Christian Maribel Nava Cabral
Expediente 262/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Christian Maribel Nava Cabral
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el diecisiete de agosto del presente año, se dictó una sentencia en la cual se requirió a la autoridad oficiante a fin de que realizara lo siguiente: a) Desahogue dentro de los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 471/2015, y b) Hecho lo anterior, avance en dicho juicio natural, a la etapa procesal siguiente. Sin embargo, en autos obran constancias originales del expediente laboral 471/2015 del índice de la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, el cual fueron remitidas en vía de informe justificado. Por lo anterior, al resultar innecesaria la permanencia de tales documentales en el presente sumario, remítanse las mismas a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco, residente en esta ciudad, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que la autoridad responsable Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, no ha cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se requirió a fin de que entre otras cosas realizara lo siguiente: "a) Desahogue dentro de los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 471/2015, y b) Hecho lo anterior, avance en dicho juicio natural, a la etapa procesal siguiente." En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberán informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que hayan realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de diecisiete de agosto del año en curso, en la que se concedió el amparo solicitado por ******************** sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la responsable realice lo siguiente: [.] a) Desahogue dentro de los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral ********************, y b) Hecho lo anterior, avance en dicho juicio natural, a la etapa procesal siguiente. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberán informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que hayan realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez Chihuahua; diecisiete de agosto de dos mil veintitrés Visto para resolver, el juicio de amparo 262/2023-III, promovido por *******, conducto de su apoderado legal *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial del Poder Judicial de la Federación y recibido en este Juzgado el dos de marzo de dos mil veintitrés, ******* promovió juicio de amparo contra el acto y autoridad señalados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Derechos que se estiman vulnerados. La quejosa estimó violados los derechos previstos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación y admisión de la demanda. En auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, previo a una prevención se admitió la demanda a trámite, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclama un acto emitido dentro de un juicio de índole laboral que se tramita en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la quejosa reclamó de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, el retardo en la sustanciación del juicio laboral *******, en el cual es parte trabajadora, ello al no desahogarse la totalidad de las pruebas ofertadas por las partes. Tercero. Existencia. En efecto, si bien la Junta responsable fue omisa en rendir su informe justificado, de las constancias que remitió en cumplimientos formulados por este órgano jurisdiccional, se advierte que efectivamente existe un retardo en la tramitación del juicio laboral. Ello es así, pues no obstante que en audiencia de nueve de marzo de dos mil dieciséis, se admitieron todas y cada una de las pruebas ofrecidas por ambas partes y en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la aquí quejosa por desistiendo de las testimonios a cargo de *******, ******* y *******, en ese mismo acuerdo ordenó girar de nueva cuenta oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, Comité Técnico de Plan de Pensiones, Jubilaciones y Retiro Aseguro tu Futuro y Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, a fin de que proporcionaran la información solicitada en vía de prueba. Sin embargo, no se han realizado las gestiones necesarias para que rindan los citados informes, lo que queda corroborado con el auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se ordenó girar nuevamente el oficio dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que esta autoridad comunicó mediante diverso oficio recibido el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, que se devolvió por falta de firma. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues son originales del expediente 471/2015 del índice la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación de Arbitraje, con seden esta ciudad. Por lo tanto, el acto reclamado se tiene como existente y fehacientemente demostrado de la omisión reclamada, ya que a la fecha, no se han terminado de desahogar la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes y en consecuencia, no ha sido posible pasar a la siguiente etapa procesal, en el juicio natural. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia, por lo tanto, se continúa con el análisis de fondo. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. En primer lugar, se precisa que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa, es la parte trabajadora en el juicio de origen. Ahora bien, como se indicó en el considerando segundo, la quejosa reclamo de la autoridad responsable, el retardo en la sustanciación del juicio laboral *******, en el cual es parte trabajadora, pues al no desahogarse la totalidad de las pruebas ofrecidas no se ha dictado el laudo correspondiente. Dicho concepto de violación, es fundado. Lo anterior, implica un retardo en la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: Artículo 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que prevé el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que nos ocupa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Así como, la tesis visible en la página ciento noventa y uno, del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, que dispone: ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, en los términos y plazos que fije la ley, no debiendo aplazar sus resoluciones, ni aun so pretexto de oscuridad de la ley, pues, en ese caso, deben atenerse, para fallar, a los principios generales de derecho; pues lo contrario constituye una verdadera denegación de justicia. Por su parte, los artículos 880, 883 y 884 de la Ley del Trabajo, aplicables, disponen lo siguiente: Artículo 880. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días. Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley; III. En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean copias o documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino que la Junta requerirá a la autoridad o funcionario omiso, le remita los documentos o copias; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos. De dichos numerales, se advierten los procedimientos que deberán observar los Tribunales del Trabajo en los juicios laborales sometidos a su potestad, relativos al ofrecimiento y desahogo de pruebas, procedimientos que los constriñe a actuar y pronunciarse de conformidad con lo establecido, y dentro de los términos señalados para tal efecto; en lo que interesa, conforme al artículo 883, la Junta responsable debía ordenar, en el auto de admisión de pruebas, que se giraran los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley. En el caso, de las constancias que integran el juicio natural, ya valoradas, se advierte que en audiencia de nueve de marzo de dos mil dieciséis, se admitieron todas y cada una de las pruebas ofrecidas por ambas partes. Sin embargo, en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, al acordarse el escrito de dos de septiembre de ese año, en el que se tuvo a la aquí quejosa por desistiéndose de las testimoniales a cargo de *******, ******* y *******, se ordenó girar de nueva cuenta oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, Comité Técnico de Plan de Pensiones, Jubilaciones y Retiro Aseguro tu Futuro y Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, a fin de que proporcionaran la información solicitada en vía de prueba; sin que a la fecha se advierta que se hayan rendido. Por lo tanto, si desde el nueve de marzo de dos mil dieciséis, se admitieron la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, pero hasta el cinco de septiembre de dos mil veintidós, se proveyó sobre el desahogo, y se reenvió el oficio nuevamente el diecisiete de enero del dos mil veintitrés al Instituto Mexicano del Seguro Social, por no tener firma que fuera ordenado desde el cinco de septiembre, desde luego existe una dilación procesal pues evidentemente transcurrieron en exceso los cuarenta y cinco días naturales que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó como plazo de inactividad procesal, para ser considerada como retardo en la impartición de justicia reclamable a través del juicio de amparo indirecto, por considerar que vulnera la garantía relativa prevista en el citado artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, lo anterior se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias Común y Laboral, Décima Época, marzo de 2019, con número de registro 2019400, del rubro: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTIVAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. En consecuencia, al vulnerarse en perjuicio del quejoso su derecho a la pronta impartición de justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, realice lo siguiente: a) Desahogue dentro de los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral *******, y b) Hecho lo anterior, avance en dicho juicio natural, a la etapa procesal siguiente. Conviene puntualizar que esta sentencia solo podrá declararse cumplida, hasta que en el juicio laboral de origen no existan probanzas pendientes de desahogo y, como consecuencia de ello, se avance la etapa procesal siguiente, toda vez que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del juicio laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, materia común, página 732, del tenor siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. De ahí que resulte evidente que la presente concesión no se haga extensiva al dictado del laudo, pues a la fecha no ha sido cerrada la etapa de instrucción, por estar pruebas pendientes de llevar a cabo su desahogo, de manera que no sería en el caso, viable conceder respecto de los actos futuros que se pudieran dar dentro del procedimiento de origen, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil trece, tomo I, página 732, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en contra de la autoridad y acto reclamado precisados en el considerando segundo, para los efectos de la parte final del último considerando. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público adscrito. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Christian Ernesto Lara Gallegos579/2017
- Christian Fernando Velázquez Muñoz471/2022
- Christian Francisco Malpica González558/2019
- Christian Humberto Luna Hernández777/2023
- Christian Israel Cedillo González388/2023
- Christian Ivan Irena Puente843/2023
- Christian Nahúm Rodríguez Galeana1013/2017
- Christian Omar Ramírez Cervantes250/2019
- Christian Oziel Lara Calamaco y Otros.492/2023
- Christian Raúl Salgado García783/2019
- Christoper Steven Zhumi Dumaguala y Otros.1043/2022
- Christopher Isaiah Carlton692/2019