Cinthia Verónica Cardona González

Expediente 397/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
397/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Cinthia Verónica Cardona González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 397/2023, ello, en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 397/2023-VI, promovido por ******* y, Resultando Primero. Presentación de la demanda. El once de abril de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se presentó la demanda promovida por *******, la cual, por razón de turno, se recibió en este juzgado al día siguiente hábil. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de trece de abril de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se admitió a trámite y se registró bajo el expediente 397/2023-VI; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y; se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia laboral en el que se reclama una omisión de autoridad que reside en el territorio donde ejerce jurisdicción esta juzgadora. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción II de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la totalidad de constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la omisión de substanciar el expediente *******, en los plazos y términos establecidos por la legislación de la materia; y, en forma destacada, la omisión de dictar laudo. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y Presidenta Auxiliar de la misma, en esta ciudad, en su informe justificado, manifestaron que es cierto el acto reclamado; adjuntando para tal efecto, copia certificada de todo lo actuado en el expediente *******. Documental que cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2º. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tal documento, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, registro 394182, de rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Además, en sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, registro 394261, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, quien resuelve estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.] Sobre el tema que se analiza el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con esa aclaración, el Alto Tribunal determinó que por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Acorde con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: » La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. » La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, del rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando un particular se duele de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que la citada Segunda Sala determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el citado órgano jurisdiccional determinó que, de manera general, la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Para estar en condiciones de evidenciar por qué se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es importante destacar los hechos expuestos por la parte promovente en su demanda, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los que en esencia, aduce que la responsable ha sido omisa en realizar los trámites necesarios para la substanciación del procedimiento laboral. En el caso, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, declaró cerrada la instrucción en el expediente *******. Por tanto, a criterio de quien resuelve, el presente juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que, por las particularidades del caso, no existe una afectación material a derechos sustantivos. Apoya lo antepuesto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Es sustento de esta determinación, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) , aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, de Mayo de 2016, Tomo II, materias constitucional y común, página 1086, del siguiente tenor: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. De lo anterior, se colige que, para establecer dilaciones presuntamente excesivas por parte de la Junta responsable, al menos deben transcurrir cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que concluyó el plazo en que debieron realizarse los actos procesales respectivos, pues ese es el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Al respecto, es necesario precisar que los preceptos 885, 886, 887, 888, 889 y 890, de la Ley Federal del Trabajo, contemplan los plazos para la formulación y aprobación del laudo respectivo, mismos que son del contenido siguiente: 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se deduce que, tratándose del dictado del laudo, el legislador impuso a la Juntas de Conciliación y Arbitraje el cumplimiento y respeto de los plazos siguientes: diez días para formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. b) cinco días para que alguno de los miembros de la junta solicite la práctica de diligencias que considere convenientes; c) ocho días más para su desahogo, en su caso; d) diez días para la celebración de la audiencia de discusión y votación del proyecto, a cuyo efecto, el Presidente de la junta deberá citar a los miembros de la misma, diligencia en la cual, si fuese aprobado el proyecto sin modificaciones ni adiciones, se elevará a la categoría de laudo, y se firmará de inmediato; y si se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que inmediatamente lo redacte, de acuerdo con lo aprobado, y una vez engrosado, él mismo recabará las firmas de los miembros de la junta, y después se turnará al Actuario para que lo notifique de manera inmediata y personal a las partes. De lo anterior, se advierte que la responsable no constriñó su actuación a los lineamientos que imponen los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890, de la Ley Federal del Trabajo, en atención a que ha incumplido con la obligación de emitir el laudo respectivo, en el expediente ******* de su índice, a pesar de haber transcurrido los términos fijados en las disposiciones legales antes precisadas, a partir del veinticinco de enero de dos mil veintitrés al trece de marzo de dos mil veintitrés (treinta y tres días hábiles). Sin embargo, hasta la fecha, no han transcurrido los cuarenta y cinco días posteriores, establecidos en el criterio jurisprudencial de referencia, el cual acontecería, en su caso, aproximadamente el veinticuatro de mayo de la presente anualidad. Esto es así, porque mediante auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción; por lo que el plazo de cuarenta y cinco días -máximo-, posterior al en que legalmente debía haberse emitido el laudo correspondiente y con que contaba la responsable para ello, a la fecha de la emisión de la presente determinación, no ha transcurrido. En efecto, el acto reclamado no está en los supuestos de excepción a que se ha hecho referencia, pues de lo manifestado por la parte quejosa no se advierte que exista una abierta dilación ni una paralización total del procedimiento, en virtud de que la responsable, mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, declaró cerrada la instrucción; y, hasta este momento, no han transcurrido los cuarenta y cinco días posteriores, establecidos en el referido criterio jurisprudencial. De esta manera, las autoridades responsables no han incurrido en una omisión que dé lugar a la procedencia del juicio de amparo, pues a la fecha de la emisión de la presente determinación, no se advierte una paralización total o una dilación abierta. Bajo ese contexto, se estima que no se está en el caso de excepción que haga procedente el juicio de amparo. Por lo expuesto, es inconcuso que el acto reclamado no produce una afectación de imposible reparación, pues únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva, en términos de la jurisprudencia que a continuación se citará, cuya observancia es obligatoria. Además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan los requisitos para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Apoya a la anterior determinación, la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de dos mil quince, cuyo rubro y texto, son los siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. En las relacionadas condiciones, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 73, primer párrafo, 74, 75, 107, fracción V, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, en los términos precisados en el último considerando de la presente determinación. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que conste como legalmente corresponda el escrito de cuenta presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y en atención a su contenido, téngasele formulando los alegatos vertidos en el mismo y háganse relación de éstos al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de la materia. Por otro lado, respecto a las copias certificadas que solicita, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en el auto de admisión, en el que se autorizó la expedición a las partes, de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, sin necesidad de solicitarlo por escrito. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.jmp

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado y anexo rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Presidenta Auxiliar de la misma, en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano