Christian Fernando Zhagui Villas

Expediente 900/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
900/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Christian Fernando Zhagui Villas
  • Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migracion
  • Boris Eduardo Yangua Jumbo
  • CHRISTIAN FERNANDO ZHAGUI VILLAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de Amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se concedió la suspensión de plano, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable, en virtud de que se decretó la suspensión de plano. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del incidente de exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional derivado del presente juicio de amparo 900/2021-II, promovido por presentado vía electrónica por la licenciada Ana Karen Maldonado Vera, en favor de los directos quejosos Christian Fernando Zhagui Villas, Boris Eduardo Yangua Jumbo y Oswaldo Fabian Panchi Herrera; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, la licenciada Ana Karen Maldonado Vera, en favor de los directos quejosos Christian Fernando Zhagui Villas, Boris Eduardo Yangua Jumbo y Oswaldo Fabián Panchi Herrera, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Representante Legal del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estación Migratoria, en esta ciudad; Subdirector del Instituto Nacional de Migración y actual Encargado de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, y Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, a quienes reclamó: Tenerlos asegurados privados de la libertad, negarles el derecho de petición para registrarse como refugiados ante la COMAR, negarles la visa humanitaria y la orden de deportación. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la mencionada demanda, a este Juzgado de Distrito y en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se inició el trámite y se registró en el Libro de Gobierno, como expediente 900/2021-IV; en la misma fecha, se decretó la suspensión de plano para el efecto que las autoridades responsables se abstuvieran de obligar a los quejosos a realizar su salida definitiva del país y que se les permita mantener comunicación con su representante y/o familiares; cesara cualquier acto de los previstos en el artículo 22 Constitucional; decretándose la inmediata libertad de los quejosos. Luego, a través del escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, la licenciada Ana Karen Maldonado Vera, en favor de los directos quejosos Christian Fernando Zhagui Villas, Boris Eduardo Yangua Jumbo y Oswaldo Fabian Panchi Herrera denunció violación a la suspensión de plano decretada a favor de los amparistas. TERCERO. En mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión en términos de los previstos por el artículo 208 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días rindieran informe respectivo; y, seguido el trámite de la incidencia de mérito y de haber recepcionado las pruebas conducentes, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 208, fracción III, de la Ley de Amparo, la que se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, en términos de los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracciones VII y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado el veintitrés de enero de dos mil trece y publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación; porque deriva de un juicio de amparo indirecto del índice de este Juzgado Federal, en el que se decretó la suspensión de plano. SEGUNDO. La autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en esta ciudad, al rendir su informe en relación al incidente que nos ocupa, manifestó que los directos quejosos Christian Fernando Zhagui Villas, Boris Eduardo Yangua Jumbo y Oswaldo Fabian Panchi Herrera, no se encontraban a su disposición, sin embargo, recabó las constancias de la Estancia Provisional Juárez. Asimismo, informó que los quejosos de referencia no se encontraban ni se encuentran a su disposición, tampoco sujetos a procedimiento migratorio que hayan solicitado, sino de la información que recabó a la estancia provisional Juárez, se desprende que se encontraban en calidad de presentados sujetos a procedimiento administrativo migratorio de retorno asistido solicitado por los mismos, y trasladados a la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, para ser llevados a su país de origen. La Jefa del Departamento Jurídico de Atención al Migrante en Janos, Chihuahua, fue omisa en rendir su informe no obstante de encontrarse notificada para ello; sin embargo, no es dable tenerlo por cierto, toda vez que los quejosos se encontraban en esta localidad en calidad de presentados por retorno asistido. SEGUNDO. Resulta infundado el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano promovido por la licenciada Ana Karen Maldonado Vera, en favor de los directos quejosos Christian Fernando Zhagui Villas, Boris Eduardo Yangua Jumbo y Oswaldo Fabian Panchi Herrera. Previo a establecer la razón de lo anterior, es necesario precisar que para que proceda la denuncia de violación a la suspensión, es necesario