Cinthia Ivonne Serrano Saenz
Expediente 181/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Cinthia Ivonne Serrano Saenz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obra documento original, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Teniendo en cuenta que se señaló, que en el presente expediente existe un documento original exhibido por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto DÉCIMO PRIMERO del Acuerdo General citado en supra líneas, notifíquese a dicha quejosa, para que dentro del plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlo, apercibida que en caso de no hacerlo, éste documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh
- Principal
EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obra documento original, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Teniendo en cuenta que se señaló, que en el presente expediente existe un documento original exhibido por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto DÉCIMO PRIMERO del Acuerdo General citado en supra líneas, notifíquese a dicha quejosa, para que dentro del plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlo, apercibida que en caso de no hacerlo, éste documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, que por razón de turno fue remitida el al día hábil siguiente a este juzgado, la quejosa promovió demanda de amparo, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades, de quienes reclamó, en esencia, el proceso legislativo por el que se emitió el Decreto Legislativo LXV/APLIE/0256/2016 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, en el capítulo correspondiente a la tarifa para el cobro de derechos para el ejercicio fiscal 2017, específicamente, en el artículo primero, aparatado Derechos, punto 4.3.4.2.1 y fracción IX, punto 5, que estatuyen el derecho de control vehicular y el respectivo cobro. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite al escrito de demanda. En proveído de veintitrés de febrero del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos precisados en el acta que antecede y concluye con el dictado de esta resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de un asunto contra normas generales que, con motivo del primer acto de su aplicación, causen perjuicio a la quejosa, cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, es menester precisar que del análisis integral de los antecedentes del acto reclamado, de los conceptos de violación, de las pruebas ofrecidas por la quejosa y de los informes justificados de las autoridades, se deduce que lo que se reclama en el presente asunto es: 1. Del Congreso del Estado de Chihuahua: La aprobación y expedición del Decreto Legislativo LXV/APLIE/0256/2016 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil diecisiete, en el capítulo correspondiente a la tarifa para el cobro de derechos para el ejercicio fiscal 2017, específicamente, en el artículo primero, aparatado Derechos, punto 4.3.4.2.1 y fracción IX, punto 5, que estatuyen el cobro del derecho de control vehicular y el respectivo cobro 2. Del Gobernador del Estado de Chihuahua, la promulgación de la referida norma impugnada. 3. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, el refrendo de la norma reclamada. 4. Del Recaudador de Rentas de Ciudad Juárez y del Secretario de Hacienda, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua, la ejecución de la norma reclamada, consistente en el cobro del derecho de control vehicular. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. No obsta para arribar a la anterior conclusión, que a lo largo de su escrito de demanda el quejoso se haya referido, indistintamente, que las tarifas impugnadas correspondían a la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales dos mil cuatro y dos mil nueve, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, de la interpretación armónica de la demanda y sus anexos, se advierte que las referencias a diferentes ejercicios fiscales constituyen meros errores numéricos y de poca trascendencia, que no inciden en la determinación del acto normativo que materialmente combate el impetrante, esto es, el sistema de tributación sobre los derechos de control vehicular durante el ejercicio dos mil diecisiete, sobre el cual se procederá a su análisis. Apoya esta consideración, la tesis 74, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, materia común, página 59, del siguiente tenor: ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Secretario de Hacienda y Recaudador de Rentas de Ciudad Juárez, ambas del Gobierno del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia del acto que quedó precisado en líneas precedentes, al indicar que fue una autoridad dependiente de esa Secretaría la que se encargó de la recepción del cobro por concepto de derechos de control vehicular para el ejercicio dos mil diecisiete, contenido en el certificado de pago que exhibió la quejosa adjunto a su demanda, razón por la que debería tenerse por cierto. No obstante, la certeza del acto que le fue atribuido a dichas autoridades se encuentra desvirtuada, pues en el caso, la impugnación de la ley se lleva a cabo por la actualización del primer acto de aplicación, al haber realizado la parte quejosa el pago correspondiente al Derecho de Control Vehicular, que como se advierte de la demanda y anexo que se exhibió, fue la quejosa quien voluntariamente realizó dicho entero, sin que las autoridades