Cielo Eugenia Rivero Lazcano

Expediente 1732/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1732/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
28/12/2021

Partes del expediente

  • Cielo Eugenia Rivero Lazcano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el seis de diciembre de dos mil veintiuno, pues si bien no obran en autos los acuses de recibo de los oficios por medio del cual se le comunicó el citado acuerdo a las autoridades responsables, que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del Acuerdo General antes mencionado, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el escrito signado electrónicamente por Cielo Eugenia Rivero Lazcano, en representación de su menor hijo de iniciales C.I.P.R., con anexo que adjunta, mediante el cual, hace del conocimiento de este Juzgado, bajo protesta de decir verdad que el menor quejoso C.I.P.R., ha sido inoculado con la vacuna Pfizer-BioNTech y ya cuenta con su segunda dosis, en cumplimiento a la suspensión definitiva que le fue otorgada en determinación de uno de octubre del año en curso. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama lo constituye en esencia la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer al menor de edad quejoso de iniciales C.I.P.R., con sus dos dosis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena época que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en lo anterior y en virtud de que, del ocurso de mérito, se advierte que el menor quejoso ha sido inoculado con las dos dosis de la vacuna Pfizer, en consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables, de inocular al menor quejoso, con las dos dosis de la vacuna Pfizer - BioNTech. Ahora bien, de las propias manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, se desprende que el menor quejoso ya fue inoculado con las dos dosis de la invocada vacuna, en tanto que la primera dosis le fue aplicada el quince de octubre de dos mil veintiuno y la segunda el cinco de noviembre siguiente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberle sido aplicada al menor quejoso, las dos dosis de la vacuna en cuestión, han cesado los efectos de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo anterior queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Asimismo, déjese sin efecto las medidas suspensionales decretadas en los cuadernos incidentales, derivados del presente juicio de amparo, así como la celebración de la audiencia incidental respectiva la cual está señalada para llevarse a cabo a las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Por tanto, obténgase copia certificada del presente proveído y agréguese a los autos incidentales derivados de este juicio, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. No obstante a lo anterior, y en atención a que en el escrito de cuenta, el cual se ordena agregar a los autos, la parte quejosa pretende desistirse del presente juicio de amparo, por tanto, tomando en consideración que el juicio de amparo sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada y que el desistimiento, es la abdicación o el abandono de algún derecho, a fin de tener por desistida a la nombrada quejosa, a su más entero perjuicio, del juicio de amparo en que se actúa, se deja a la parte quejosa en aptitud de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", para obtener la cita correspondiente, a efecto de que asista ante este Juzgado, a ratificar el mencionado escrito de desistimiento solicitado; sin que éste pase sea intransferible ni se pueda utilizar para visitar órganos distintos. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de conformidad al artículo 3°, del mencionado Acuerdo General 21, el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios, a fin de que tome sus precauciones. Apercibida para el caso de no cumplir lo anterior, se tendrá por no hecha la manifestación plasmada en su ocurso y se continuará con el trámite del presente juicio. Tiene aplicación al caso por identidad de razón, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR LA QUEJOSA. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por la quejosa ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si la quejosa en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, ambas con sede en la Ciudad de México, no han rendido sus respectivos informes previos, ni obran en autos los acuses de recibo de los oficios con los que se les requirió; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin que sea el caso fijarla dentro del plazo de cinco días que prevé la ley de la materia, toda vez que las autoridades responsables tienen su residencia fuera de la demarcación donde tiene jurisdicción este Juzgado. Por tanto, a fin de optimizar recursos humanos y materiales y para no realizar diferimientos innecesarios, se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Agréguese a los presentes autos el telegrama remitido por la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Titular de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, con el cual interpone el recurso de queja contra el acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso, dictado en el presente incidente de suspensión, a través del cual se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa. Lo anterior, para el efecto de que las autoridades responsables, consideren la incorporación al programa nacional de vacunación y por ende, bajo su más estricta responsabilidad, previa valoración que efectúen al menor C.I.P.R., determinen si físicamente de acuerdo a su estado de salud, así como a sus circunstancias particulares (el grado de vulnerabilidad), de ser el caso, indiquen, si es candidata a la aplicación del biológico y por ende, señalen la hora, fecha y lugar de aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, al ser la única autorizada para ser inoculada a adolescentes, por la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, conforme a lo contemplado en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la enfermedad por Covid-19 en México. Ahora bien, en cuanto al telegrama de cuenta, remitido por la autoridad responsable, debe decirse que los artículos 3o. y 80 de la Ley de Amparo, establecen que, las promociones deben presentarse por escrito, ya sea de manera física con firma autógrafa de su autor, o vía electrónica, signado por ese medio conforme a las reglas expedidas por el Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 12/2020; por otro lado, los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I y 99 de la citada ley, establecen que el recurso de queja contra el auto que resuelva sobre la suspensión provisional, deberá ser interpuesto por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, dentro del plazo de dos días; en esa medida, resulta evidente que es indebida la presentación del recurso de queja por la vía telegráfica, pues conforme a la Ley de Amparo, la presentación del mismo por ese medio, no se encuentra previsto, ya que no se puede verificar la identidad del remitente, en tanto que el ordenamiento jurídico en vigor establece la utilización de medios electrónicos empleados conjuntamente con una firma electrónica, cuyos efectos son equivalentes a los de la autógrafa y, por consiguiente, permite la captura de información de modo que el órgano jurisdiccional está en posibilidad de corroborar su contenido y origen; en mérito de lo anterior, no ha lugar a tramitar el recurso que pretende la autoridad oficiante, al no cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, visible a página 2079, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto: "QUEJA. LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO RELATIVO POR VÍA TELEGRÁFICA NO ESTÁ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o. y 80 de la Ley de Amparo, por regla general, las promociones deben presentarse por escrito, ya sea de manera física con firma autógrafa de su autor, o vía electrónica, signado por ese medio conforme a las reglas expedidas por el Consejo de la Judicatura Federal; por otro lado, los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I y 99 de la citada ley, establecen que el recurso de queja contra el auto que resuelva sobre la suspensión provisional, deberá ser interpuesto por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, dentro del plazo de dos días; en esa medida, resulta evidente que es indebida la presentación del recurso de queja relativo por la vía telegráfica, pues conforme a la legislación vigente no se encuentra previsto el telégrafo como un medio de presentación de escritos u oficios, ya que no se puede verificar la identidad del remitente, en tanto que el ordenamiento jurídico en vigor establece la utilización de medios electrónicos empleados conjuntamente con una firma electrónica, cuyos efectos son equivalentes a los de la autógrafa y, por consiguiente, permite la captura de información de modo que el órgano jurisdiccional está en posibilidad de corroborar su contenido y origen; salvo en aquellos casos excepcionales en los que, por la gravedad del acto controvertido, resulta lógico que deban obviarse algunas de las formalidades que prevé la ley, en cuyo supuesto se pueden enviar comunicaciones al tribunal de amparo de maneras distintas a su presentación directa ante el órgano, o bien, por conducto del servicio postal o del sistema electrónico; sin embargo, tal beneficio se autoriza excepcionalmente y sólo a favor de los particulares, como se desprende de los artículos 20, segundo párrafo y 110, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo." Notifíquese.

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