que consten en autos los siguientes elementos: a). La existencia previa de una resolución en la cual se haya concedido la medida cautelar. b). Que las autoridades responsables hayan sido debidamente notificadas de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado; y, c). Que de autos se acredite que las autoridades responsables, han realizado la ejecución de alguna de las conductas prohibidas por la medida de suspensión. Ello es así, debido a que la figura jurídica del incidente de exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión tiene como objeto primordial fijar la operatividad y eficacia del proveído cautelar que ordenó la suspensión, para que en el caso de ser transgredida por las autoridades, éstas sean conminadas por el órgano jurisdiccional que la concedió a acatar y respetar la decisión en lo subsecuente, así como de ser jurídicamente posible restituir las cosas al estado que tenían al momento en que se decretó la suspensión, hasta en tanto se resuelve la controversia en lo principal. Resulta ilustrativa a lo anterior, la siguiente tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 680, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, Materias Común, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL, VIOLACION A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida." Ahora bien, respecto de las autoridades responsables, tenemos que el primero de los presupuestos a que se alude en el inciso a), se cumple en la especie, por lo siguiente: Se decretó la suspensión de plano para el efecto que las autoridades responsables se abstuvieran de obligar a los quejosos a realizar su salida definitiva del país y que se les permita mantener comunicación con su representante y/o familiares. Cesara cualquier acto de los previstos en el artículo 22 Constitucional, en suma cesaran los actos referidos por el promovente de la demanda de amparo, decretándose la inmediata libertad de los quejosos. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirían efecto legal alguno si los actos reclamados fueran diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. b) En relación al requisito consistente en que las autoridades responsables hayan sido debidamente notificadas de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, de autos se aprecia que dichas autoridades fueron notificadas mediante oficios, 26507/2021, 26508/2021, 26509/2021, 26510/2021, y 27388. c) Luego, en relación al tercer requisito relativo a que de autos se acredite que las autoridades responsables han realizado la ejecución de alguna de las conductas prohibidas por la medida de suspensión, éste no se encuentra demostrado en autos, por las razones que enseguida se explicaran: En este contexto, es necesario precisar que la parte quejosa argumentó en su incidente de exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión, en lo que al caso interesa, lo siguiente: ". se me tenga interponiendo formal incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, respecto del proveído dictado el fecha 27 de noviembre de las autoridades responsables omiten en dar cumplimiento cabal al proveído." Ahora bien, es infundado el incidente promovido por el quejoso, y a efecto de evidenciarlo es pertinente dejar precisado lo siguiente. El artículo 107, fracción X, constitucional, dispone: "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. . X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.". Disposición normativa de la cual deriva que los actos reclamados pueden ser objeto de suspensión, en los casos y mediante las condiciones que la ley reglamentaria determine, cuando la naturaleza del acto lo permita. En ese entendido, si para otorgar la medida cautelar es necesario atender a la naturaleza del acto que se reclama; entonces, debe partirse de la base de que ese acto ya exista cuando la demanda de amparo se presentó, pues sólo puede ser materia de suspensión o de restitución, aquello que existe y que, por ende, podría materializarse o, habiéndose materializado, es susceptible de restitución. En el asunto que nos ocupa, se itera, la promovente señaló como acto reclamado en esencia los siguientes: Tenerlos asegurados privados de la libertad, negarles el derecho de petición para registrarse como refugiados ante la COMAR, negarles la visa humanitaria y la orden de deportación. Por tanto, partiendo de la base de dichos actos, se decretó de plano y de oficio la suspensión, en los siguientes términos: Para el efecto que las autoridades responsables se abstuvieran de obligar a los quejosos a realizar su salida definitiva del país y que se les permita mantener comunicación con su representante y/o familiares. Cesara cualquier acto de los previstos en el artículo 22 Constitucional, en suma cesaran los actos referidos por el promovente de la demanda de amparo, decretándose la inmediata libertad de los quejosos. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirían efecto legal alguno si los actos reclamados fueran diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada." Lo que pone en evidencia que la medida cautelar se otorgó para el efecto de que, de existir, no fuera ejecutada la orden de salida del país, tuvieran comunicación con su representante o familiares; cesara cualquier acto de los previstos en el artículo 22 Constitucional, decretándose la inmediata libertad de los quejosos. Sin embargo, la medida cautelar no surtiría efecto legal alguno si los actos reclamados fueran diversos o derivaran de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo. Asimismo, si provinieran de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Precisado lo anterior, es pertinente destacar que los artículos 206 y 209 de la Ley de Amparo en vigor, establecen: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá pomoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." De tales disposiciones normativas deriva que es materia de la incidencia determinar si la autoridad o autoridades responsables: 1. Cumplieron con la suspensión decretada, sea de plano o definitiva. 2. Si hubo exceso o defecto en su ejecución. Así, cabe señalar que, por un lado, se actualiza el supuesto de incumplimiento a la suspensión, cuando la autoridad responsable desobedece de manera total la medida otorgada, por no respetar el efecto para el cual fue concedida. Por otro lado, existe exceso en la ejecución cuando la autoridad va más allá de lo ordenado, realizando actos que se extralimitan del efecto ordenado; y hay defecto de ejecución cuando no se ciñe estrictamente a los términos de la resolución interlocutoria dictada, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no acata de manera cabal lo determinado. Lo que hace evidente que la medida cautelar se emitió partiendo del supuesto de que dichos actos reclamados existían ya al momento de la presentación de la demanda de amparo. Empero, la autoridad migratoria en esta ciudad, informó que los quejosos de referencia no se encontraban ni se encuentran a su disposición, tampoco sujetos a procedimiento migratorio que hayan solicitado, sino de la información que recabó a la estancia provisional Juárez, se desprende que se encontraban en calidad de presentados sujetos a procedimiento administrativo migratorio de retorno asistido solicitado por los mismos, y trasladados a la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, para ser llevados a su país de origen. En apoyo a su informe la autoridad envió copias certificadas de las constancias relativas a dicha contienda administrativa y de la que deriva el evento controvertido de inconstitucional, medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por funcionario público en ejercicio y con motivo de sus funciones. Por tanto, si la solicitud de retorno asistido de manera peticionada por los quejosos en el procedimiento migratorio, aconteció el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en tanto, la demanda de amparo se presentó el veintisiete de noviembre del año en cita, es obvio que los actos reclamados no tenían vida jurídica, pues estaban en calidad de presentados ante la Estancia Provisional B, en esta ciudad, con lo cual estuvieron de acuerdo. Por tanto, la medida cautelar de la suspensión de plano, no se vulnera, pues se decretó posterior a que los quejosos ya habían solicitado su retorno asistido, quedando sin materia el presente incidente a consecuencia de un acto que a la presentación de la demanda de amparo resultaba inexistente. En consecuencia, se impone declarar infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara infundado el incidente por incumplimiento a la suspensión de plano, promovido por la licenciada Ana Karen Maldonado Vera, en favor de los directos quejosos Christian Fernando Zhagui Villas, Boris Eduardo Yangua Jumbo y Oswaldo Fabian Panchi Herrera, por las razones precisadas en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 900/2021-II, promovido por Ana Karen Maldonado Vera, en favor de Christian Fernando Zhagui Villas, Boris Eduardo Yangua Jumbo y Oswaldo Fabián Panchi Herrera, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado en la misma fecha Ana Karen Maldonado Vera, en favor de Christian Fernando Zhagui Villas, Boris Eduardo Yangua Jumbo y Oswaldo Fabián Panchi Herrera, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Representante Legal del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estación Migratoria, en esta ciudad; Subdirector del Instituto Nacional de Migración y actual Encargado de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, y Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, a quienes reclamó: "1.- De las autoridades señaladas como responsables, se les reclama a nombre de los quejosos la ilegal e inconstitucional TENERLOS COMO ASEGURADOS, PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y RESTRINGIRLES SU LIBERTAD TRANSITO POR EL PAIS, según lo establece el artículo primero constitucional, al ingresar a México, toda persona debe de gozar de todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución Mexicana, la cual está a la par con los Tratados Internacionales de los refugiados. 2.