responsables la conminaran para tal efecto. En esta tesitura, aun cuando aquéllas reconocieron como cierta la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, vía recepción del pago de los derechos combatidos, debe concluirse en la inexistencia de dicho acto, pues el pago de manera voluntaria de un tributo, no puede considerarse como un acto de aplicación imputable a la autoridad ejecutora, aunque sí como acto de aplicación de la ley, pero como una autoaplicación que realiza la parte quejosa. En consecuencia, al no existir un acto de autoridad imputable a las autoridades precisadas en el presente considerando, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento por lo que hace al Secretario de Hacienda y al Recaudador de Rentas de Ciudad Juárez, ambas del Gobierno del Estado de Chihuahua Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, consultable en la página 367, Tomo XXVI, de Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las diversas autoridades responsables, Congreso del Estado, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, todas ellas del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y refrendo del decreto impugnado. De manera que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se tiene por acreditada la existencia del proceso legislativo reclamado por la parte quejosa. Es aplicable la jurisprudencia 749, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Sexta Sección, página 830, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento relativo, por tratarse de una normativa general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que estatuye: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado al Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua (refrendo). Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y que se estima actualizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, respecto del acto reclamado al Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua (refrendo), se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] De los preceptos reproducidos se deduce, en primer término, que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la propia Ley de Amparo; en segundo término, que en el caso de que se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando impugnen sus actos por vicios propios. En la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable aquí identificada, el acto de refrendo del Decreto LXV/APLIE/0256/2016 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, específicamente las tarifas para el cobro de "Derechos", en particular el cobro del Derecho de Control Vehicular, prevista en la fracción IX, punto 5, de la citada ley, que entró en vigor el uno de enero de este año; pero sin impugnar, por vicios propios, el refrendo del Decreto que contiene la norma tildada de inconstitucional; de ahí que, se surta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Esta guisa, al quedar patentizada la actualización de la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se impone sobreseer en el juicio respecto del refrendo de la norma identificada en líneas previas. Al no existir causa diversa de improcedencia que hayan hecho valer las partes, o alguna cuyo estudio se estime necesario en forma oficiosa, se procede enseguida a analizar la constitucionalidad de los artículos impugnados, al tenor de los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda de amparo. SEXTO. Conceptos de violación. A continuación se procede al examen de los argumentos vertidos en el escrito de demanda de amparo, siendo innecesaria su transcripción en esta sentencia, lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa son inoperantes e infundados. Como cuestión previa, resulta pertinente señalar que la norma tildada de inconstitucional por la parte quejosa, lo constituye la contenida en el Decreto LXV/APLIE/0256/2016 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, específicamente las tarifas para el cobro de "Derechos", en particular el cobro del Derecho de Control Vehicular, prevista en la fracción IX, punto 5, de la citada ley, que promueve con motivo de su primer acto de aplicación, contenido en el certificado de pago expedido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, por concepto de derecho de control vehicular, que a continuación se detalla: Nombre del contribuyente Número del certificado de pago Monto del pago por el concepto impugnado ******* ******* $******* Descuento $******* A tal documental se le reconoce valor probatorio en términos de dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por tratarse de documentos originales, emitidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por su parte, la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, relativa a los Servicios prestados por la Dirección de la División de Vialidad y Tránsito, específicamente los derechos de control vehicular, en su Tarifa señala lo siguiente: TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. La presente Tarifa está expresada con base en lo señalado en cada uno de los rubros que la integran y expedida con fundamento en el Artículo 64 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los Artículos 12, 27, 30 y 31 segundo párrafo, 308 y 308A, todos del Código Fiscal del Estado y demás leyes fiscales en vigor, para el cobro de los derechos que debe percibir la Hacienda Pública Estatal por los servicios públicos que prestan las Dependencias del Gobierno del Estado a los usuarios de los mismos. Las cifras señaladas en la presente Tarifa se expresan en pesos. [.] IX. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, SE COBRARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: [.] 5 Derecho de control vehicular. 1,700.00 [.] En esta tesitura, del certificado de pago que exhibió la quejosa, anexo a su demanda de amparo, se advierte que la Tarifa que le fue asignada fue por la cantidad de $*******, a la cual se le aplicó un descuento de $*******; por tanto, respecto del concepto de derecho de control vehicular erogó la cifra de $*******, por el automotor ahí descrito, entonces se concluye en la existencia del acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en específico el apartado IX, numeral 5 referido en la Tarifa de Derechos anexa a la citada ley de ingresos. Precisado lo anterior, en el segundo concepto de violación, el quejoso aduce que al resultar inconstitucionales los artículos de la "Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos" (sic), también lo son los actos en los que se pretendan aplicar esos preceptos. Agrega que se le debe conceder el amparo en contra de la "Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2004 que se reclama, en específico en su artículo 1, fracción I, punto 5, pues al sólo constituir un catálogo de gravámenes su inconstitucionalidad depende de las que adolezcan las disposiciones que regulen y establezcan los elementos del Tributo correspondiente" (sic). Los argumentos reseñados son inoperantes. Para evidenciar este aserto es oportuno establecer que en el juicio de amparo contra leyes, los conceptos de violación deben entenderse como la expresión de un razonamiento jurídico concreto contra la construcción legislativa de la norma reclamada, a través de los que se ponga de manifiesto que aquélla es contraria a la Constitución General de la República, a un tratado internacional, o a la interpretación jurídica de alguna de esas fuentes legales. Al respecto, el artículo 75 de la Ley de Amparo estatuye que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado (norma general) se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, estableciendo con ello el principio jurídico de congruencia que debe existir en toda resolución emitida por los tribunales de amparo. Sobre estas bases, cuando en la demanda de amparo contra leyes se planteen conceptos de violación que contengan argumentos que controvierten preceptos que no formaron parte del acto de aplicación reclamado o de la ley impugnada, aquéllos deben desestimarse por inatendibles, precisamente en acatamiento a dicho principio. En la especie, los argumentos contenidos en el segundo concepto de violación, se encuentran encaminados a evidenciar la inconstitucionalidad de normas que no reclamó el quejoso, y que no fueron materia de aplicación en el cobro de derecho de control vehicular que señaló como acto concreto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2017. En esta tesitura, los motivos de disentimiento en los que se pretende impugnar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2004, resultan inatendibles, por encontrarse fuera de la litis constitucional, la cual se encontraba delimitada en el presente caso por el contenido de la Ley de Ingresos Estatal, en cuyo primer acto de aplicación, no se no tomaron en consideración las legislaciones a las que hizo referencia el quejoso en el segundo motivo de disentimiento; de ahí que sus argumentos resulten inoperantes. Apoya las anteriores consideraciones, por analogía, la tesis P. CXXXIII/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, de Septiembre de 1997, materia común, página 203, del siguiente tenor: CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS PRECEPTOS SE HAYAN APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE CON ELLA CULMINÓ. De conformidad con lo ordenado por el último párrafo del artículo 158 y el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una ley en amparo directo se requiere que ésta se haya aplicado dentro de la secuela procedimental o en la sentencia señalada como acto reclamado, por lo que resultan inoperantes los conceptos de violación que se formulen en contra de los preceptos que no fueron aplicados. En el primer concepto de violación, la parte quejosa formuló los siguientes argumentos: 1. La tarifa contenida en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria en lo referente al costo del derecho de control vehicular, porque no refleja una correlación verdadera entre el costo para el Estado y la contraprestación exigida, con independencia del tipo o modelo del vehículo, fijándose de manera arbitraria su costo, porque se establecieron atendiendo a un elemento extraño, lo que transgrede el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. 2. La ley impugnada viola el principio de equidad tributaria porque cobra al contribuyente que está en cantidades análogas una cantidad mayor por el mismo servicio. 3. Los costos por el concepto de control vehicular vulneran su esfera jurídica por atender a un elemento ajeno al derecho, tal como es el modelo o año del vehículo, lo que evidencia que se fijaron arbitrariamente, porque no implican el costo que verdaderamente implicó para el Estado el servicio prestado. 