Christian Jesús Ruiz Álvarez
Expediente 500/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Christian Jesús Ruiz Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
VISTOS; por cuanto de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y articulo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del dicho Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del nombrado Manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Incidental
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no ha exhibido la garantía de $***(***), que se le fijó, para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida por resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 136 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la interlocutoria de referencia, y por tanto, deja de surtir efectos la suspensión definitiva decretada; sin perjuicio de que, como lo dispone el mencionado párrafo, mientras no se ejecute el acto reclamado, la parte quejosa podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEITIDÓS. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio número CJM 578/2022 que remite la Jueza Primera Especializada en Materia Familiar de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite las constancias solicitadas. I. Sobresee fuera de audiencia. En ese sentido, de las constancias certificadas y disco óptico remitidas por la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se advierte a continuación: II. Fijación de la litis. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el veintisiete de abril del año en curso, remitido, por razón de turno al este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el quejoso ***, reclamó de la Jueza Primera Especializada en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal y otras autoridades, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, les reclamo: 1.- La inminente orden de privación de mi libertad a través de la comparecencia con la fuerza pública que se ha dictado en mi contra el día 11 de marzo del 2022, en la causa penal número ***, por medio del cual se me pretende privar de mi libertad, a través de una orden ilegal e inconstitucional de orden de comparecencia con fuerza pública como forma de conducción a la audiencia de verificación de cumplimiento de la suspensión condicional del proceso. Orden que no se dictó de manera fundada y motivada en audiencia y ni de forma oral. 2.- El auto de fecha 11 de marzo de 2022, en cual acordó la declaratoria de la sustracción de la acción de la justicia y la orden de aprehensión en mi contra, dictado en la causa penal número ***. 3.- Asimismo, cualquier orden de aprehensión, detención y comparecencia con auxilio de la fuerza pública que trasgreda y me prive de mi libertad personal que se llegue a dictar dentro del cualquier procedimiento penal que se siga en mi contra. A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS, LES RECLAMO: 1.- La inminente orden de privación de mi libertad a través de la comparecencia con la fuerza pública que se ha dictado en mi contra el día 11 de marzo del 2022, en la causa penal número ***. 2.- Asimismo, la ejecución de cualquier orden de aprehensión, detención y comparecencia con auxilio de la fuerza pública que trasgreda y me prive mi libertad personal que se llegue a dictar dentro del cualquier procedimiento penal que se siga en mi contra." III. Cesación de efectos. Tocante a los actos reclamados en esta vía, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, se reclama el proveído del once de marzo de dos mil veinte, emitido en los autos de la causa penal ***, instruida contra el quejoso por el delito de violencia familiar y lesiones, cometidos en agravio del ***; proveído en el cual, a solicitud del Ministerio Público, se le declaró sustraído a la acción de la justicia y se ordenó su comparecencia por medio de la fuerza pública. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, ya que mediante audiencia celebrada el diecinueve de mayo del año en curso, en los autos de la causa penal ***, se decretó la extinción de la acción penal en favor del quejoso *** y se ordenó el sobreseimiento de la causa penal referida. Asimismo, de la reproducción del disco y audio de cuenta, se desprende que en la data señalada, la autoridad jurisdiccional ordenó cancelar las medidas cautelares impuestas con anterioridad *** y ordenó librar los oficios a las autoridades administrativas y penitenciarias correspondientes a efecto de hacerles del conocimiento lo determinado en la audiencia de mérito. De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el veintisiete de abril de dos mil veintidós, existía la orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública, también lo es que el diecinueve de mayo siguiente, se emitió resolución en la que se decretó la extinción de la acción penal y se ordenó el sobreseimiento de la causa penal ***, instruida contra el impetrante de amparo por el delito de violencia familiar y lesiones, cometidos en agravio del ***. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública emitida el once de marzo de dos mil veintidós, en los autos de la causa penal en cita, ha dejado de surtir sus efectos, puesto que se ha decretado la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal aludida. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la mencionada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado, se deja sin efecto las nueve horas con cuarenta minutos del uno de junio del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio número CJM 578/2022 que remite la Jueza Primera Especializada en Materia Familiar de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite las constancias solicitadas. I. Sobresee fuera de audiencia. En ese sentido, de las constancias certificadas y disco óptico remitidas por la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se advierte a continuación: II. Fijación de la litis. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el veintisiete de abril del año en curso, remitido, por razón de turno al este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el quejoso ***, reclamó de la Jueza Primera Especializada en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal y otras autoridades, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, les reclamo: 1.- La inminente orden de privación de mi libertad a través de la comparecencia con la fuerza pública que se ha dictado en mi contra el día 11 de marzo del 2022, en la causa penal número ***, por medio del cual se me pretende privar de mi libertad, a través de una orden ilegal e inconstitucional de orden de comparecencia con fuerza pública como forma de conducción a la audiencia de verificación de cumplimiento de la suspensión condicional del proceso. Orden que no se dictó de manera fundada y motivada en audiencia y ni de forma oral. 2.- El auto de fecha 11 de marzo de 2022, en cual acordó la declaratoria de la sustracción de la acción de la justicia y la orden de aprehensión en mi contra, dictado en la causa penal número ***. 3.- Asimismo, cualquier orden de aprehensión, detención y comparecencia con auxilio de la fuerza pública que trasgreda y me prive de mi libertad personal que se llegue a dictar dentro del cualquier procedimiento penal que se siga en mi contra. A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS, LES RECLAMO: 1.- La inminente orden de privación de mi libertad a través de la comparecencia con la fuerza pública que se ha dictado en mi contra el día 11 de marzo del 2022, en la causa penal número ***. 2.- Asimismo, la ejecución de cualquier orden de aprehensión, detención y comparecencia con auxilio de la fuerza pública que trasgreda y me prive mi libertad personal que se llegue a dictar dentro del cualquier procedimiento penal que se siga en mi contra." III. Cesación de efectos. Tocante a los actos reclamados en esta vía, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, se reclama el proveído del once de marzo de dos mil veinte, emitido en los autos de la causa penal ***, instruida contra el quejoso por el delito de violencia familiar y lesiones, cometidos en agravio del ***; proveído en el cual, a solicitud del Ministerio Público, se le declaró sustraído a la acción de la justicia y se ordenó su comparecencia por medio de la fuerza pública. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, ya que mediante audiencia celebrada el diecinueve de mayo del año en curso, en los autos de la causa penal ***, se decretó la extinción de la acción penal en favor del quejoso *** y se ordenó el sobreseimiento de la causa penal referida. Asimismo, de la reproducción del disco y audio de cuenta, se desprende que en la data señalada, la autoridad jurisdiccional ordenó cancelar las medidas cautelares impuestas con anterioridad *** y ordenó librar los oficios a las autoridades administrativas y penitenciarias correspondientes a efecto de hacerles del conocimiento lo determinado en la audiencia de mérito. De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el veintisiete de abril de dos mil veintidós, existía la orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública, también lo es que el diecinueve de mayo siguiente, se emitió resolución en la que se decretó la extinción de la acción penal y se ordenó el sobreseimiento de la causa penal ***, instruida contra el impetrante de amparo por el delito de violencia familiar y lesiones, cometidos en agravio del ***. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública emitida el once de marzo de dos mil veintidós, en los autos de la causa penal en cita, ha dejado de surtir sus efectos, puesto que se ha decretado la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal aludida. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la mencionada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado, se deja sin efecto las nueve horas con cuarenta minutos del uno de junio del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
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