Cinthia Belén Rincón García y Otros.

Expediente 430/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
430/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • I. E. R. R. y Otros.
  • Cinthia Belén Rincón García y Otros.
  • Cinthia Belén Rincón García
  • I. E. R. R.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Del estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, archívese el presente asunto como concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) (Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar defintiva), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es íntegramente conservable; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase el expediente original al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de ********************, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo, de la quejosa ********************, no ha lugar a requerir a la autoridad responsable las constancias que solicita, toda vez que en proveído de treinta de junio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; además, se le hace saber que están expeditas sus facultades para solicitar las constancias que requiera ante dicha responsable, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintitrés. Autoridad responsable remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro; visto su contenido téngasele informando que las medidas cautelares tomadas respecto al menor identidad reservada, relativas al pago de pensión alimenticia y convivencias fueron las siguientes: Se requirió al demandando Mario Manuel Ramírez López, mediante auto de nueve de mayo del año en curso, que justificara ante esa autoridad -dentro del plazo de cinco días haber cumplido o ponerse al corriente con el pago pendiente por concepto de pensión alimenticia adeudada a favor del menor de identidad reservada, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se procedería a dictar medidas de aseguramiento para garantizar y asegurar la pensión alimenticia. Asimismo informa, que mediante audiencia de diecinueve de mayo del año en curso, se modificó el régimen de convivencias del menor de iniciales I.E.R.R., con su progenitora, por lo que con dicha modificación, se ordenó hacerla del conocimiento del demandado Mario Manuel Ramírez López, a efecto de que diera cabal cumplimiento con la misma, remitiendo copia certificada de las documentales que acreditan su dicho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas documentales las constancias que remite la autoridad responsable, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Sobresee fuera de audiencia. Ahora bien, del análisis de las constancias de autos se desprende la materialización del sobreseimiento en el presente juicio de amparo por las razones que a continuación se precisarán. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, el legislador previó la posibilidad de que durante la tramitación del juicio de amparo sobreviniera alguna causal de improcedencia de las previstas en la legislación invocada, de manera que cuando una de estas causales sea notoria y manifiesta y que no pueda ser desvirtuada mediante ningún medio probatorio, es posible decretar el sobreseimiento fuera de la fecha señalada para la audiencia constitucional, pues de no hacerlo, retardaría la impartición de la justicia. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 10/2003, registro 184572 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; 3. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, pues del estudio integral de la demanda ser advierte que la parte quejosa estima como acto lesivo a sus derechos fundamentales: La omisión por parte de la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, de no proveer en relación al escrito de la quejosa, presentado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el que, solicitó se dicten diversas medidas provisionales en el expediente familiar 780/2019, a fin de garantizar la convivencia del menor I.E.R.R. con dicha quejosa Por lo que hace al segundo de los extremos necesarios para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita el señalado en la hipótesis número 2, relativa a una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, materia del juicio de amparo. Lo anterior en virtud de que mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 780/2109, la autoridad responsable tuvo por recibido el escrito de la parte quejosa, presentado el dieciocho de abril del año en curso, señalando las once horas del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés para la celebración de una audiencia de carácter familiar, en la cual se resolvería lo atinente a la situación familiar del menor de identidad reservada, por lo que respecta a la modificación del régimen de visitas y convivencias de carácter provisional de dicho menor con su progenitora. Asimismo, el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, remitió copia certificada de la audiencia de carácter familiar celebrada el día diecinueve de mayo del año en curso, la cual se desahogó sin la asistencia del demandado Mario Manuel Ramírez López y se determinó modificar y establecer una convivencia de carácter provisional del menor de iniciales I.E.R.R., con su progenitora no custodio, decretando el un nuevo régimen de convivencia provisional. De ahí que, al haberse emitido el referido acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintitrés, que tuvo por recibido el escrito de la quejosa que fue presentado ante ella el dieciocho de abril, y haber desahogado la audiencia de carácter familiar el diecinueve de mayo siguiente, en la que se modificó y estableció una convivencia de carácter provisional del menor de iniciales I.E.R.R., con su progenitora, lo que sucedió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda -tres de mayo de dos mil veintitrés-, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese sentido, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional - diez horas con cincuenta minutos del diez de julio de dos mil veintitrés-, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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