4. Para la expedición el monto del tributo se tomó como factor primordial el modelo o el año del vehículo, de modo que entre más reciente sea el automotor, el costo del derecho impugnado será mayor y, ante ello, no se satisface el principio de proporcionalidad tributaria. Los reseñados conceptos de violación resultan infundados y, dada su estrecha vinculación, su análisis se realizará de manera conjunta, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Para evidenciar el anterior aserto, es necesario establecer que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye: 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La satisfacción de los principios de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el reseñado artículo, a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, únicamente es aplicable a los impuestos, pues tratándose de derechos, de acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, éstos son las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que el pago del derecho por la prestación de un servicio, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, si para ello no se toma en cuenta el costo global del servicio que presta, sino que se atiende a un elemento ajeno, en el caso, el valor automotor, el tipo de servicio que presta (público y/o privado), ya sea común o de lujo, o bien, por el tipo de vehículo (motocicletas, remolques, sedan, pick up, camión), pues ello conduce a que por un mismo servicio los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad, pues se fija en términos de la capacidad contributiva del destinatario del servicio, siendo esto aplicable exclusivamente a los impuestos, no así a los derechos cuya naturaleza es distinta, por lo cual, si para el cobro del derecho de control vehicular, no se atiende al costo global del servicio prestado, que si bien no puede ser con una exactitud matemática en relación con el costo del servicio, éste resultará violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, puesto que sí debe existir una vinculación entre el costo del servicio y su cobro. Conforme a lo expuesto, el que resuelve estima que la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete contenida en el folleto anexo al Periódico Oficial del Estado, y las tablas inmersas en dicha ley, relativas al cobro de derechos, en específico en lo referente al derecho de control vehicular, no se aparta del principio de proporcionalidad que debe regir en los derechos fiscales por servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, ya que para fijar el monto del referido derecho, el legislador establece una tarifa única para todos los usuarios, sin atender a un factor ajeno al servicio prestado, como sí resultaría si se llegaran a considerar otros aspectos como el tipo de vehículo, valor económico, tipo de automotor y de servicio que presta. En efecto, tratándose de los derechos fiscales, los reseñados principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, operan con un sistema distinto al de los impuestos, ya que -como se indicó- los derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público y, en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público; en contraste, los impuestos se entienden como las contribuciones establecidas en la ley a cargo a las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas, derivando de tal diferencia distintos modos de apreciar y aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio jurisprudencial sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que se localiza en la página 23, Volumen 169-174 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTÁ REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Así, el principio de proporcionalidad que rige a los derechos fiscales se funda, generalmente, en que el monto de las cuotas o tarifas deben guardar una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado, de manera tal que se respeta el principio de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible, así como la congruencia entre hecho imponible y base, porque aparte de ser un requisito de proporcionalidad, es también cuestión de lógica interna de los tributos, porque de lo contrario existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que realmente se regula. Además, para la fijación de la cuota o tasa aplicable sobre la base del derecho, debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre este costo y el monto de la cuota no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio necesariamente tenga que corresponder exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Ahora, con el propósito de analizar la naturaleza jurídica de un derecho, conforme a la Legislación Estatal, es oportuno precisar que los artículos 12, 27, 30, 31, 308 y 308 A, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, establecen: 12. La Hacienda Pública del Estado de Chihuahua, para hacer frente a los egresos percibirá en cada ejercicio fiscal los impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos, participaciones y demás ingresos que señalen las leyes. CAPITULO II FUENTES DE INGRESOS 27. Los ingresos del Estado son ordinarios y extraordinarios. 30. Los ingresos ordinarios se dividen en: impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos y participaciones. 31. Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie que fija la Ley con carácter general y obligatorio, a cargo de personas físicas, morales y unidades económicas, para cubrir los gastos públicos. Son derechos las contraprestaciones establecidas por el Poder Público, conforme a la Ley, en pago de un servicio. También son derechos las contribuciones aprobadas anualmente por la Junta Central de Agua y Saneamiento a sus organismos operadores, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, con motivo de la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos. Son contribuciones especiales las prestaciones legalmente obligatorias que se establecen a cargo de las personas que se benefician de manera especial con alguna obra o servicio público, destinadas a cubrir los gastos que requiera la propia obra o servicio. En consecuencia la contribución estará en relación con el monto del beneficio obtenido y el costo de la obra. Son productos los ingresos que percibe el Estado por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales. Son aprovechamientos: Los recargos, las multas, los gastos de ejecución y los demás ingresos de derecho público no clasificables como impuestos, derechos, contribuciones especiales o participaciones". CAPÍTULO XIV DERECHOS 308. Los derechos por la prestación de los servicios públicos que realizan las dependencias de Gobierno del Estado, se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio o en el momento que provoquen por parte del Estado el gasto que deba ser remunerado por aquél. 308 A. Los derechos que señale la Ley de Ingresos del Estado, deberán ser cubiertos en la recaudación de rentas de la jurisdicción donde se preste el servicio o en el lugar que al efecto señale la Secretaría de Hacienda. De lo anterior, se deduce que la Hacienda Pública del Estado de Chihuahua para hacer frente a los egresos percibirá en cada ejercicio fiscal, entre otros, los derechos que señalen las leyes; asimismo, los ingresos del Estado serán ordinarios y extraordinarios, dividiéndose los primeros en impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos y participaciones; para ello, serán derechos las contraprestaciones establecidas por el Poder Público conforme a la Ley, en pago de un servicio, así como las contribuciones aprobadas anualmente por la Junta Central de Agua y Saneamiento; así, los derechos por la prestación de los servicios públicos que realizan las dependencias de Gobierno del Estado se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio, o en el momento que provoquen por parte del Estado el gasto que deba ser remunerado por aquél; por último, los derechos que señale la Ley de Ingresos del Estado deberán ser cubiertos en la recaudación de rentas de la jurisdicción donde se preste el servicio o en el lugar que al efecto señale la Secretaría de Hacienda. En el caso que origina la demanda de amparo, el Decreto tildado de inconstitucional señala, en lo conducente, lo siguiente: ARTÍCULO PRIMERO.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2017, la Hacienda Pública Estatal percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, expresadas en pesos, que a continuación se enumeran: [.] DERECHOS Los ingresos que se perciban como contraprestación por los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establece la tarifa anexa, expedida conforme a los artículos 12, 27, 30; 31, segundo párrafo; 308 y 308A del Código Fiscal del Estado de Chihuahua. TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. La presente Tarifa está expresada con base en lo señalado en cada uno de los rubros que la integran y expedida con fundamento en el Artículo 64 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los Artículos 12, 27, 30 y 31 segundo párrafo, 308 y 308A, todos del Código Fiscal del Estado y demás leyes fiscales en vigor, para el cobro de los derechos que debe percibir la Hacienda Pública Estatal por los servicios públicos que prestan las Dependencias del Gobierno del Estado a los usuarios de los mismos. Las cifras señaladas en la presente Tarifa se expresan en pesos. [.] IX. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, SE COBRARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: [.] 5 Derecho de control vehicular. 1,700.00 [.] De lo expuesto, se colige que para para identificar el elemento sujeto, acorde a la redacción anterior, deben ser causantes de derechos todos los usuarios que reciban servicios públicos prestados por las dependencias del Gobierno del Estado y sean usuarios de los mismos, en el caso, por los derechos de control vehicular por los servicios prestados por la Dirección de Vialidad y Tránsito. En cuanto al Objeto, se establece que consistirá en el control de la flota vehicular, como ingreso de la Hacienda Pública Estatal. Por lo que hace al elemento Base, resulta conveniente señalar que se ha entendido como base gravable o imponible, la cantidad neta en relación con la cual se aplican las tarifas del derecho; es decir, la cuantía real o específica que sirve para determinar la tarifa correspondiente, la cual debe estar determinada en la ley. Por tratarse de un derecho, corresponde a cada una de las revisiones o revalidación del servicio que se realicen en la Dirección de Vialidad y Tránsito. La Tasa o tarifa, corresponde en todos los casos a una cuota fija de $1,700.00 (mil setecientos pesos cero centavos moneda nacional). Por último, lo atinente a la época de pago, ésta será, por tratarse de un derecho, que se paga como una contraprestación por el servicio que será prestado. Al respecto, el ordinal 308 del Código Fiscal del Estado señala que los derechos se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio, o en el momento que provoquen por parte del Estado el gasto que deba ser remunerado por aquél. Desde