Christopher Enrique Cedeño Paute
Expediente 59/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Christopher Enrique Cedeño Paute
- ESTIBEN IVÁN CRUZ ZHUNE y Otros.
- Estiben Iván Cruz Zhune
- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración
- CHRISTOPHER ENRIQUE CEDEÑO PAUTE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En veinte de abril de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 59/2023-IV, promovido por Estiben Iván Cruz Zhune, Gabriel Mauricio Cruz Izquierdo, José Luis Cajamarca Jaramillo y Christopher Enrique Cedeño Paute, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la localidad y otras autoridades; y, R e s u l t a n d o: Primero. Que mediante escrito recibido en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, y turnado a este juzgado el mismo día, José Manuel Olmedo Alvarado, presentó demanda de amparo indirecto en favor de Estiben Iván Cruz Zhune, Gabriel Mauricio Cruz Izquierdo, José Luis Cajamarca Jaramillo y Christopher Enrique Cedeño Paute, en términos de lo previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, señalando como autoridades responsables y actos reclamados lo que a continuación se indican: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: A.- ORDENADORAS Y EJECUTORAS Las autoridades responsables tanto ORDENADORAS como EJECUTORAS en el de cuenta, lo son las siguientes; I. El DELEGADO FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. II. El DELEGADO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CHIHUAHUA III. El DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA ADSCRITO A LA DELEGACIÓN LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA IV. El SUBDELEGADO DE LA DELEGACIÓN LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA V. El DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA IV.- ACTOS RECLAMADOS; Se señala como acto reclamado de la autoridades precisadas como responsables consistente en el DELEGADO FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, el DELEGADO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, el DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA ADSCRITO A LA DELEGACIÓN LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA y el SUBDELEGADO DE LA DELEGACIÓN LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, la ILEGAL DETENCIÒN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, E INCOMUNICACIÓN DE LOS QUEJOSOS, así como él RECHAZO, DEVOLUCIÓN, DEPORTACIÓN y probable EXPULSIÓN DE LOS QUEJOSOS, los cuales desde el día lunes 16 de enero de la anualidad en curso, se encuentran indebidamente privado de su libertad, sin existir razón ni motivo para ello, además de que se encuentra incomunicado dado que se les ha impedido tener contacto con nosotros como sus defensores, se ha omitido que tengan contacto, comunicación e información, sobre su derechos a solicitar internamiento o bien a solicitar asilo. y el personal del Instituto Nacional de Migración se niegan a que tenga acceso con persona alguna, careciendo de legalidad dichos actos, motivos por los cuales se peticiona el amparo y protección de la justicia federal para efectos de que se deje en inmediata libertad a los quejosos y se le permita comunicarse con sus defensores y cualquiera de las personas que fungen como sus familiares, los cuales son de origen ecuatoriano." Segundo. Por auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la demanda de amparo, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados y se comisionó al Actuario Judicial adscrito a fin de que se constituyera en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Estación Migratoria o Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, a efecto de que Estiben Iván Cruz Zhune, Gabriel Mauricio Cruz Izquierdo, José Luis Cajamarca Jaramillo y Christopher Enrique Cedeño Paute, ratificaran la demanda promovida en su nombre. Tercero. Por auto de dieciocho de enero del presente año, se tuvo a Estiben Iván Cruz Zhune, Gabriel Mauricio Cruz Izquierdo, José Luis Cajamarca Jaramillo y Christopher Enrique Cedeño Paute, ratificando la demanda de amparo indirecto promovida en su nombre por José Manuel Olmedo Alvarado, admitiéndose a trámite la misma, quedando registrada como expediente 59/2023-IV, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia, se requirieron a las autoridades responsables sus informes justificados excepción hecha de las autoridades que el quejoso señaló en la demanda como "Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración" y "Director de la Estación Migratoria", en virtud de la declaración de inexistencia que de ellas se hizo mediante proveídos de treinta y uno de enero y ocho de febrero de este año, y la audiencia inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o: Primero. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; finalmente, por tratarse de actos con ejecución en el territorio donde este juzgado es competente Segundo. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. El juzgador de amparo debe armonizar los datos que emanen de la demanda, en su caso, de su ampliación, sus anexos e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo en forma preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando precisiones que generen oscuridad o confusión. Sirve de apoyo, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 181810, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese tenor, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte que en el presente amparo indirecto se ejerció la acción constitucional contra las autoridades y actos siguientes: ( Del Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, Representante Local Noreste y Sub Representante Local, ambos del Instituto Nacional de Migración adscritos a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, con sede en esta ciudad (en su denominación correcta): La privación de la libertad, incomunicación, retención y/o aseguramiento y restricción de tránsito por el país de los quejosos. El acta de rechazo, devolución, deportación emitida por autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante la cual decretan la inadmisibilidad de los quejosos al territorio nacional mexicano y en consecuencia su expulsión del país. La negativa de permitir a la parte quejosa designar y comunicarse con un asesor jurídico. Tercero. Una vez precisados los actos reclamados en este juicio de amparo y, atendiendo a que su existencia es un requisito esencial para efectuar el estudio de su constitucionalidad, es menester pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los mismos. