Christian Michelle Barrios Hernández
Expediente 192/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Christian Michelle Barrios Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Agréguese el escrito signado por la quejosa *** y, como lo solicita, se autoriza la devolución de los documentos anexos a la demanda; asimismo, téngasele autorizando a la profesionista que menciona en el ocurso de cuenta para la entrega de los mismos. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito presentado por el licenciado ***, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita devolución de documentos. Al respecto, dígasele que las cuestiones sobre las que versa su ocurso, deberán ser peticionadas por la parte directamente quejosa. En efecto, el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. "En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." El primer párrafo transcrito prevé que la parte quejosa podrá autorizar a cualquier persona con capacidad legal, quien tendrá amplias facultades para realizar cualquier acto procesal relacionado con el juicio constitucional, que favorezcan los intereses del autorizante, así como el interponer recursos, inclusive. Así, en la disposición legal en comento, se hace una referencia de diversos actos que puede realizar el autorizado por el quejoso en términos amplios de dicho numeral y señala, además, que podrá "realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante", de donde se infiere que dicha autorización implica una diversidad importante de facultades, las cuales inician desde el momento de la presentación de la demanda y subsisten mientras existan actos que realizar en relación con este medio de control constitucional para defensa de los derechos del autorizante. Es aplicable, de manera ilustrativa, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXIV/98, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA." Luego, si el veinte de junio del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido, es evidente que ya no existe actuación alguna que realizar dentro de este sumario para la defensa de los derechos de los autorizantes y por tanto, en el caso concreto, no subsiste la autorización otorgada al promovente. De ahí, que la petición de la devolución de documentos, en todo caso deberá ser solicitada por la parte quejosa. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
S E R E S U E L VE : ÚNICO. Se sobresee en el presente el juicio de amparo. Notifíquese.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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