esta perspectiva, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, específicamente en el Artículo primero, punto de derechos y la tarifa para el cobro de derechos fiscales en su apartado IX, numeral 5, se establece un cobro único por el Derecho Control Vehicular por la cantidad de $1,700.00 (mil setecientos pesos cero centavos moneda nacional), cumple con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, porque se aplica por igual a todos aquellos gobernados que soliciten el servicio de control vehicular, a quienes se les aplica la misma tarifa contenida en el numeral 5 antes indicado, lo que debe considerarse como apegado a la Constitución General de la República. En efecto, como se mencionó en líneas previas, tratándose de derechos, los mencionados principios tributarios se miden en una forma distinta de los impuestos, porque no interesa la capacidad contributiva del sujeto pasivo -como sí ocurre tratándose de impuestos-; por ende, cuando a todos los contribuyentes se les cobra la misma tarifa por un determinado derecho, se respeta el principio de equidad tributaria. Ahora, en lo relativo al principio de proporcionalidad tributaria de los derechos por servicio, como ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la proporcionalidad de los derechos tiene una connotación diversa que la relativa a las demás contribuciones, pues si bien en principio debe existir una relación entre el costo del servicio y el monto del derecho a pagar, lo cierto es que no siempre debe existir una correspondencia exacta de dichos elementos para sostener que el derecho es proporcional, pues bastará con que el costo sea el aproximado y no necesariamente el exacto, pues ya el Pleno de la Corte estableció que la palabra contraprestación referida a los derechos por servicio, no debe ser entendida como en derecho privado, de manera tal que el precio corresponda exactamente al valor del servicio, porque basta con que el costo se considere aproximado, en atención a que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función de un interés general, que tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene en el trabajo, la salud pública y la organización, más cuando el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial atendiendo exclusivamente a los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, de ahí que el pago correspondiente como contraprestación del servicio puede variar en cuanto al costo real que representó para el Estado la realización del servicio solicitado, porque se reitera que el Estado se organiza en función del interés general y secundariamente en el de los particulares. Acorde con lo anterior, si en la Ley de Ingresos combatida, el Legislador local consideró el costo de $1,700.00 (mil setecientos pesos cero centavos moneda nacional) como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de control vehicular, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, entonces, se concluye que ello no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en materia de derechos, porque -se insiste- el costo fijado por la prestación del servicio, no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/4 (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, página 1611, en la que se estableció que tratándose de los derechos por servicios de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, el artículo decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, reformado mediante decreto 1197/2013 X P.E., no transgredía los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, al establecer una cuota fija e igual para todos aquellos que los soliciten. Tal criterio jurisprudencial, es del siguiente tenor: DERECHOS POR SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO. EL ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 1197/2013 X P.E., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 9 DE FEBRERO DE 2013, AL ESTABLECER UN ESTÍMULO FISCAL RESPECTO DE LA TARIFA RELATIVA ANEXA A DICHO ORDENAMIENTO, ESPECÍFICAMENTE EN SU APARTADO IV, NUMERALES 13 A 18, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. El precepto citado establece un estímulo fiscal en relación con la tarifa de quince mil pesos fijada para los derechos por las inscripciones relativas a la adquisición o actos traslativos de dominio de inmuebles, por el cual el contribuyente puede pagar, por el mismo servicio, el noventa, ochenta, sesenta o treinta por ciento de dicha cantidad. Ahora bien, si el legislador consideró el costo de quince mil pesos como contraprestación por los servicios indicados del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que los soliciten, el precepto referido no viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad en materia de derechos, toda vez que si con posterioridad el contribuyente obtiene una disminución en su cobro, en función del estímulo aplicado, ello no implica que se pierda la naturaleza del derecho por servicio, pues el estímulo no incide o repercute en alguno de los elementos esenciales de esa contribución, como son el sujeto, el objeto, la base y su tasa o tarifa, ya que no forma parte de la mecánica para su determinación. Asimismo, el Alto Tribunal ha sentado criterio en el sentido de que los principios de proporcionalidad y equidad en las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador debe observar en materia de derechos, se satisface atendiendo en todo momento a la capacidad contributiva del