Christopher Gill Moser

Expediente 170/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
170/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Christopher Gill Moser

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Visto el estado de los presentes autos, de los que se advierte que obra agregado el oficio de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión General para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en suplencia por ausencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva y en representación del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del Director Ejecutivo de regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la ciudad de México. De dicho oficio se dio vista a las partes en proveído de diecisiete de mayo del año en curso, para que dentro del término de tres días hábiles, manifestara lo que a sus derechos conviniera, sin que haya hecho pronunciamiento alguno; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial procede a determinar si el fallo protector se encuentra cumplido o no, en términos de lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el ocho de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa. Causando ejecutoria dicha sentencia el doce de enero de dos mil veintiuno, de manera que para que la responsable cumpliera con el fallo protector, era indispensable que hiciera lo siguiente: ." SEXTO. Efectos del amparo. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo en consulta, precisa señalar que la protección constitucional que se concede es para el efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistente el oficio reclamado y en su lugar emitan otro en el que otorgue al quejoso la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9,11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, en el entendido de que corresponderá a dicha Comisión establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido. En la inteligencia de que la concesión del amparo no es para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros." Así, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión General para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en suplencia por ausencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva y en representación del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del Director Ejecutivo de regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la ciudad de México, dio debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; pues en su oficio de cuenta, de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, informó que en cumplimiento al fallo protector, dejó sin efectos el oficio 193301EL353819 de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, y emitió a favor de la parte quejosa el oficio número CAS/DERPSQ/6502/2020 de quince de abril del año en curso, en el cual emitió la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis (sativa, indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC, tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: A6 (10a), A6 (7), A7, A8, A9, (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, por lo que se desincorporo de su esfera jurídica los artículo 235, 237, 245, 247, y 248 de la Ley General de Salud, en el entendido que no comprende en ningún caso la realización de actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas; oficio respecto del cual se le dio vista personalmente a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su derecho correspondiera, sin que así lo hubiere hecho. Por tanto, es evidente que la responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de marras, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales, por cuya infracción se concedió el amparo; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defectos.

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el oficio suscrito por Subdirectora Ejecutiva de lo Cotencioso adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión General para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en suplencia por ausencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva y en representación del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y anexo que adjunta, con sede en la Ciudad de México, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. En ese entendido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplido o no la sentencia ejecutoria.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por la Coordinadora General jurídico y Consultivo en representación del Comisionado Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por medio del cual, por las razones que expone, solicita se les otorgue a ambas autoridades, una ampliación del término otorgado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo En tal virtud, tomando en consideración las manifestaciones expuestas por la oficiante, se accede a su solicitud y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se les otorga una prórroga de diez días hábiles a dichas autoridades señaladas como responsables, para que cumplan con la ejecutoria de amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos previstos en la sentencia dictada en el presente asunto, en la inteligencia, que dentro del mismo plazo, deberán remitir las constancias con las que acrediten dicho cumplimiento. Lo anterior, bajo apercibimiento para el caso de no hacerlo así, se les impondrá la multa de cien unidades de medida y actualización, contenida en la fracción I del artículo 237 en relación con el 238 y 259 de la Ley de Amparo; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. En ese sentido, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, podrán rendir la información solicitada, vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión.

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