Cindy Lizbeth Garcia Vargas

Expediente 787/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
787/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Cindy Lizbeth Garcia Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 19649/2023 signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual hace del conocimiento a este juzgado que aceptó la competencia declinada, y admitió a trámite la demanda de amparo directo, la cual se registró con el número 1509/2023 tal y como se advierte del proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés que transcribe, de lo que se toma conocimiento para los fines legales a los que haya lugar. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: * No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo General citado. * Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de seis meses ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del referido acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Cindy Lizbeth García Vargas, por propio derecho, contra actos que atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Zamora, Michoacán, toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese expediente y regístrese en el Libro Electrónico bajo el número 787/2023. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Lo anterior es así, dado que la competencia constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: Competencia por territorio; Competencia por grado; Competencia auxiliar; y, Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la competencia por territorio, esto es, que para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de territorio, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción, lo que regularmente se puede obtener mediante el análisis cuidadoso de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Con el propósito de verificar si efectivamente corresponde a este órgano el conocimiento del asunto, se considera conveniente puntualiza que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" LEY DE AMPARO "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe clasificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. Al respecto es aplicable la tesis 1a. II/92 consultable en la página 94, tomo IX, mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, cuyo texto dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: Omisión del análisis de los agravios por considerarlos inoperantes, porque no se atacan las consideraciones de fondo sobre la facultad del ministerio público de abstenerse de investigar. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que c ontenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De lo que se desprende que el acto reclamado en el presente asunto, consiste en el auto donde se señala la facultad de abstenerse de investigar lo planteado el ministerio público respecto de la carpeta de investigación por el delito de fraude turnado a la mesa VIII con cuaderno de antecedentes número 621/2022 llevada a cabo en la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este Juzgado advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio, pues el acto reclamado por el quejoso tendrá ejecución material en la localidad de Zamora, Michoacán, lugar en donde no ejerce jurisdicción por territorio este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, preceptos legales de los que se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Es decir, el quejoso reclama el auto donde se señala la facultad de abstenerse de investigar lo planteado el ministerio público respecto de la carpeta de investigación por el delito de fraude turnado a la mesa VIII con cuaderno de antecedentes número 621/2022 llevada a cabo en la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, mismo, que en caso de ser cierto, será ejecutado por autoridades con residencia en dicho municipio, lugar que no se encuentra dentro del territorio sobre el cual este Juzgado ejerce jurisdicción, de ahí que resulta la incompetencia legal por razón de territorio de este órgano judicial para conocer la demanda. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, en virtud de que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar dentro de la jurisdicción territorial de dicho Juzgado; lo anterior, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el acuerdo de 28/2016 por el que se modificó. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL." El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. En tales condiciones, remítase el presente juicio de amparo con las copias de traslado al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. Por otro lado, no es factible pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que en el caso se actualiza la regla prevista en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, además de que, no se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a los demás que indica únicamente para oír y recibir notificaciones. DOMICILIO PROCESAL La parte promovente, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones Calle ********************, número ********************, Colonia ******************** en esta ciudad de ******************** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se le autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. En la inteligencia de que ello lo podrán solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de sus autorizados. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." DATOS PERSONALES De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. ANOTACIONES Háganse las anotaciones en el libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    EN RAZÓN DE QUE PARTE QUEJOSA: CINDY LIZBETH GARCÍA VARGAS, O SUS AUTORIZADOS NO COMPARECIERON AL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE MI ADSCRIPCIÓN PARA DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, EN TÉRMINOS DEL AVISO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; QUEDA HECHA MEDIANTE SU PUBLICACIÓN EN LA LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, MISMO ACUERDO QUE DICE: Uruapan, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Cindy Lizbeth García Vargas, por propio derecho, contra actos que atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Zamora, Michoacán, toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese expediente y regístrese en el Libro Electrónico bajo el número 787/2023. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Lo anterior es así, dado que la competencia constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: Competencia por territorio; Competencia por grado; Competencia auxiliar; y, Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la competencia por territorio, esto es, que para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de territorio, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción, lo que regularmente se puede obtener mediante el análisis cuidadoso de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Con el propósito de verificar si efectivamente corresponde a este órgano el conocimiento del asunto, se considera conveniente puntualiza que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" LEY DE AMPARO "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe clasificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. Al respecto es aplicable la tesis 1a. II/92 consultable en la página 94, tomo IX, mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, cuyo texto dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: Omisión del análisis de los agravios por considerarlos inoperantes, porque no se atacan las consideraciones de fondo sobre la facultad del ministerio público de abstenerse de investigar. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que c ontenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De lo que se desprende que el acto reclamado en el presente asunto, consiste en el auto donde se señala la facultad de abstenerse de investigar lo planteado el ministerio público respecto de la carpeta de investigación por el delito de fraude turnado a la mesa VIII con cuaderno de antecedentes número 621/2022 llevada a cabo en la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este Juzgado advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio, pues el acto reclamado por el quejoso tendrá ejecución material en la localidad de Zamora, Michoacán, lugar en donde no ejerce jurisdicción por territorio este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, preceptos legales de los que se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Es decir, el quejoso reclama el auto donde se señala la facultad de abstenerse de investigar lo planteado el ministerio público respecto de la carpeta de investigación por el delito de fraude turnado a la mesa VIII con cuaderno de antecedentes número 621/2022 llevada a cabo en la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, mismo, que en caso de ser cierto, será ejecutado por autoridades con residencia en dicho municipio, lugar que no se encuentra dentro del territorio sobre el cual este Juzgado ejerce jurisdicción, de ahí que resulta la incompetencia legal por razón de territorio de este órgano judicial para conocer la demanda. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, en virtud de que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar dentro de la jurisdicción territorial de dicho Juzgado; lo anterior, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el acuerdo de 28/2016 por el que se modificó. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL." El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. En tales condiciones, remítase el presente juicio de amparo con las copias de traslado al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. Por otro lado, no es factible pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que en el caso se actualiza la regla prevista en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, además de que, no se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a los demás que indica únicamente para oír y recibir notificaciones. DOMICILIO PROCESAL La parte promovente, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones Calle ********************, número ********************, Colonia ******************** en esta ciudad de ******************** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se le autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. En la inteligencia de que ello lo podrán solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de sus autorizados. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." DATOS PERSONALES De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. ANOTACIONES Háganse las anotaciones en el libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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