Christian de Jesús Miranda Rodríguez
Expediente 516/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Christian de Jesús Miranda Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, a través del cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Pérez Villegas, quien se ostenta apoderado de Christian de Jesús Miranda Rodríguez; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. ... NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo presentada por Víctor Hugo Pérez Villegas, quien se ostenta defensor particular de Christian de Jesús Miranda Rodríguez, contra actos que atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 516/2022. Incompetencia. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como acto reclamado el siguiente: "La resolución emitida a las 15:14, del día cuatro de agosto, del año dos mil veintidós, mediante la cual dictó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de CHRISTIAN DE JESÚS MIRANDA GONZÁLEZ, por la comisión del delito de DESPOJO Y ROBO, en agravio de SELENE EUGENIA CARDONA GONZÁLEZ." Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la competencia en amparo para conocer de la demanda promovida contra el auto de formal prisión, se surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal en primera instancia, aunque ésta no coincida con la jurisdicción en la cual se encuentra recluido el quejoso, esto en la Jurisprudencia por contradicción de tesis cuyo contenido es: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Lo anterior, se sostiene por identidad jurídica sustancial en virtud, de que el escrito de demanda de amparo pone de manifiesto que el acto reclamado consiste en la resolución emitida el cuatro de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Christian de Jesús Miranda González, por la comisión del delito de despojo y robo, en agravio de Selene Eugenia Cardona González. Por tanto, tomando en cuenta el domicilio (Zamora, Michoacán) del juez que conoce del proceso penal en primera instancia del cual deriva el acto reclamado, se estima que, el Juez competente para conocer de la presente demanda, será el JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, en turno, quien tiene jurisdicción en el lugar donde tiene su residencia el juez responsable de que se trata, lo anterior con apoyo en la referida jurisprudencia, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, EN TURNO, por lo que este Juzgado Federal carece de competencia legal por la razón invocada en párrafos precedentes. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase la demanda, sus anexos y nueve copias de la demanda de amparo al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual a fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones relativas al presente juicio en el Libro de Gobierno correspondiente. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
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