causante; no obstante, se itera, esos principios no pueden invocarse o aplicarse cuando se trata de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta a los impuestos. En esa medida, para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos, ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, porque para cumplir con el principio constitucional de proporcionalidad, no debe interesar la capacidad económica del usuario, sino el costo que para el Estado representó esa prestación, y para cumplir con el principio de equidad, el cobro por los servicios prestados debe ser fijo y análogo para todos aquellos que reciben el mismo servicio, pues todas las personas que se encuentran en el supuesto, reciben del Estado el mismo servicio, porque -como sucede en el caso que se analiza- la cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio; por lo que, contrario a lo que argumenta la quejosa, con la fijación de esa tarifa única de $1,700.00 (mil setecientos pesos cero centavos moneda nacional) no se mide la capacidad contributiva de los causantes, sino que se establece el costo que como contraprestación por el servicio otorgado debe pagar el gobernado que solicitó el servicio correspondiente. Además, no debe soslayarse en materia tributaria la Suprema Corte consideró en la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, que la intensidad del escrutinio constitucional, a la luz de los principios democrático y de división de poderes, no es de carácter estricto, sino flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con una amplia libertad en la configuración normativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, de modo que a fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el mencionado, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En efecto, acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS), la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -entre ellos el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación en el análisis sobre el respeto al principio de igualdad -sin que ello implique renuncia al estricto ejercicio de sus competencias de control-; antes bien, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Sostener lo contrario, esto es, de ejercer un control muy estricto llevaría al Juez de amparo a sustituir la competencia legislativa del Congreso, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias; de ahí que si el legislador local estableció que el costo del servicio por concepto de derechos de control vehicular con placas, debe ascender -por igual a todos los usuarios- a la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos cero centavos moneda nacional) y en su proceder no se transgredieron los principios de proporcionalidad y equidad reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, consecuentemente, este Juzgado Federal considera que no existe justificación legal analizar, de manera adicional, si el costo determinado por el legislador es excesivo, atendiendo a la naturaleza del servicio y el valor de las placas metálicas otorgadas, pues ello implicaría sustituir la competencia legislativa del Congreso, lo que no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos del Estado. Apoya esta última consideración la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, de Noviembre de 2006, materia constitucional, página 29, del siguiente tenor: ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias. Sobre la base de las anteriores consideraciones, devienen infundados los conceptos de violación que esgrime el quejoso, porque del análisis constitucional de las normas reclamadas se advierte que el Legislador Estatal actuó precisamente en el sentido pretendido por el quejoso, dado que para fijar el monto a pagar por concepto de derecho de control vehicular no se apoyó en el tipo o modelo del vehículo con lo cual no se incorporó un elemento ajeno al costo que representa para el Estado la prestación de ese servicio. Además, adversamente a lo aducido por el impetrante, la ley impugnada tampoco transgrede el principio de equidad tributaria, ya que no realizó alguna categorización sobre cada clase de contribuyentes, fijándose la misma cantidad por el mismo servicio, a cada particular, ni consideró como factor primordial el modelo o el año del vehículo, y mucho menos se fijó en función a la antigüedad del vehículo respectivo. En las relacionadas condiciones, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, al no resultar inconstitucional, en la parte que aquí se reclama, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo, respecto de los actos, autoridades y por los motivos mencionados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *******, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento Jurídico Fiscal en representación del Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. *lh
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Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
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- Cindy Jazmín Morales López770/2022
- Cindy Sierra Enriquez804/2022
- Cindy Yanin Estrada González16/2016
- Cinthia Aida García Vaquera626/2015
- Cinthia Carolina Cano Peinado886/2023
- Cinthia Lorena Robles Tirado779/2018
- Cinthia Veronica Cardona Gonzalez566/2023
- Cinthia Verónica Cardona González397/2023
- Cinthia Verónica Cardona González330/2023
- Cinthya Maribel Luján Fierro840/2017
- Cinthya Verenice Ortega Silva879/2023