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de registro 212775, tomo 76, abril mil novecientos noventa y cuatro, página 68, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Al respecto, no son ciertos los actos reclamados al Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua, Representante Local Noreste y Sub Representante Local, del Instituto Nacional de Migración adscritos a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, con sede en esta ciudad (en su denominación correcta), consistentes en el acta de rechazo, devolución, deportación emitida por autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante la cual decretan la inadmisibilidad de los quejosos al territorio nacional mexicano y en consecuencia su expulsión del país y en la negativa de permitirle designar y comunicarse con un asesor jurídico, pues así lo manifestaron al rendir su informe relativo a la suspensión de plano. Negativa que la parte quejosa no desvirtuó, en virtud que no ofreció medio probatorio alguno tendente a demostrar la existencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, habida cuenta que de las constancias que obran en el presente expediente no se advierte cuando menos algún medio de convicción que desvirtúe las manifestaciones de las citadas autoridades. De ahí que, al no haberse acreditado la existencia de los actos reclamados ya citados a las mencionadas autoridades, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en lo que establece la jurisprudencia VI.2°.J/20 consultable en la página seiscientos veintisiete del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, segunda parte-2, cuyo rubro y sinopsis son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." También sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis emanada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley". En la inteligencia que si bien de las constancias de autos se observa que se instauró el procedimiento administrativo migratorio en contra de los quejosos, en el que se determinó su retorno asistido; lo cierto es la autoridad responsable manifestó que en dicho procedimiento administrativo migratorio en comento, se observa que se hizo del conocimiento de los quejosos que podían designar un representante legal de su parte, así como que tenían derecho a solicitar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados el reconocimiento de la condición de refugiados, en términos de la Ley Sobre Refugiados, protección Complementaria y Asilo Político; manifestando al respecto que no era su deseo realizar ninguna de las dos cuestiones apuntadas; motivo por el cual, se constata que no son ciertos los actos reclamados relativos a la negativa de regularizar la situación migratoria de los quejosos, a través de la emisión de una visa por razones humanitarias; la negativa a que los quejosos soliciten a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados el reconocimiento de la condición de refugiado, en términos de la Ley Sobre Refugiados, protección Complementaria y Asilo Político; y, la negativa de permitir a los quejosos designar y comunicarse con un asesor jurídico. Cuarto. En diverso aspecto, es cierto el acto reclamado atribuido al Representante Local Noreste y Sub Representante Local, ambos del Instituto Nacional de Migración adscritos a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, con sede en esta ciudad, relativo a la privación de la libertad, retención y/o aseguramiento y restricción de tránsito por el país de los quejosos. Lo anterior, pues si bien al rendir sus informes relativos a la suspensión de plano negaron el acto precisado, también manifestaron que dicho alojamiento se encuentra debidamente fundado y motivado; manifestaciones que resultan suficientes para tener por cierto el acto que se les reclama. Resulta aplicable la tesis aislada, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Quinto. Enseguida, se procede a analizar las causas de improcedencia, ya sea que las aleguen las partes o que de oficio se adviertan, en términos de lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, registro 222780, de la Octava Época, Tomo: Semanario Judicial de la Federación, VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, página: 95, materia: Común, cuyo rubro y sinopsis son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que en relación con el acto reclamado consistente en la privación de la libertad, retención y/o aseguramiento y restricción de tránsito por el país del quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, pues el mismo deriva de un acto consentido. Para avalar tal postura, se destaca que los artículos 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.) La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito". De conformidad con los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo También se observa que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Ahora bien, conviene traer a contexto la jurisprudencia II.3o. J/69, que prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de aquellos actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley estima consentidos, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 75, Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, Materia: Común, Página: 45, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". De la jurisprudencia transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato uno diverso que fue consentido por la parte quejosa; por lo que para que opere la causa de improcedencia en estudio se requieren dos supuestos: a) Un acto previo en contra del cual no se promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que se haya consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; y, b) Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo sólo sea la consecuencia legal, directa o forzosa del primero. Cabe precisar que el análisis del consentimiento, no debe hacerse en forma aislada, sino que debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, con anterioridad a los reclamados y que, a su vez, exista vinculación entre ellos. Por tanto, para determinar si un acto deriva de otro que fue consentido, debe establecerse una relación de causalidad. Al respecto, es aplicable, por identidad de razón, la tesis III.1o.A.11 K, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, visible en la página 582 del tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". El primero de los requisitos en análisis, consistente en que exista un acto previo en contra del cual no se promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que se haya consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, se actualiza plenamente, en virtud que dentro del procedimiento administrativo migratorio, tramitado por la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, se determinó el retorno asistido de los impetrantes de amparo, por así haberlo solicitado estos, decretándose su alojamiento provisional hasta en tanto se ejecutara dicho retorno asistido. Por otra parte, respecto al segundo de los requisitos en estudio, consistente en que el acto en contra del cual se promueva el juicio, sea la consecuencia legal o directa del acto previo, también se cumple, pues la privación de la libertad, retención y/o aseguramiento y restricción de tránsito por el país de los quejosos, es consecuencia natural de la resolución en la que se determinó el retorno asistido a su país de origen, pues de conformidad con los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 119, 120, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque efectivamente se trate de un ataque a la libertad porque al momento de ratificar la demanda se encontraban materialmente detenidos, ello ocurrió dentro del procedimiento administrativo migratorio; mismo que inicio con su puesta a disposición al acreditarse que su situación migratoria era irregular; por lo que se emitieron los acuerdos de presentación respectivos, en el sentido de que continuaba el procedimiento, por lo que en el caso, los quejosos continuaron detenidos bajo la figura de "alojados", disponiendo la autoridad responsable, de quince días hábiles, por regla general, o hasta sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria, máxime que se reitera, los quejosos por su propia voluntad optaron por su retorno asistido de conformidad con lo previsto por el artículo 118 de la Ley de Migración, según lo informó la autoridad responsable mediante los oficios INM/ORCHIH/EPJUA/1326/2023 y INM/ORCHIH/EPJUA/1350/2023. La confronta de lo anterior, permite concluir que existe una clara relación de causa y efecto entre la resolución emitida en el procedimiento administrativo y la privación de la libertad, retención y/o aseguramiento y restricción de tránsito por el país de los quejosos, por lo cual es evidente que si el primero de ellos es un acto consentido, porque no se impugnó a través de algún medio ordinario o extraordinario de defensa, entonces, válidamente se puede concluir que el otro acto precisado, es derivado de otro consentido. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia IV.3o. J/44, consultable en la página 49, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 86-2, Febrero de mil novecientos noventa y cinco, Materia: Común, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados". Bajo tales premisas, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, del ordenamiento indicado, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto formulado en favor de Estiben Iván Cruz Zhune, Gabriel Mauricio Cruz Izquierdo, José Luis Cajamarca Jaramillo y Christopher Enrique Cedeño Paute, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia, en términos de los argumentos vertidos en los diversos tercero y quinto de esta sentencia.. N o t i f í q u e s e. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vistos el oficio y anexo que remite el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, toda vez que la misiva de cuenta fue dirigida electrónicamente al presente juicio sin que guarde relación alguna, y advirtiéndose de la misma que se encuentra dirigida a la Jueza Séptima de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la localidad; de tal manera, a fin de evitar mayores dilaciones, previa copia que se deje en autos, remítase al juzgado de origen para los efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio que remite el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y téngasele presentando intervención ministerial 54/2023, y con ello, esgrimiendo alegatos, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, por lo que hace a la solicitud de la copia autorizada de la resolución dictada en el presente juicio, expídasele una vez que se emita, previa razón que de su recibo quede en autos para debida constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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