimo Tercer Circuito, el cual artificiosamente trata de convalidar en nombre de la quejosa lo señalado en el punto 1 y 2. Suplantacion de identidad de la quejosa respecto de la documental señalada en los puntos 1 y 2." Toda vez que en la demanda inicial manifiesta que las autoridades responsables en su escrito inicial son: Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca. A efecto de acordar lo conducente respecto de la demanda que nos ocupa, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV y V, 110 y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente **************************, para que en un plazo de CINCO DÍAS bajo protesta de decir verdad: Manifieste con claridad y precisión a qué autoridad le atribuye todos y cada uno de los actos reclamados, debiendo indicar de manera específica la denominación correcta de cada autoridad a la que señala como responsable. Deberá precisar de manera concreta, específica y por separado el acto o actos reclamados que atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsable, en el ámbito de sus facultades, atribuciones y competencia, pues dicha circunstancia no se advierte de la lectura integral de la demanda, ya que hace el señalamiento de los actos de manera general. Aunado a que pretende verter manifestaciones con calificativos acerca de conductas realizadas por diversas autoridades sin precisar con claridad los que pretende señalar como actos reclamados, y de las cuales no es posible apreciar con claridad su relación con el acto reclamado. Cabe mencionar que aun cuando la Ley de amparo no limita el señalamiento de actos reclamados a un número determinado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la ley citada, es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables y el acto o actos que a cada una les atribuya, ya que de lo contrario se rompería el equilibrio procesal que debe imperar en el juicio, pues se dejaría en estado de indefensión a las responsables porque desconocerían los actos o abstenciones concretas que les imputa el agraviado; máxime cuando el señalamiento es genérico, impreciso y hasta desvinculado de las funciones que tienen encomendadas por las leyes que rigen sus actos. Deberá narrar en forma cronológica y bajo protesta de decir verdad, todos y cada uno de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, y manifestar si esos hechos son derivados del cumplimiento de alguna sentencia de amparo, y en su caso precisar cuáles fueron los actos reclamados y los efectos para los que se concedió dicho amparo, y en qué estado procesal se encuentra. Lo anterior, en razón de que es obligación de la parte promovente, ya que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal. Bajo protesta decir verdad deberá señalar la fecha en que tuvo conocimiento de todos y cada uno de los actos que señala. Se previene a la quejosa que de no acatar lo requerido en este acuerdo, se tendrá por no presentada la ampliación de demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Se apercibe a la promovente que, con apoyo del artículo 261, fraccio´n I, de la Ley de Amparo, en caso de que en su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, podría actualizar las hipótesis previstas, consistentes en pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, tal disposición es del tenor siguiente: "...Articulo 261. Se impondrá´ una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I-Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y..." En el entendido que el requisito de mérito sólo puede ser desahogado por el promovente y no por sus autorizados, dado la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Finalmente, a efecto de dictar una resolución conforme a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, que de no tener inconveniente legal alguno, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de: 1) la demanda de amparo, 2) la sentencia dictada en dicho juicio, 3) la ejecutoria respectiva y 4) informe el estado procesal que guardan los autos del expediente 1749/2012 de su índice, lo anterior a fin de que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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