- Se reclama la violación a la Ley de Refugiados, por parte de las autoridades señaladas como responsables, por su omisión al NEGARLES EL DERECHO DE PETICION A LOS HOY QUEJOSOS PARA REGISTRARSE COMO REFUGIADOS ANTE LA COMAR Y DE NO OTORGARLES LA VISA HUMANITARIA, con el fin de regularizar su estancia en territorio mexicano y/o negativa de la autoridad ante nuestra solicitud para iniciar el trámite ante LA COMAR, para ser considerados como REFUGIADOS dentro de territorio mexicano, pues están huyendo de su país al negarse a pertenecer a las pandillas que están aliadas con el narcotráfico y es conocido que el que si se niegan a pertenecer a esas organizaciones criminales es perder la vida, pues al otorgarle visa humanitaria , seria brindarles ayuda al migrante. 3.- De las autoridades señaladas como responsables se reclama la EMINENTE ORDEN DE DEPORTACIÓN de los hoy quejosos pues existe el TEMOR FUNDADO DE SER DEPORTADOS EN CUALQUIER MOMENTO A SU PAIS DE ORIGEN ECUADOR, lo cual les causaría un agravio a sus personas de difícil reparación, pues el haber salido de su natal país fue ante el temor de perder la vida a manos del crimen organizado o pandillas coludidas con el narcotráfico." SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1°, 11, 14, 16, 22 y 33 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y norma de índole legal. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de referencia; se registró bajo el expediente 900/2021-II; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta demarcación, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio y análisis del juicio, a fin de hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Es aplicable al tema el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como el criterio sustentado en la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis hecho al escrito inicial de demanda, conceptos de violación y constancias del presente juicio, es permisible determinar que los actos reclamados se hacen consistir en: Tenerlos asegurados, privados de la libertad, negarles el derecho de petición para registrarse como refugiadas ante la COMAR, negarles la visa humanitaria y la orden de deportación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, en denominación correcta de las autoridades en cita de ese lugar, al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente los actos que se le atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna a fin de demostrar lo contrario a lo informado por las autoridades responsables. En esa virtud, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Sin embargo, no se soslaya que la primera de las autoridades informó que los quejosos de referencia no se encontraban ni se encuentran a su disposición, tampoco sujetos a procedimiento migratorio que hayan solicitado, sino de la información que recabó a la estancia provisional Juárez, se desprende que se encontraban en calidad de presentados sujetos a procedimiento administrativo migratorio de retorno asistido solicitado por los mismos, y trasladados a la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, para ser llevados a su país de origen. En apoyo a su informe la autoridad envió copias certificadas de las constancias relativas a dicha contienda administrativa y de la que deriva el evento controvertido de inconstitucional, medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por funcionario público en ejercicio y con motivo de sus funciones. Por tanto, si la solicitud de retorno asistido de manera peticionada por los quejosos en este juicio, aconteció el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en tanto la demanda de amparo se presentó el veintisiete de noviembre del año en cita, es obvio que inexisten los actos que reclaman, pues estaban en calidad de presentados ante la Estancia Provisional B, en esta ciudad, con lo cual estuvieron de acuerdo. En congruencia con lo anterior, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio 900/2021-II, promovido por Ana Karen Maldonado Vera, en favor de Christian Fernando Zhagui Villas, Boris Eduardo Yangua Jumbo y Oswaldo Fabián Panchi Herrera, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Abraham Smeke García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, y autorizado por oficio CCJ/ST/4237/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria de Juzgado licenciada Iria Cárdenas Lozano, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no obran los informes de las autoridades señaladas como responsables Subdirector del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua y Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, ni los acuses de recibo de los oficios mediante los cuales se les solicitó informe relativo (violación a la suspensión), por lo que se difiere la audiencia del incidente por defecto en la suspensión de plano, señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las catorce horas con veinticinco minutos del nueve de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Abraham Smeke García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, y autorizado por oficio CCJ/ST/4237/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria de Juzgado licenciada Iria Cárdenas Lozano, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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